El Estado mantiene a las diputaciones provinciales al aportar el 68% de sus ingresos

Las 38 diputaciones provinciales existentes en España tuvieron en 2015 unos ingresos de 5.789 millones de euros, una medida de 165 millones de euros cada una. De esa cantidad, el 68% procede de las transferencias que les hace el Estado. El porcentaje es significativo si se compara con las aportaciones estatales que reciben los ayuntamientos y que representan el 30% de sus ingresos. Sólo las comarcas –de las que hay 75 en España– reciben más dinero de los Presupuestos Generales del Estado, el 76%. Las cifras proceden del último informe de fiscalización de las entidades locales elaborado por el Tribunal de Cuentas, que pone de relieve “la fuerte dependencia” que mantienen estas instituciones de los ingresos transferidos por otras administraciones públicas”.

La desaparición de las diputaciones provinciales es una antigua cuestión polémica a la que se opone el PP pero reclama intermitentemente el resto de los partidos de la oposición. El PSOE la incluyó en su pacto poselectoral con Ciudadanos, pese a la oposición de algunos dirigentes socialistas –gobiernan en 18 diputaciones–. Sin embargo, la supresión de estas entidades supramunicipales, que unos consideran obsoletas y otros defienden por los servicios que prestan a los ayuntamientos– se cayó del pacto que el partido de Albert Rivera firmó después con el PP.

Los ayuntamientos, en cambio, consiguen la mayor parte de su financiación de los impuestos, un 55%, lo que les permitió ingresar 21.036 millones de euros en 2015, el ejercicio que ha fiscalizado el Tribunal de Cuentas. De media, los 7.599 ayuntamientos españoles gestionaron ese año un total de seis millones de euros en ingresos. Naturalmente, la cifra varía mucho dependiendo de la población de cada municipio: Barcelona y Madrid, con 1,6 millones y 3,1 millones de habitantes, respectivamente, ingresaron 3.857 millones de euros –unos 1.625 euros por habitante–, mientras que los más pequeños, los que no llegan a 1.000 habitantes, gestionaron una media de sólo 0,39 millones.

De la cantidad que los municipios consiguen cobrando impuestos a los ciudadanos, la mitad corresponde al Impuesto sobre Bienes InmueblesImpuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), 10.603 millones en 2015.

Por lo que se refiere al capítulo de gastos, las diputaciones los aumentaron en un 10%, mientras que los ayuntamientos los redujeron en un 2%. De hecho, los más ahorradores fueron Madrid y Barcelona, que recortaron ese capítulo en un 14%. Entre los gastos, los de personal constituyen la principal partida para los organismos provinciales: 1.349 millones de euros, el 23,2%, mientras que para los ayuntamientos es superior, asciende al 31%. Además, a inversiones reales, los organismos provinciales destinaron el 25% de su presupuesto, por sólo el 11% de los ayuntamientos, una media de 107 euros por habitante.

Según el análisis realizado por el Tribunal de Cuentas, el conjunto de las entidades locales redujo un 6% su deuda en 2015. Las diputaciones provinciales la han recortado muy por encima de esa media, hasta un 17%, pero aún deben 2.292,6 millones de euros.

El 33% de las empresas públicas locales, en pérdidas

El informe del órgano fiscalizador también analiza las cuentas de las empresas públicas y fundaciones dependientes de las entidades locales. Su número es de 2.872, de las cuales el 32% son organismos autónomos, el 47% sociedades mercantiles, el 11% consorcios, un 8% son instituciones sin ánimo de lucro y el 2% restante entidades públicas empresariales. Andalucía y Cataluña son las comunidades que más entidades de este tipo poseen, acumulando el 51%. Las diputaciones provinciales son las responsables de un 12% de este sector público empresarial local.

El 23% de estas sociedades y consorcios se dedican a actividades relacionadas con la construcción y sólo el 9% al suministro de agua y el saneamiento. No obstante, se da el caso de que las mancomunidades –de las que existen 874– realizan la mayor parte de su actividad a través de estas sociedades mercantiles, destaca el Tribunal de Cuentas: su gasto corriente equivale al 326% de su entidad matriz.

El informe también revela un dato preocupante sobre las empresas públicas locales. El 33%, un total de 278, registraron pérdidas en 2015. A su vez, el 60% de éstas ya se encontraba en números rojos el año anterior. Y entre las sociedades mercantiles dependientes de las diputaciones el porcentaje de ellas con resultados negativos es aún mayor, el 46%. Además, otras 101 sociedades y empresas públicas locales, un 12%, se hallaban en causa de disolución – su patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social–. De ellas, sólo una depende de una diputación.

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El Tribunal de Cuentas ha analizado los presupuestos del 73% de las entidades locales existentes en España, que suman 11.629 entre ayuntamientos, diputaciones provinciales, mancomunidades de municipios, cabildos y consejos insulares, comarcas, áreas metropolitanas, agrupaciones de municipios y entidades de ámbito inferior al municipio. Sólo el 70% de ellas remitieron sus cuentas de 2015 al órgano fiscalizador en plazo. Un 22% de los ayuntamientos incumplieron esta obligación también a 31 de diciembre de 2016, al igual que tres de las diputaciones: las de Córdoba, Cuenca y Cádiz. Aunque las dos primeras enviaron sus números antes del 25 de julio de este año.

La comunidad más incumplidora con el Tribunal de Cuentas es Andalucía, con gran diferencia sobre el resto. De hecho, sólo el 34% de las entidades locales andaluzas envió sus números, mientras que en la segunda de la lista de desobedientes, Castilla-La Mancha, el 62% ejecutó su deber legal. Entre los ayuntamientos incumplidores figuran Córdoba, Huelva, Jerez de la Frontera, Marbella, Cádiz, Algeciras y Jaén. Pero también los de Palma, Leganés (Madrid), Albacete y Badajoz.

Tampoco son muy diligentes las entidades locales a la hora de enviar al Tribunal de Cuentas, como es preceptivo, la relación de los contratos que firman. Sólo el 60% lo hicieron en plazo. Después, y previa solicitud del órgano fiscalizador, cumplió hasta el 93,3%. Los ayuntamientos que no envíen sus cuentas se exponen a no recibir subvenciones estatales e incluso el Ministerio de Hacienda puede retenerles los importes que les corresponden de los impuestos estatales.