Cajas B: un denominador común en las tramas del PP más allá de cualquier careo

El impacto mediático de la petición formulada el 26 de julio, y denegada definitivamente esta semana, para que el tribunal de Gürtelsometiese a careo a Mariano Rajoy y Luis Bárcenas dadas sus contradicciones sobre si el PP pagó o no sobresueldos opacos ha eclipsado un hecho relevante: que el funcionamiento de un circuito contable paralelo ya ha sido admitido en Baleares –primero por un proveedor del Govern y del PP ahora también investigado en Madrid, y luego por el exgerente regional del partido– así como en Valencia por nueve empresarios, todos ellos grandes adjudicatarios de contratos públicos de la Generalitat y financiadores electorales del PP.

En Madrid, la poderosísima organización territorial que durante una década gobernó Esperanza Aguirre con mano de hierro, otros papeles por completo ajenos a Bárcenas –los de Francisco Granados y los del exgerente regional del PP– apuntan en la misma dirección: la de que la formación conservadora manejó durante años fondos ajenos a los canales establecidos para la financiación electoral y, por utilizar un término en boga, acudió a los comicios "dopado".

¿A cuánto ascendió el dopaje? No se sabe. Y la magnitud de las cifras del supuesto trucaje oscilan con la virulencia de un sismógrafo. En Baleares, el exgerente del PP durante la etapa de Jaume Matas –Fernando Areal, su cuñado– aceptó en octubre de 2015 una condena de año y medio de cárcel previa confesión de que encargó a una empresa de publicidad, Nimbus, encartar publicidad de la campaña autonómica de 2007 con 80.000 euros en negro de origen desconocido, aunque los investigadores siempre han sospechado que la cifra de dinero opaco empleada fue muy superior.

En Valencia, en cambio, la aguja del sismógrafo se dispara: los nueve empresarios que en febrero de este año admitieron por escrito ante la Fiscalía Anticorrupción haber pagado actos del PP mediante facturas falsas endosadas por Orange Market, la filial levantina de Gürtel, aportaron con esa fórmula 1,2 millones a los campañas electorales del partido en 2007 y 2008.

También en Valencia, el juez de la Operación Taula, la que destapó cómo el grupo municipal del PP se había valido de una cuenta bancaria opaca, recibió en diciembre documentos según los cuales el partido firmó para las elecciones de 2007 un contrato de campaña por 150.000 euros pero gastó en realidad tres millones de procedencia aparentemente irregular. Y en Madrid, la UCO calcula que el "exceso de gasto" en las campañas electorales de 2007 a 2011 alcanzó nada más y nada menos que los cinco millones de euros. La supuesta utilización de empresas a las que el Gobierno autonómico había encargado campañas de publicidad "institucional" y la facturación de actos a través de la oscura fundación Fundescam, cuya investigación dejó de lado Anticorrupción en 2010 bajo el argumento de que los eventuales delitos de 2003 y 2004 habían prescrito, se van perfilando ahora como las dos grandes vías de financiación paralela. 

Así que lejos de afianzarse como una especie de quimera tejida durante 20 años por Luis Bárcenas a base de anotaciones manuscritas falsas, el concepto de caja B y de financiación opaca –la financiación ilegal como delito con entidad propia no quedó tipificada hasta 2015– aparece hoy como el denominador común en las distintas tramas de corrupción que afectan al partido del Gobierno. El propio Bárcenas lo resumió el 10 de abril de 2014 cuando en una de sus declaraciones ante el juez Pablo Ruz explicó el asunto con estas palabras: "Suponíamos que en todos los sitios tenían. Ni supervisábamos ni queríamos saber". En resumen, la caja B no era una solitaria mina colocada por Bárcenas bajo los cimientos de Génova 13 para dañar al partido sino una bomba de racimo que ha ido explotando por fases allá donde la UCO o la UDEF han analizado papeles y pendrives vinculados al PP.

En el auto por el que dio por concluida la investigación sobre la pieza de los papeles de Bárcenas, hoy reabierta tras la declaración judicial de Francisco Correa sobre supuestas comisiones del 3%, Ruz consideró acreditada la veracidad de la caja B. Pero la realidad parece haber ido más lejos en línea con lo que Bárcenas dijo aquel 10 de abril de 2014, cuando todavía no había optado por la estrategia del silencio. Lo que, siempre según el Bárcenas de entonces, suponían en la sede central de Génova que tenían "todas las provincias y regiones" era una caja B propia para sus gastos. ¿Se nutrían siempre esas cajas B con aportaciones de empresarios interesados en agradecer contratos públicos o en abonar el terreno para que esos contratos llamaran a su puerta? Hasta la fecha no hay ningún indicio de que la mecánica de captación de fondos se rigiese por un manual de instrucciones pautado. Pero es a la existencia de esa pauta a lo que apunta lo sucedido en Baleares y Valencia. Y es también eso lo que dibujan las pesquisas sobre financiación del PP de Madrid abiertas en los casos Púnica y Lezo

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Con Púnica enlaza justamente la primera confesión de Baleares. La hizo un empresario de publicidad, Daniel Mercado, que en noviembre de 2012 admitió ante el entonces fiscal anticorrupción Pedro Horrach y ratificó luego ante el juez José Castro dos cosas: que su empresa Over Marketing y otras tres igualmente de su propiedad habían recibido contratos públicos amañados en distintas comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Baleares; y que había hecho "actos gratis" para el partido.

¿Y qué ganaban los cargos públicos que le otorgaban esos contratos amañados? "Quizá el beneficio que pudieran obtener” era que “no les facturasen las totalidades" de las campañas electorales. Esa fue su respuesta. Pendiente de un juicio que comenzará en Palma en febrero, Mercado está siendo ahora investigado en Madrid dentro de la Operación Púnica. Proveedor electoral del PP, solo los contratos otorgados por la Comunidad de Madrid, sin tener en cuenta los adjudicados por ayuntamientos del PP o por las concesionarias de hospitales privatizados, reportaron a Over Marketing y sus empresas satélite casi 10 millones.