Querella contra Aguirre por encubrimiento

Izquierda Unida, Equo, Ecologistas en Acción y varios colectivos –Los Verdes, Paz con Dignidad, Attac Madrid, Asociación Anticapitalistas, Fravm y el Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde de Chamberí– han presentado este miércoles una querella criminal ante el juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exconcejal del Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre; el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros; y el exministro Eduardo Zaplana, entre otros. Se suman de esta manera a la causa abierta en el marco de la operación Lezo.

En el escrito, facilitado a los medios de comunicación, acusan a la también expresidenta del PP de Madrid –entre 2004 y 2016–, y a la cúpula de la formación conservadora, de "maniobrar" para encubrir "los delitos cometidos" por el expresidente Ignacio González y "sus criminales cooperadores". "Existen evidentes elementos de que esta labor de encubrimiento ha podido ser cometida por Esperanza Aguirre Gil de Biedma además de por los señores Álvaro Lapuerta –tesorero del PP entre 1990 y 2008–, Luis Bárcenas –gerente en el mismo periodo de tiempo y tesorero entre 2008 y 2012– o Eduardo Zaplana", recoge la querella, presentada por vía telemática.

El texto judicial acusa a los mencionados de haber puesto "los medios necesarios" para evitar que el escándalo que rodeaba a Ignacio González, y que ha terminado con el expresidente madrileño entre rejas, "aflorase a la opinión pública y de ello tuvieran conocimiento las autoridades judiciales". Con su actuación, continúa, se ha facilitado "durante estos últimos meses" que se "haya podido ocultar la documentación y diversas pruebas, así como diversas cantidades de dinero B obtenidas por la trama".

En este sentido, afirman que "existe constancia" de que tanto Lapuerta como Bárcenas tenían conocimiento, desde 2007, del supuesto pago de una comisión de 1,4 millones de euros de OHL a González por la adjudicación del tren que iba a unir Móstoles Central y Navalcarnero. Una información que también tenía el ex alcalde de Leganés Jesús Gómez y que había puesto en conocimiento de varios dirigentes del PP, tanto regional como nacional, según ha afirmado este miércoles en una entrevista en el diario El Mundo. 

"Sin que por su parte o del propio partido se diese cuenta a las autoridades judiciales dadas la gravedad de los hechos", recoge la querella. Como tampoco consta, continúa el escrito, que Aguirre pusiera "en manos de la justicia información o documentación" sobre las actividades "ilícitas" llevadas a cabo por "su mano derecha" a pesar de que existen "indicios" de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid "tenía supuestamente pleno conocimiento" de la información manejada por Lapuerta, Bárcenas y Gómez sobre González "y la organización criminal que él encabezaba".

"Así como fue informada por terceras personas de otras actividades ilícitas llevadas a cabo por la trama criminal que encabezaba su secretario general al tiempo que era presidenta del PP de Madrid", prosigue. Por todo ello, los querellantes consideran que existen "sobrados elementos indiciarios" para que Aguirre comparezca en sede judicial como investigada "para responder sobre su participación, dada su omisión, en principio consciente, para denunciar las actividades ilícitas".

Revelación de secretos

Izquierda Unida, Equo y el resto de colectivos también incluyen en la querella al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, al que acusan de un delito de revelación de secretos. Su nombre ha sido incluido después de que el pasado domingo se revelara que Pablo González, hermano del expresidente madrileño y otro de los detenidos y encarcelados en el marco de la operación Lezo, se había reunido el 8 de marzo con el número dos del Ministerio del Interior al sospechar que estaban siendo investigados.

Una reunión en la que, según la cartera dirigida por Juan Ignacio Zoido, "no hubo ni una sola referencia a Ignacio González ni a ningún tipo de investigación". Sin embargo, los querellantes consideran que podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos y señalan el "relevante daño para la causa pública" que genera "divulgar una información de esa índole" dado que se trata de "obstaculizar, entorpecer o bloquear" la investigación policial de un delito, "menoscabando así la prestación de un servicio público de suma importancia para el bien de la comunidad". 

En esta línea, también muestran en el escrito judicial su preocupación por el supuesto 'soplo' que salió de "una magistrada amiga de la casa", tal y como, según publicó El Español, se recoge en una de las conversaciones entre Ignacio González y Eduardo Zaplana intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "El comunicar a una persona, que sabe de su implicación en operaciones de investigación de blanqueo de capitales y otros delitos muy graves, sí ocasiona un perjuicio a la causa pública ya que permite adoptar al implicado precauciones más intensas y eficaces", sostiene el escrito presentado ante la Audiencia Nacional.

Villar Mir y el PP de Madrid

Sin embargo, Aguirre, Zaplana, Lapuerta, Bárcenas y Nieto Ballesteros no son los únicos querellados. IU, Equo y el resto de colectivos también han puesto el foco sobre ocho nombres más: Ignacio González; su hermano Pablo; el expresidente de Inassa Edmundo Fernández Sobrino; el gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel; el exdirector de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás; el presidente de La Razón Mauricio Casals; el exconsejero de OHL Javier López Madrid, y el presidente de la compañía, Juan Manuel Villar Mir, sobre quien el juez Eloy Velasco ya ha pedido información. 

La Fiscalía incluye a Aguirre en la "red de decisión" para financiar irregularmente al PP

Ver más

En relación con la constructora, que recuerdan que "dicha empresa y su presidente ya aparecen en los manuscritos atribuidos a Bárcenas como financiadores del PP", los querellantes creen que existen "indicios más que suficientes" de que "los pagos efectuados por las empresas a la trama criminal y/o al PP son el fruto de conversaciones previas entre empresa y dirigentes del partido o las instituciones públicas controladas por él, en las que las partes se concertaron para perfeccionar el delito de tal forma que el pago era la contrapartida a que desde el poder político se realizasen concesiones a las empresas financiadoras".

A lo largo de las 84 páginas de querella, se argumenta la posible comisión de un total de 13 delitos: organización criminal; malversación de caudales públicos; alteración de precio en concursos y subastas públicas; receptación y blanqueo de capitales; cohecho; apropiación indebida; prevaricación; tráfico de influencias; delitos contra la Hacienda pública; fraude y exacciones ilegales; encubrimiento; falsedad y apropiación indebida de fondos electorales; y revelación de secretos.

De todos ellos, "fácilmente se pueden imputar" al PP de Madrid, contra el que también se querellan, "cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de un delito electoral". "A la par, este modo de actuar por parte del PP de Madrid debe ser puesto en conexión con los delitos de organización criminal, de la que se habría beneficiado, y del delito de encubrimiento", señala la querella.