Anticorrupción pide a una jueza que investigue el patrimonio de un cabecilla de la 'Púnica' por un pelotazo de 1,6 millones

El fiscal delegado de Anticorrupción en la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, ha reclamado a la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Miriam Marín, que encargue a la Agencia Tributaria una investigación sobre el patrimonio del exalcalde socialista de Cartagena y exdiputado en el Congreso José Antonio Alonso Conesa, considerado por el magistrado que instruye el caso Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, como una de las personas que estaba "a la cabeza del entramado de tráfico de influencias" liderado por el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados.

En un escrito de 27 de febrero pasado, al que ha tenido acceso infoLibre, el representante del Ministerio Público se opone el sobreseimiento del denominado caso Novo Carthago, y recuerda a a la jueza Marín "que prácticamente está agotada la instrucción judicial, faltando sólo el pronunciamiento sobre la investigación solicitada por la Fiscalía sobre las sociedades de José Antonio Alonso Conesa", una petición que ya fue realizada por el propio fiscal en junio de 2016.

La Fiscalía de Murcia acordó en diciembre de 2006 abrir de oficio diligencias por la construcción de la urbanización Novo Carthago, que incluía 10.000 viviendas y un campo de golf en una zona protegida. El proyecto fue presentado en 2003 por el Gobierno presidido por Ramón Luis Valcárcel antes incluso de la recalificación de los terrenos.

"Se han acreditado pagos directos de comisiones de intermediación al exalcalde de Cartagena por el PSOE por un total de 1.629.801 euros, pero también al exconcejal de Turismo del PP hasta 1999 Juan Martínez García (745.208 euros), con buenas relaciones con el Ayuntamiento de Cartagena", explica el fiscal, que hace referencia a la amistad entre el propio Alonso Conesa y la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP Pilar Barreiro, que junto a la Comunidad de Murcia fueron los que aprobaron la recalificación de los terrenos:

El propio exalcalde del PSOE Cartagena confirmó a este diario que el día que fue arrestado por orden del juez Eloy Velasco tenía en el bolsillo de su chaqueta la tarjeta de peajes asignada por el Congreso de los Diputados a la exparlamentaria y entonces alcaldesa del PP en Cartagena Pilar Barreiro.

"Somos amigos"

“Hemos dicho en público que somos amigos [él y Pilar Barreiro], y es verdad que tenemos que pagar el peaje de que siendo amigos yo haya sido alcalde y ella la alcaldesa actual, y habiéndome ganado ella las elecciones y habiendo sido del PSOE y ella del PP. Bueno, tengo derecho a tener mis amigos siendo del PSOE, del PP o de Podemos, aunque de Podemos tengo pocos, aunque alguno sí”, manifestó en mayo de 2015 Alonso Conesa. Barreiro ya no es alcaldesa, pero sí senadora del PP.

Según el escrito del fiscal, Alonso Conesa cobró comisiones de los vendedores originales de los terrenos en los que se iba a construir la urbanización Novo Carthago, de los intermediarios, y también de la empresa promotora, que era Hansa Urbana, la división inmobiliaria de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM): "Se tuvo que recurrir a dos exconcejales del Ayuntamiento de Cartagena para tal fin. Y fijada la venta a [la promotora de la CAM] Hansa Urbana, se procedió a un nuevo reparto de las comisiones de intermediación", completa el documento.

"Igualmente llamativo es que los verdaderos intermediarios con honorarios pactados de los vendedores de las fincas tengan que recurrir a su vez a otros intermediarios (José Antonio Alonso Conesa y Juan Martínez), abonando importantes pagos, participando estos en sociedades con los compradores e intermediarios, así como pagos de la propia compradora Hansa Urbana en el caso de Alonso Conesa, cuyo contrato de mediación no consta", resalta el fiscal, que sostiene que los abonos coinciden con los hitos administrativos de la recalificación de los terrenos.

Supuestos intermediarios

Por ello, Juan Pablo Lozano solicita a la magistrada que pida a la Agencia Tributaria toda la documentación sobre "las mercantiles en las que conste participación societaria de José Antonio Alonso Conesa, Agustín Alonso Conesa [hermano del anterior] y [el exconcejal del PP] Juan Martínez García o de cualquiera de sus empresas participadas, como supuestos intermediarios que consiguieron una decisión favorable respecto a los terrenos de La Finca Miramar y Derramadores, a fin de conocer los ingresos-ventas y las compras-pagos por las que pudieran estar percibiendo ingresos y derivándolos como compras relacionados con esta operación en Novo Carthago", especifica el documento de 2016.

La intermediación del presunto cabecilla de la Púnica se llevó a cabo con dos fincas incluidas en un espacio natural protegido, "pese a que ya existían nombrados gestores para su venta y hasta una opción de compra de dicha finca", recuerda el fiscal, que concluye: "Esa contratación no obedece al mero ejercicio de la legítima actuación de intermediario, sino que sólo intermediaron en la finca cuya reclasificación en principio se antojaba imposible por su elevado grado de protección".

El proyecto Novo Carthago, por el que están investigados entre otros los exconsejeros del Gobierno de Murcia Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana, pero también una de las hijas y un yerno del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, fue publicitado como una iniciativa empresarial que incluía una inversión de más de mil millones de euros para construir unas 10.000 viviendas para 35.0000 habitantes e iba a crear 8.000 puestos de trabajo. 

 

Pilar Barreiro, Ramón Luis Valcárcel, Javier Guillamón (CAM) y Rafael Galea (Hansa Urbana) durante la presentación del proyecto de Novo Carthago.

Pero, según destaca el fiscal en su escrito de febrero, esta inversión trataba de urbanizar "la última ventana al Mar Menor", que además estaba protegida por la Unión Europea. Sin embargo, el 12 de junio de 2003, antes de que se recalificara el terreno, el propio presidente murciano Ramón Luis Valcárcel asistió a la presentación pública de la promoción, acto en el que coincidió con varios de los ahora imputados y la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, "pese a que debían conocer que una parte del proyecto podría ser inviable al afectar a un espacio natural, y cuya obligación era proteger en aras del interés general evitando la especulación urbanística".

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Por su parte, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cree "acreditado" que José Antonio Alonso Conesa se concertó "con diversas autoridades en la Región de Murcia Murcia, León y la Comunidad de Madrid Madrid para la adjudicación de contratos públicos", siendo uno de ellos el entonces consejero de Educación y expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez (PP).

Hace dos semanas Velasco envió al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM)) una exposición razonada en el que reclama la imputación del propio Sánchez por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.