Los nombramientos que ultima el fiscal del Estado afectarán a la investigación de los principales casos de corrupción

El nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, nombrará tras la celebración del Consejo Fiscal que se celebra entre este miércoles y el jueves a los nuevos responsables de una treintena de plazas en la cúpula del Ministerio Público que afectan a departamentos de especial sensibilidad como son las fiscalías de Anticorrupción, de la Audiencia Nacional, Antidroga y las jefaturas superiores de Andalucía, País Vasco, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y La Rioja, además de plazas en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

De esta forma, Maza elegirá en estos dos días a los responsables últimos de las principales investigaciones que se desarrollan en España, ya que por ejemplo la Fiscalía Especial contra la Corrupción se encarga de las pesquisas en casos de gran trascendencia, como son Gürtel y sus piezas separadasGürtel, entre las que se encuentra la denominada papeles de Bárcenas, o la Púnica, por sólo incluir tres de las decenas de casos en marcha.

Y lo hará después de que la semana pasada Maza impusiera su criterio a las fiscales que investigan la PúnicaPúnica, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, para no acusar al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez (PP). Precisamente por ello, la Mesa del Congreso accedi´o este martes a citar de urgencia a José Manuel Maza, para que explique el criterio del Ministerio Público en casos de corrupción donde hay implicadas autoridades, una llamada que servirá para la oposición le pregunte por los casos que afectan al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y al expresidente riojano Pedro Sanz (PP).

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 9 de enero una orden del Ministerio de Justicia en la que daba diez días a los aspirantes a estos puestos para presentar sus solicitudes, que serán analizadas por el Consejo Fiscal este miércoles y el jueves, antes de que el nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, realice sus propuestas de designación al Consejo de Ministros.

Años de experiencia

La orden establece diferentes años de experiencia para presentarse a los diferentes puestos vacantes, que van desde los veinte años para los fiscales de Sala y las jefaturas de las fiscalías especiales, pasando por los 15 años de experiencia para los fiscales jefe en comunidades autónomas hasta los diez años que se exigen para ser fiscal jefe provincial.

Se han convocado, concretamente, las plazas de fiscal de Sala contra los delitos relativos a la Ordenación del Territorio y Protección del Patrimonio Histórico y el Medio Ambiente e Incendios Forestales y también las jefaturas en las fiscalías especiales de Seguridad Vial, Extranjería, Criminalidad Informática, Cooperación Penal Internacional, Tribunal Supremo -dos plazas--, Audiencia Nacional, Antidroga y en la fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

En este último puesto, clave en la lucha contra la corrupción política y de especial sensibilidad por la incidencia que la mayoría de las causas tienen en la actualidad política, se tiene que buscar sustituto a Antonio Salinas, quien dirigió este departamento durante 13 años, hasta el pasado mes de noviembre en el que se jubiló.

El fiscal del caso Bankia Francisco Luzón, que ha sido renovado como número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, es poco probable que pueda ser designado para este puesto, y se especula con que Maza busca perfiles entre fiscales fuera de esta fiscalía especial, como por ejemplo el polémico exfiscal superior de Madrid Miguel Moix.

Correos de Blesa

Este representante del Ministerio Público fue el que trató de que no se publicaran en los medios de comunicación, como por ejemplo hizo infoLibre, los conocidos como correos de Blesa, al asegurar que habían sido "ilícitamente obtenidos, cuya mera difusión, con independencia de que formen o no parte de un procedimiento, podría tener encaje penal". Sin embargo, la publicación de estos mensajes en la prensa ha permitido el inicio de al menos dos procedimientos contra la corrupción, como es el de las tarjetas black y el de las indemnizaciones y sobresueldos de la cúpula de Caja Madrid.

De hecho, Moix se convirtió en el principal antagonista del magistrado Elpidio Silva, que acabó expulsado de la carrera judicial tras decretar hasta en dos ocasiones el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

Otro de los nombres que suenan para sustituir a Antonio Salinas es el de la actual número dos de Anticorrupción, Belén Suárez Pantín. Precisamente, la teniente fiscal fue la que desautorizó, con un escrito de 12 líneas, la investigación realizada por las fiscales de la Púnica, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, al actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el marco de la Púnica. Además, y según fuentes jurídicas, fue la propia Belén Suárez la que impuso a los fiscales del caso Pujol que reclamaran prisión para el Oleguer Pujol, el hijo pequeño del expresidente catalán Jordi Pujol.

Otros de los casos que investigan los fiscales adscritos a Anticorrupción son además los ERE de Andalucía, Ausbanc-Manos Limpias, AVE, Bankia, las tarjetas black, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Banco de Valencia y sus piezas separadas, Pujol, Acuamed, Fórmula 1, Imelsa-Taula (Valencia),Mercasevilla, Palau, Pretoria, Novo Carthago, Brugal, Umbra y Palma Arena, entre otros.

Granados y Rato

En estos casos citados aparecen importantes excargos del Partido Popular, como por ejemplo el extesorero del PP Luis Bárcenas, el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, el expresidente valenciano Francisco Camps, exparlamentarios e incluso al exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato.

Pero en el PSOE también están imputados, e incluso procesados, altos cargos del partido, como por ejemplo los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, siendo este último también presidente federal.

De forma reciente, el fiscal de Anticorrupción Antonio Romeral pidió a la Audiencia Nacional la reapertura del caso Bárcenas o papeles de Bárcenas, para que pueda declarar el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa. 

Pero no sólo habrá un nuevo fiscal de Anticorrupción, sino que también podrían abandonar sus actuales puestos el fiscal superior del País Vasco, Juan Carlparsoro Damián: de Andalucía, Jesús García Calderón; de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez; y de la Región de Murcia, Manuel López Bernal. En el caso de este último, fuentes jurídicas apuntan a su posible sustición por el conservador José Francisco Sánchez Lucerga, que en la actualidad en teniente fiscal.

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Estos fiscales han destapado casos de corrupción como el conocido como De Miguel, contra varios excargos del PNV, entre ellos el número dos en Álava, Alfredo de Miguel, y otros dirigentes del partido nacionalista vasco; el caso Auditorio, en el que está imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el actual presidente de la Comunidad Pedro Antonio SánchezPedro Antonio Sánchez; y la subida de la luz en Andalucía. 

Otro de los puestos importantes será el de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que en la actualidad es Javier Zaragoza, y que ha cubierto dos mandatos tras sustituir en 2006 a Eduardo Fungairiño. De forma reciente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó rebrir el caso del 11-M tras conocer la existencia de un informe policial cuya elaboración fue ordenada por el comisario ya jubilado Eugenio Pino. Esta Fiscalía se encarga sobre todo de delitos de terrorismo, pero también de carácter económico como por ejemplo los casos Viajes Marsans, Neymar, Air Comet y Banca Cívica.

El fiscal general del Estado también tendrá que decidir si siguen o renueva a fiscales del Tribunal Constitucional, de Antidroga, de la Audiencia Nacional -3 nuevas plazas para este departamento-- y los fiscales jefe de las provincias Zamora, Lleida, Tarragona, Almería, Cádiz, Girona, Salamanca y Zaragoza.