España seguirá bajo el escrutinio de los 'hombres de negro' años después de cumplir con el objetivo de déficit

El ministro de Economía, Luis de Guindos, da por sentado que España saldrá de la vigilancia de Bruselas con el nuevo año porque cumplirá con el objetivo de déficit público que se le ha marcado: el 3,1% del PIB al término del ejercicio. Para salir del procedimiento de déficit excesivo, que puso la economía nacional bajo la lupa europea en 2009, España debe dejar su desajuste presupuestario por debajo del 3%, lo que podría ocurrir en la primavera de 2018.

Pero las declaraciones de Guindos sobre una España liberada del “brazo correctivo de Bruselas” son sólo una verdad a medias. Durante el año siguiente al recorte del déficit por debajo del 3%, España pasará a estar sometida al “brazo preventivo” de la UE. Son los dos mecanismos –correctivo y preventivo– con que cuenta el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para sanear las finanzas de los Estados miembros. En ese año España deberá asegurar avances suficientes en la consecución de su objetivo a medio plazo (MTO). En concreto, las normas comunitarias exigen a los países sujetos al mecanismo preventivo que su gasto crezca por debajo de la regla de gasto, fijada en el 2,4% para 2018. En caso de incumplimiento, se les puede imponer una sanción equivalente al 0,2% del PIB.

Así lo detallaba la Comisión Europea en su evaluación del Programa de Estabilidad que España le envió el pasado mayo. Bruselas señala que el Gobierno español no hace mención alguna a su objetivo a medio plazo en el documento remitido. La única referencia al respecto, dice el informe europeo, se encuentra en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fija como objetivo alcanzar el equilibrio presupuestario en 2020. Pero, advierte Bruselas, el plan enviado por Guindos “no proyecta alcanzar ese MTO dentro del horizonte” establecido por el propio programa.

Además, el informe de mayo recuerda que la segunda condición para salir del procedimiento de déficit excesivo es que la deuda pública sea inferior al 60% del PIB. Y la española se situaba el pasado mes de julio en el 99,6%, casi 40 puntos por encima del límite. El plan del ministro es reducirla hasta el 92,5% al final de 2020: las normas comunitarias obligan a recortarla a un ritmo del 5% anual durante tres años, dos puntos por ejercicio.

De modo que España quedará sujeta “durante los tres años siguientes a la corrección del déficit excesivo”, a los “planes de transición para cumplir con los criterios de deuda”. Por tanto, al menos hasta 2021. Es decir, aún falta mucho para quedar libres de la tutela europea. El informe de Bruselas también desconfía de que España cumpla con ese ritmo de reducción de la deuda de dos puntos porcentuales cada año.

Más flexible

Es más, las previsiones de la Comisión Europea no son muy optimistas respecto a la deuda pública española, que según sus cálculos podría subir hasta el 103% en 2027. El informe detecta un riesgo alto para la sostenibilidad presupuestaria en el medio plazo –hasta 2031–, que se recorta a la mitad en el caso de que se aplique al completo el Programa de Estabilidad. Ese riesgo sería la consecuencia del enorme esfuerzo fiscal que España debería hacer para reducir la deuda pública al 60% del PIB desde ahora hasta 2031.

Claro que esa segunda fase de vigilancia no será tan rígida como la que aún sufre la economía nacional para cumplir el objetivo de déficit. En primer lugar, porque con la deuda pública desbocada se encuentran, además de España, un buen número de países de la UE: Grecia (177,2% del PIB), Italia (133,3%), Portugal (128,9%), Bélgica (106,5%), Chipre (103,2%), Francia (97%), Reino Unido (88%), Austria (86%), Croacia (84%). Alemania también supera el tope del 60%, aunque por poco: alcanza el 65,5%. Por establecer una comparación, sometidos al procedimiento de déficit excesivo quedan ya sólo España, Francia y Reino Unido. En 2011 eran 24 países.

En segundo lugar, en esta etapa se permite una mayor flexibilidad, gracias a la toma en consideración de “factores mitigantes” para exigir el cumplimiento del objetivo de deuda, como el ciclo económico, las reformas estructurales aplicadas o la diligencia de cada país a la hora de cumplir con sus objetivos presupuestarios a medio plazo en los años precedentes.

Vigilancia financiera

Además del control sobre las magnitudes macroeconómicas, España seguirá siendo vigilada desde Bruselas mientras no devuelva el rescate financiero. Los hombres de negro, como los bautizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, continuarán visitando Madrid dos veces al año hasta que el Gobierno devuelva el 75% de los 41.333 millones de euros que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) le concedió en 2012 para reestructurar el sector financiero. Hasta el momento, ha reintegrado sólo 7.600 millones –el 18,3%–, y confía en llegar a los 10.000 millones antes de fin de año. Luis de Guindos reveló el pasado martes que prepara la venta de hasta el 9% de la participación del Estado en Bankia, de cuyo capital posee casi el 67%. En 2014 se deshizo de otro 7,5%, que colocó por 1.304 millones de euros. Pero puede que el precio ahora sea menor. En sus últimas cuentas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) rebaja en 474 millones el valor de su participación en el banco de Goirigolzarri y en 915 millones la de BMN; es decir, recorta en casi 1.400 millones la cantidad que espera recuperar del rescate a la banca –14.275 millones de euros–.

Hasta el momento, los hombres de negro –inspectores del MEDE, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE)– han visitado siete veces España, la última el pasado abril. Se reúnen con técnicos del Banco de España, el FROB, la Sareb (el banco malo), el Ministerio de Economía, y las entidades rescatadas, para después elaborar un informe.

Pero la vigilancia tampoco acabará con la devolución del 75% del rescate. Hasta completar el reintegro del 100% de las ayudas, el MEDE, ya en solitario, continuará con sus visitas, aunque para ellas no hay una frecuencia preestablecida.

Finalmente, el sector financiero español está sometido a un segundo control, el del Fondo Monetario Internacional (FMI). Cada cinco años un equipo del organismo que preside Christine Lagarde visita los países cuyo sector financiero puede constituir un riesgo sistémico. Sus técnicos pisaron Madrid en 2012, cuando España acababa de solicitar el rescate y volvieron el pasado marzo.

Los mandatos de Bruselas

El Gobierno baja al 2,3% su previsión de crecimiento en 2018 y eleva al 2,3% el déficit por Cataluña

Ver más

¿En qué se ha traducido la vigilancia internacional sobre la política económica española en estos años?

A cambio del rescate, el sector financiero sufrió una profunda reestructuración –desaparición de las cajas de ahorro, recorte de 82.285 empleos, cierre de 17.019 sucursales–, el Gobierno tuvo que crear la Sareb, el banco malo que reúne los activos tóxicos del ladrillo que lastraban los balances de las entidades financieras. Y el resto de la política económica tuvo que amoldarse a los imperativos comunitarios. Aparte de la reducción del déficit, con los consiguientes recortes de gasto público, el Gobierno debió subir el IVA, meter en vereda el gasto de las comunidades autónomas, reformar las pensiones –introduciendo en su cálculo dos factores que recortan la cuantía–, y hasta crear la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal).

Cuando la Comisión Europea amenazó en 2016 a España con multarla con 2.162 millones de euros por incumplir el objetivo de déficit público, la sanción quedó finalmente en cero y el Gobierno consiguió dos años más de plazo para situar el desajuste por debajo del 3%. Pero, a cambio, Bruselas perseveró en sus exigencias. No sólo pidió un recorte estructural adicional de 10.000 millones de euros para este año y 2018, sino que también reclamó una nueva subida del IVA. Tampoco ceja en pedir una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral.