UGT pide que el Gobierno asuma responsabilidades por la sentencia del Constitucional

UGT pide que el Gobierno asuma "responsabilidades" tras el fallo del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucional de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP en el año 2012, ya que "no puede pasar por la vida política sin consecuencias".

En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato pide que el Ejecutivo de Mariano Rajoy asuma responsabilidades tras la sentencia que incluye argumentos "tan graves" sobre la amnistía fiscal como que "supuso la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos".

"No puede pasar por la vida política sin consecuencias. El Gobierno debe asumir responsabilidades", señala el sindicato, que recuerda que el Ejecutivo adoptó de forma "libre y consciente" la decisión de aprobar la amnistía, "una opción política voluntaria que dejo traslucir de forma meridiana su planteamiento ideológico en materia tributaria, que es profundamente regresivo, a pesar de advertencias como las de la propia UGT, a la que el TC da ahora la razón".

En esta línea, UGT añade que el Gobierno denominó eufemísticamente a esta amnistía fiscal como Programa especial de regulación de activos ocultos para permitir a aquellos que declarasen rentas que hubieran estado ocultando a Hacienda "blanquearan su situación sin pena ni castigo alguno, con el único peaje de pagar un 10% de los valores o de los saldos aflorados (un 8% si se trataba de rentas procedentes de paraísos fiscales)".

Para UGT fue una iniciativa "profundamente injusta, que genera agravios comparativos porque se da ventajas a los defraudadores en perjuicio de los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones fiscales", a lo que se suma que el mensaje a los contribuyentes "honrados" y al conjunto de los ciudadanos es "nefasto" y "asesta un duro golpe a la conciencia tributaria colectiva".

Además, indica que la amnistía fiscal fue una "irresponsabilidad" en un país en el que –según los últimos datos del CIS– el 87% de la población ya cree que los impuestos no se cobran con justicia, el 67% piensa que existe mucho fraude y otro 28% que existe bastante fraude, al tiempo que el 44% considera que la Administración hace pocos esfuerzos para luchar contra el fraude.

"No puede caer en saco roto"

"Las políticas fiscales de este Gobierno han estado orientadas a proteger a las élites y a los poderosos, ya que junto a los regalos fiscales que se han dado a los defraudadores se han aumentado los impuestos a los trabajadores y trabajadoras y a los consumidores, al tiempo que se acometían fuertes recortes en derechos laborales, políticas sociales, y servicios públicos", añade.

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Por ello, reitera que la sentencia del Tribunal Constitucional "no puede caer en saco roto y debe producir consecuencias", y considera que es el momento de tomar decisiones encaminadas a fortalecer los entes públicos que tienen encomendadas las funciones de investigar y atajar el fraude fiscal, dotándolos de recursos humanos, técnicos y económicos que les permitan llevar a cabo su cometido de manera eficaz.

"Lamentamos que los cinco años transcurridos desde la aprobación de la amnistía fiscal hasta que el Tribunal Constitucional ha determinado su inconstitucionalidad haya permitido la prescripción de los delitos fiscales que podrían haberse perseguido", concluye el comunicado.