El peligro de defender los derechos humanos en el mundo: 281 activistas asesinados en 2016

Berta Cáceres, activista hondureña de los derechos medioambientales e indígenas asesinada en 2016; Natalia Estemirova, defensora de los derechos humanos secuestrada y asesinada en Chechenia en 2009; Xulhaz Mannan, activista LGTBI apuñalado en Bangladesh el pasado año; "Los 4 de Douma", activistas sirios secuestrados en 2013 y sin noticias de ellos desde entonces. Estos son solo algunos de los ejemplos que muestra Amnistía Internacional en su último informe, hecho público este martes, Ataques letales pero prevenibles. Asesinatos y desapariciones forzadas de quienes defienden los derechos humanos. Con él, la organización pretende informar y denunciar la vulneración de derechos humanos –que puede llegar incluso a los asesinatos– que sufren miles de activistas en todo el planeta. Según denuncia, 281 defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo fueron asesinados en 2016. 

Calumnias y estigmatización, enjuiciamientos injustos y detenciones arbitrarias, amenazas e intimidación y otros actos violentos son algunos de los peligros a los que, según Amnistía, se enfrentan a diario miles de defensores de los derechos humanos en todo el mundo. Y todo esto se produce bajo el amparo de la desprotección de los Estados donde trabajan, que no ponen freno a un problema que ha ido in crescendo en los últimos años. Además, la impunidad con la que terminan estas desapariciones forzadas y estos asesinatos tampoco contribuyen a la defensa de estas personas y sus familias, que sufren las consecuencias directas. 

Existe, además, un escenario propicio para esta situación, puesto que la ausencia de consideración y reconocimiento del trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos dificulta su protección. "Las constantes de ataques se entienden y abordan mejor mediante estrategias de prevención si se analiza el riesgo con arreglo a contextos y áreas de trabajo específicos, incluidas las vulnerabilidades asociadas a las formas de discriminación interconectadas", explica el informe. 

Por ello, la mayoría de estos crímenes, alcancen la intensidad que alcancen, quedan sin resolver. Es el caso de Berta Cáceres, quizá uno de los más controvertidos de los últimos años. Tras conocerse la noticia de su asesinato, producido en marzo del pasado año, la familia exigió una investigación internacional que resolviera los motivos y autoría del crimen. En este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había instado a las autoridades hondureñas a que diesen a la activista protección especial porque Cáceres ya había recibido numerosas amenazas de muerte. Sin embargo, no hubo protección y, a día de hoy, no se conocen los detalles del asesinato que tuvo un enorme impacto internacional. Muchos otros activistas, menos conocidos y mediáticos, simplemente se pierden en un conteo de víctimas mortales.  

Periodistas y activistas medioambiambientales, principales objetivos

"A menudo es simplemente por ser quienes son". Según Amnistía Internacional, el ámbito de dedicación de los activistas influye profundamente en el peligro que corren. En este sentido, el informe señala a periodistas, activistas medioambientales, trabajadores de la justicia y activistas por los derechos laborales como algunos de los colectivos que corren un peligro especial.

El Comité para la Protección de los Periodistas, ONG dedicada a promover la libertad de expresión, cifró en 48 el número de periodistas asesinados en 2016 por hacer su trabajo. La Organización de las Naciones Unidas para Ciencia y la Cultura (Unesco), que también cifra estos homicidios, elevó a 827 el número de periodistas que perdieron la vida por hacer su trabajo entre 2006 y 2015. Amnistía Internacional denuncia que estos crímenes, a pesar del impacto para la profesión y para el entorno de la víctima, tiene un efecto a nivel social, y es que con cada crimen a un periodista se cercena el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, "fundamentales en todas las sociedades". 

La defensa de los derechos humanos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente es otro ámbito que la organización destaca como de especial peligrosidad. Las víctimas de estos crímenes son, normalmente, poblaciones indígenas que luchan por el acceso a sus tierras ancestrales o por que se les informe sobre su uso. Santiago Maldonado, activista argentino, ha sido uno de los últimos casos. Después de meses de búsqueda y de acusaciones de asesinato a la gendarmería –desapareció después de una actuación policial durante una protesta mapuche–, el cuerpo sin vida del joven de 28 años apareció en un río. A día de hoy, sigue en marcha la búsqueda de culpables. Según la ONG Global Witness, que trabaja para revelar los vínculos entre la demanda de recursos naturales, la corrupción y el conflicto, 200 personas murieron en 2016 defendiendo el medio ambiente y el acceso a la tierra. 

Sindicalistas y abogados de derechos humanos son, igualmente, objetivo frecuente de los crímenes cometidos hacia activistas por el mero hecho de llevar a cabo su actividad. Según la Confederación Sindical Internacional (CSI), en 2016 fueron asesinados sindicalistas de 11 países. Por otro lado, solo en Honduras perdieron la vida 117 profesionales del derecho entre 2010 y 2016. 

Conflictos armados, escenario idóneo para los crímenes

Todos estos crímenes, tal y como denuncia Amnistía Internacional, se producen habitualmente en determinados escenarios que favorecen esa impunidad que, más tarde, permite que los homicidios queden sin responsables. "Además de ser atacados por hacer lo que hacen y por ser quienes son, las personas defensoras de los derechos humanos son objeto de diversos abusos en función del contexto en el que trabajan, como conflicto armado, situaciones de postconflicto y delincuencia generalizada". 

Así, los países envueltos en conflictos armados o en situaciones en los que estos son recientes son los escenarios idóneos para que se produzcan los crímenes contra activistas. El motivo es que, según la organización, en estos panoramas "a menudo se ataca a la población civil como parte de estrategias que pretenden infundir miedo", además de usar estos crímenes "como castigo colectivo". Además, los ataques dirigidos a personal sanitario, objetivo frecuente, se produce como una forma de penalizar la prestación de servicios a todas las partes en conflicto. Así, en noviembre de 2016, una de las ofensivas más cruentas de la guerra en Siria destruyó un total de diez hospitales en tan solo 72 horas. En este país, se calcula que hay unas 75.000 personas sometidas a desapariciones forzosas desde que comenzó la contienda en el año 2011. 

Además, en zonas en las que existe un escenario de violencia generalizada como Honduras, Guatemala y El Salvador, donde existen grupos delictivos organizados, los defensores de los derechos humanos también corren un peligro especial. Por otro lado, los países que reprimen duramente las protestas pacíficas también vulneran los derechos humanos de aquellas personas que participan en ellas o que, a través de su trabajo, las defienden. Así, desde el año 2014, Amnistía Internacional ha documentado un total de 305 personas que fueron víctimas de homicidio en el marco de protestas pacíficas, así como miles de casos de heridos durante este tipo de manifestaciones en países como Nigeria o República del Congo, Estados que viven en un marco político que no tolera la disidencia. 

Crímenes cometidos por la desprotección de los Estados

La construcción de la presa contra la que luchó Berta Cáceres ha sido suspendida

Ver más

"Sus muertes o desapariciones vienen precedidas de una sucesión de ataques previos que las autoridades ignoraron o incluso alentaron. Si los Estados se hubieran tomado en serio sus obligaciones de derechos humanos y hubieran actuado con diligencia ante los informes de amenazas y otros abusos, se podrían haber salvado vidas", afirma Guadalupe Marengo, directora del Programa Global sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Para la organización, esta desprotección que sufren los activistas desde los Gobiernos es fundamental a la hora de que proliferen este tipo de crímenes. 

Por ello, Amnistía realiza una serie de peticiones a los Estados para que, con sus actuaciones, se frene el aumento de los homicidios y desapariciones forzadas que ha constatado la ONG. En primer lugar, solicitan el reconocimiento explícito de las labores que llevan a cabo los defensores y defensoras de derechos humanos, reconociendo la contribución que hacen a la sociedad. Con ello, el siguiente paso sería la adopción de una legislación que les reconozca y proteja, medida que tendría que ir de la mano de una condena pública de los ataques, amenazas e intimidaciones que sufren estas personas. 

Por otro lado, el establecimiento de mecanismos preventivos de protección a nivel nacional y la investigación efectiva de los ataques que reciben los activistas, además de las "reparaciones adecuadas para las víctimas", serían otras medidas imprescindibles para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos para las personas que se dedican a defenderlos. "Los brutales ataques que se documentan en este informe son el final lógico de una tendencia alarmante; en lugar de apoyar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, muchos líderes globales los ponen en una situación de mayor riesgo", denuncia Marengo.