Tratado de Libre Comercio
El Congreso encarga a sus letrados un informe sobre la constitucionalidad del CETA
La Mesa del Congreso ha encargado un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre la constitucionalidad del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA, ante la pretensión de Podemos de que la institución plantee una solicitud de control previo ante el Tribunal Constitucional para que determine si este texto contraviene o no la Carta Magna, informa Europa Press.
Unidos Podemos solicitó a principios de abril que se paralizara la tramitación de este tratado hasta que se pronunciase el Alto Tribunal, una petición que analizó este viernes el órgano de gobierno de la Cámara.
La petición de Podemos se basa en el artículo 95 de la Constitución que establece que la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional y que la pueden solicitar el Gobierno, el Congreso o el Senado.
Sin embargo, según detallaron a Europa Press fuentes parlamentarias, en lugar de tramitar la petición de Podemos y remitirla a la Junta de Portavoces para incluir su debate en el orden del día del Pleno del Congreso, PP, PSOE y Ciudadanos, que suman mayoría en la Mesa, decidieron que sean los letrados de la Cámara los que analicen si existen pegas de inconstitucionalidad en el CETA.
Seguridad jurídica
La preocupación de Unidos Podemos pasa por principios relacionados con la seguridad jurídica, las garantías procesales y el hecho de que el tratado, en palabras de su portavoz, Irene Montero, "privilegie los derechos de las grandes empresas multinacionales dejando indefensos a los ciudadanos".
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"Queremos que sea el Tribunal Constitucional el que se pronuncie antes de que ese tratado se apruebe, si es que se aprueba en este Parlamento, sobre si afecta o no a los derechos constitucionales de los españoles", explicó Montero.
Este tratado fue ratificado por el Parlamento Europeo el pasado mes de febrero, lo que dio luz verde a su entrada en vigor de forma provisional. En todo caso, esta no será definitiva hasta que los parlamentos nacionales y regiones competentes –casi 40 cámaras– ratifiquen el acuerdo.
El pasado 24 de marzo, el Consejo de Ministros acordó su remisión al Congreso y la Mesa de la Cámara lo remitió a la Comisión de Asuntos Exteriores y abrió un plazo para la presentación de enmiendas al mismo que finaliza este viernes.
