La oposición ve insuficientes las explicaciones del fiscal general, que niega "seguidismo" al Gobierno

El fiscal general del Estado acudió este miércoles a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para hacer frente a sendas peticiones de comparecencia de PSOE y Ciudadanos. Los socialistas demandaron que José Manuel Mazarindiese cuentas de los criterios de su departamento "respecto a la persecución de delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos". La formación naranja pretendía, por su parte, que explicase cómo mantiene "los principios de legalidad, imparcialidad y defensa del interés público, para hacerlos compatibles con los de unidad de actuación y dependencia jerárquica". En la coctelera de temas a tratar estaba la actuación del Ministerio Fiscal en el caso que afecta al presidente de Murcia, el archivo de la investigación sobre el chalet del expresidente de La Rioja, las denunciadas presiones a miembros de la carrera fiscal en casos que afectan a cargos del PP y los últimos cambios en Fiscalía General del Estado. La "purga" de la que hablan las asociaciones profesionales y los partidos de la oposición.

En su primera intervención, José Manuel Maza no cumplió las expectativas de los grupos, que en la réplica le afearon el no haber entrado en materia. Tras escuchar a todos los partidos, el fiscal general del Estado sí se centró algo más en los temas concretos que estaban detrás de las peticiones de comparecencia de PSOE y Ciudadanos. El hilo conductor de su respuesta fue que a él, desde que llegó a la Fiscalía General del Estado, nadie le ha "impuesto nada". Ni en las investigaciones ni en los nombramientos. En definitiva, que no ha hecho "seguidismo" de los intereses del Gobierno del PP en los casos de corrupción que afectan a sus siglas.

Maza arrancó esta segunda fase de la comparecencia en la Comisión de Justicia dando cuentas del caso que disparó todas las alarmas de los partidos de la oposición: el que afecta al imputado Pedro Antonio Sánchez. El fiscal general admitió su intervención en este caso recordando el principio de dependencia jerárquica, pero negó presiones del Ministerio de Justicia para intentar salvar a este presidente autonómico al que el PP defiende de forma cerrada.

Hace dos semanas, después del que el juez Eloy Velasco dictase un auto en el que atribuía la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada a Pedro Antonio Sánchez, se conoció que su anuncio se produjo pese al desacuerdo del propio Maza y de la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, quienes se opusieron al informe suscrito por las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez. Las dos fiscales involucraban a Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero la Fiscalía General ordenó no acusar al presidente de Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por Belén Suárez pero no por las dos fiscales.

La reacción del ministro de Justicia fue la de calificar de "anómalo" que las fiscales se negaran a firmar el escrito favorable de la Fiscalía Anticorrupción. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", dijo. También señaló que "la negativa" de las fiscales a seguir la orden del fiscal general "generará algún tipo de actuación interna", algo que llevó a las tres asociaciones de fiscales a reprochar al ministro sus palabras.

"No tienen el don de la infalibilidad"

"Si yo quisiera obedecer una orden de alguien, ¿creen que iba a dar traslado a un equipo de eminentes juristas para que me llevase la contraria? ¿Para qué? ¿Para quedar desacreditado?”, se preguntó Maza. En este sentido, señaló que tras recibir la comunicación dio traslado de la misma a la Secretaría General Técnica de la Fiscalía y esta emitió un informe contrario a la opinión de las dos fiscales. "Ellas no tienen el don de la infalibilidad", defendió.

Acto seguido, añadió, ese informe es elevado "a los cuatro fiscales de sala", "de cuyo prestigio no se puede dudar". Y ellos coinciden en que no hay motivo para "elevar esa exposición razonada". "Yo coincido con esa opinión. Llegamos a ese punto y les damos la instrucción correspondiente", subrayó antes de añadir que así se le trasladó a las dos fiscales, que estas manifestaron que no lo compartían y que se les planteó hacer uso del artículo 27 del Estatuto Fiscal. Es este el que refleja las diferentes opciones que pueden ponerse sobre la mesa en caso de discrepancias.

Por otra parte, se desvinculó de la posible filtración de las conclusiones del caso al afectado. Y supuso que pudo enterarse por una nota de prensa del día anterior. "Yo tengo el compromiso de evitar filtraciones. Nada tiene que ver conmigo", dijo. Entre los posibles métodos citó el rastreo informático de documentos.

Sobre el caso que afecta al chalé del vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, aseguró que, al contrario que en Murcia, él no dio ninguna instrucción a sus compañeros de La Rioja.

El diario El Mundo informó de que la Fiscalía General había intervenido en la investigación del chalé del expresidente de La Rioja y que la causa por presunta prevaricación urbanística fue archivada el pasado enero al considerar el fiscal del caso que no había indicios suficientes para ordenar la investigación penal.

A lo largo de su intervención, Maza lanzó algunos dardos contra las informaciones publicadas por los medios de comunicación en las últimas semanas. "Mañana la prensa dirá lo que quiera. Muchos van a tener problemas para vender titulares", llegó a decir.

"He tenido la ocasión y el padecimiento de leer informaciones que no se ajustan ni a la realidad ni a las leyes ni a la normalidad del funcionamiento de Fiscalía", se quejó.

La motivación de los cambios

Sobre la reciente renovación de 35 fiscales que ha afectado a los titulares de Anticorrupción y la Audiencia Nacional negó que se trate de "una gran purga" y ha destacó que vienen motivados porque el departamento, con su llegada, necesita "un impulso nuevo".

"Estoy seguro de que los que he elegido van a ser igual de buenos", sostuvo. Y sobre las presiones sostuvo que, a su juicio, se "malinterpretó" al fiscal saliente de Murcia cuando concedió la entrevista a la cadena Ser. Porque "rápidamente se pensó en que las presiones las daba la Fiscalía o el Gobierno".

Sí indicó que dos miembros de Anticorrupción, a los que no citó, han pedido amparo por amenazas de una organización relacionado con el narcotráfico, en el primer caso, y de una trama relacionada con la policía de una localidad, en el segundo. "La Fiscalía protegerá todo lo que pueda a todos los fiscales", añadió.

Las "dudas" de la oposición, sin resolver

La oposición, por su parte, no se dio por satisfecha. "Se ha quedado corto", le dijo el portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, incidiendo en que el fiscal "no ha disipado las sospechas" que se ciernen sobre su actuación.

"Cuando hay oportunidad de disipar dudas y no se despejan, las dudas se acrecientan", subrayó, por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, exhibió su "preocupación" por que el fiscal general no hubiese aclarado si hubo o no "injerencias" por parte del Gobierno, en concreto, del ministro Rafael Catalá en el Poder Judicial.

"Que el Gobierno no confunda estar al servicio de los ciudadanos con estar al servicio de sí mismo. Contra la trama del canapé y su intento de omertá, trama del canapé omertánosotras exigimos verdad justicia reparación y no repetición", añadió.

Los independentistas catalanes de ERC y PDeCAT también mostraron su disconformidad con las explicaciones del fiscal general del Estado, a quien echaron en cara que no haya hecho mención alguna sobre las cuestiones que afectan a Cataluña, informa Europa Press.

Desde el PNV su portavoz en Justicia, Mikel Legarda, sí destacó de la comparecencia "un mayor acercamiento" en el segundo turno de palabra a las cuestiones por las que había sido citado.

No obstante, también puso de manifiesto que su "cercanía institucional" con el Gobierno generan percepciones que "luego no son desmentidas". "El halo de duda difuso no ha quedado solventado", zanjó.

Silencio en la intervención inicial

Horas antes, el fiscal general del Estado se había limitado a hacer un repaso de lo que exige la Constitución y el Estatuto Fiscal para el colectivo al que representa sin entrar en casos concretos. En su intervención inicial evitó entrar en las sospechas sobre la actuación de la Fiscalía en los episodios que afectan a destacados dirigentes del Partido Popular, como el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, o el expresidente de La Rioja y vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz. Ya había avisado: por cuestiones de respeto a los derechos fundamentales de las personas investigadas o afectadas no iba a entrar a ello. Fue el mismo argumento con el que cerró la comparecencia después de escuchar que los portavoces, salvo la representante del PP, habían echado en falta más explicaciones.

Así, los grupos no pudieron escuchar en este primer turno si Pedro Antonio Sánchez gozó de información privilegiada sobre los casos de corrupción que le afectan -Púnica y Auditorio-, si conocía las presiones denunciadas por el fiscal de Murcia que tenía encomendado ese caso o qué criterios siguió en los nombramientos de la cúpula fiscal.

"La Fiscalía General del Estado considera la lucha contra la corrupción el eje central [...] y actúa de forma decidida en la investigación de los casos que llegan a su conocimiento sin atender a la condición ideológica de la persona investigada", subrayó.

Anteriormente, había señalado que "el fiscal se debe a la Ley. Solo a la Ley. Y debe actuar siempre y en todo caso en el marco del ordenamiento jurídico". Y defendió la "independencia" del Ministerio Fiscal, "la imposibilidad de que éste se deje influir por elementos externos o extraños".

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Maza lleva pocos meses en el cargo. Fue el pasado noviembre cuando se conoció que Consuelo Madrigal no iba a ser renovada y que Mariano Rajoy había optado por dejar en manos de este juez conservador la renovación de la Fiscalía. En sectores judiciales, Maza era considerado "más cómodo" para el Ejecutivo que la propia Consuelo Madrigal y su antecesor, Eduardo Torres-Dulce.

Precisamente a unos de sus antecesores en el cargo, Cándido Conde-Pumpido, citó Maza como responsable de que, desde 2005, el fiscal general tenga que revisar las causas que afectan a aforados. "El fiscal general puede dar una orden para no ejercitar la acción penal, renunciar a esto es una dejación de funciones", defendió. Y fue más allá: "El fiscal general del Estado debe adoptar una posición sobre la actuación de la fiscalía. Y no tiene que ser coincidente", señaló.

Esta mención venía a hacer alusión, de forma indirecta, a las divisiones en la cúpula fiscal en la parte del caso Púnica que afecta al presidente del Murcia.