La Policía acusa a la Junta de favorecer a dos empresas de helicópteros a costa de la seguridad de los vuelos para urgencias sanitarias

Dos empresas, Faasa e Inaer, constituidas en "férreo oligopolio", han impuesto sus condiciones en la contratación de helicópteros para servicios de emergencias sanitarias de la Junta de Andalucía (PSOE), que lo permitió con su inacción o plegándose a sus exigencias. El resultado es que "la seguridad" de los vuelos se vio "claramente en perjuicio", al aceptar la Administración cambios en los requisitos que llegaron a permitir el uso de helicópteros antiguos o sin habilitación para vuelos nocturnos y a incrementar el tiempo de respuesta ante una emergencia. Así lo indica un informe de la Policía Nacional elaborado a partir del examen de cinco expedientes de contratación, entre 2010 y 2015, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) de la Consejería de Salud. Dicho informe, incorporado a la investigación que desarrolla el juzgado de instrucción 8 de Sevilla, señala la existencia de una mecánica supuestamente fraudulenta similar a la detectada en la contratación de vuelos para el Plan Infoca contra incendios, también objeto de instrucción judicial y que afecta a la Consejería de Medio Ambiente.

La investigación de los vuelos sanitarios se basa, entre otras fuentes, en una denuncia presentada en junio del año pasado por CGT ante la Fiscalía. El sindicato destacaba en su denuncia una "triple coincidencia": "que siempre sean las mismas empresas las adjudicatarias de los concursos a lo largo del tiempo [Faasa e Inaer], que siempre resulten adjudicatarias de los mismos lotes y que siempre resulten adjudicatarias por el mismo importe que el licitado". Las dos empresas forman parte del conocido como "cártel del fuego", un grupo de compañías investigadas por la Audiencia Nacional por un posible fraude de unos 100 millones de euros en los contratos de vuelos contra incendios en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Castilla y León. El caso se extiende pues por buena parte de España y, en el caso de Andalucía, pone ya el foco en dos consejerías.

La denuncia de CGT terminó en el juzgado 8 de Sevilla, que instruía el caso de las adjudicaciones de vuelos del Plan Infoca, si bien en julio se inhibió a favor de la Audiencia Nacional en esta línea de investigación al considerar que es un tema estatal. Lo que la jueza de Sevilla María de los Reyes de Flores no suelta, al menos todavía, es la investigación sobre la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Tras recibir el informe de la Policía, el juzgado dictó el 9 de enero una providencia reclamando a la Consejería de Salud que entregue a la Policía los cinco expedientes investigados. Ello es imprescindible, según señala el informe policial, para determinar los componentes de las mesas de contratación y con ello "qué profesionales debieron" velar por que las supuestas irregularidades no se cometieran. La jueza ya busca nombres y apellidos. Aún no hay imputados en la Consejería de Salud por las adjudicaciones de vuelos de EPES. En Medio Ambiente sí por las adjudicaciones de vuelos del Plan Infoca. El juzgado sevillano citó a declarar en septiembre a cinco funcionarios y un alto cargo, si bien suspendió finalmente la declaración a la espera de que se resuelva la inhibición a favor de la Audiencia Nacional.

Aeronaves de más de 20 años

El informe policial sobre los contratos de helicópteros sanitarios es duro. Afirma la Policía que en EPES podrían estar dándose las "mismas irregularidades" que en el Plan Infoca, donde la "inacción" de la Junta ha permitido a unas pocas empresas "repartirse el pastel de los concursos públicos". La investigación policial sostiene que Inaer y Faasa han acordado un "reparto territorial", por el que cada empresa se queda con unas provincias y se evita la competición directa. El resultado es "un verdadero pulso entre la única licitadora y la Administración, que en no pocas ocasiones se ha visto obligada a ceder a las necesidades de aquella". Ello ha provocado, sostiene la Policía, cesiones tan "delicadas" como "la ampliación del tiempo de respuesta ante una emergencia sanitaria a 2 horas y 45 minutos o la utilización de aeronaves de más de veinte años de antigüedad". La Policía señala que la Administración permitió incumplimientos del pliego y que sólo informó a Faasa de la convocatoria de un procedimiento negociado sin publicidad.

El informe describe un modus operandi que se ajusta a lo detectado en el primer expediente analizado, un contrato de 10,4 millones de 2010. Las características detectadas son: uno) "escasa oferta"; es decir, pocas empresas; dos) "demanda inelástica", que pocas empresas pueden cubrir; tres) "indicios de prácticas colusorias", que consisten en supuestos acuerdos bajo mesa de las empresas para repartirse los concursos; cuatro) "omisión de la comunicación" de dichos indicios a la Agencia Andaluza de Defensa de la Competencia; cinco) "mayor poder del reducido grupo de licitadores"; seis) "indicios de imposición de exigencias" en "trato directo" de las empresas con el órgano de contratación; y siete) "perjuicio para el contribuyente en beneficio de las mercantiles".

Permiso para vuelos nocturnos

Faasa informó en este procedimiento a Salud de que no disponía de un helicóptero con todos los permisos para realizar vuelos nocturnos. "En un servicio de vital importancia como puede ser un vuelo nocturno de emergencias sanitarias (piénsese en la necesidad de atender urgentemente a los heridos de gravedad de un accidente, infartados, etc.), Faasa ha conseguido contar con una posición privilegiada que le permite [...] reconocer al órgano de contratación que no dispone del equipamiento necesario", sino que lo tendrá en el futuro, por lo que "pondrá a disposición otra aeronave" que no cumple las exigencias, indica el informe. "Las licitadoras han creado una 'necesidad' en la Junta de Andalucía de contar con ellas, mediante las fórmulas pertinentes y con los 'apaños' oportunos", señala la Policía, utilizando las comillas. Al no avisar la autoridad de ello, este "oligopolio" domina por completo un "servicio vital", agrega.

Al igual que en el primer expediente, el segundo analizado es de 10,4 millones, en este caso de 2012. Según el informe, las empresas se reparten los lotes por provincias, evitando competir. La Policía vuelve a detectar un incumplimiento de los requisitos para los vuelos nocturnos y sobre la antigüedad de los helicópteros. No obstante, en este caso "la Administración ya no permite lo que sí permitió" en 2010, "utilizar helicópteros sin habilitación para vuelos nocturnos". El tercer expediente, de 2012 y por un valor de algo más de 144.000 euros, es un negociado sin publicidad tras un concurso que quedó desierto. "La Administración tiene que volver a someterse", señala el informe, aceptando los requisitos de Faasa y "cambiando las condiciones". Además sólo se avisó a Faasa, según la investigación policial, que considera que hay un "amoldamiento de la Administración a las necesidades de las empresas que previamente se reparten las provincias".

Modificación de cláusulas

En el cuarto expediente, de 2012 y de 2,89 millones, hay una modificación de la cláusula que exigía que todos los helicópteros tuvieran menos de 15 años. El requisito queda así: "La flota no tendrá una antigüedad media de más de 15 años". "Parece otra cesión [...] a favor de las empresas que forman este férreo oligopolio", señala el informe, que apunta que "la exigencia previa" se ha visto "forzadamente sustituida por otra, en principio ilógica", ya que "el riesgo de fallos en la aeronave debido a la antigüedad es individual, no puede ser compensado con la menor antigüedad de otra aeronave". "La concesión que realiza la Administración [...] va claramente en perjuicio de la seguridad de los administrados, ya que exigir sólo que la antigüedad media de la flota no sea superior a 15 años implica que se la empresa presenta una aeronave nueva, puede permitirse el lujo de presentar otra de 30 años", añade la Policía.

En este concurso también se cambia el pliego para permitir la subcontratación, que en principio no valía, según la Policía. El informe atribuye en varias ocasiones la actitud de la Junta al "conformismo" o la "inacción", pero también señala que hubo una ocasión en que aguantó "el pulso" de las empresas a la hora de establecer los requisitos. El informe no apunta a enriquecimientos ilícitos ni compensaciones de ningún tipo para los responsables públicos. Tampoco responsabiliza a ningún individuo en concreto, pero sí le indica a la jueza que solicite los nombres de los integrantes de las mesas de contratación.

Con un valor de 10,36 millones, el quinto y último expediente analizado, de 2015, no exige ningún requisito de antigüedad, si bien la empresa licitadora, Inaer, tenía todas las naves con antigüedad menor a 15 años. La Policía introduce una "reflexión" en el informe: "¿Por qué no exigen este criterio a Inaer y sí a Faasa? La respuesta probable es porque la mesa de contratación conoce de antemano que Inaer ya tiene las aeronaves más nuevas y no es necesario exigirlo. ¿Y es beneficioso que la Administración [...] conozca que Inaer va a ser la licitadora y que no es necesario recalcar este requisito? Probablemente no, ya que los concursos y licitaciones públicas deben facilitar la participación de las máximas empresas posibles ante indicadores sólidos de colusión".

¿De la investigación de qué posibles delitos se trataría? A juicio de la Policía, la inacción de los responsables públicos "podría interpretarse como un indicio de prevaricación", es decir, de que actuaron en contra de la ley a sabiendas. Está por ver qué delimitación penal hace el juzgado. La Fiscalía estableció en un decreto de julio de 2017 que la investigación debía dirigirse a dirimir si había prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Explicación de Faasa

Faasa no es proveedor de EPES "desde hace años" por la "inviabilidad económica" de esta actividad, indican fuentes de la compañía a este medio. Dichas fuentes señalan que la mayor o menor antigüedad de una aeronave "no la hace más o menos segura", algo que debe determinar la Agencia Española de Seguridad Aérea "en función del plan de mantenimiento que se le realice" y del "mantenimiento de sus permisos de vuelo", aspectos en los que Faasa está al día. "Hay sentencias del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que no permiten establecer la antigüedad de las aeronaves como un criterio de exclusión, pues esto iría en contra de la libre competencia", añaden.

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En relación con la investigación de las contrataciones del Plan Infoca, Faasa recalca que está bajo la lupa de la justicia, "al menos esta el momento, la actuación del órgano contratante, no de las empresas". Las mismas fuentes indican, sobre la investigación que desarrolla la Audiencia Nacional, que el sector en entredicho "se encuentra en un mercado de competencia imperfecta, que tiene unas enormes barreras de entrada y una alta regulación, por lo que con el tiempo ha sido muy complicado que las empresas puedan sobrevivir debido también a la alta temporalidad". "Son actividades muy especializadas, y en muchas ocasiones han requerido realizar uniones temporales de empresas [UTE], para hacer viable la ejecución de los servicios, algo que, por supuesto, permite la Ley de Contratos del Sector Público", añaden.

infoLibre contactó este lunes con la Consejería de Salud, que derivó a una portavoz de EPES. "La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias contrata el servicio de helicópteros para los equipos de emergencias aéreos 061 por procedimientos de contratación públicos y abiertos conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. EPES está colaborando con las instancias policiales y judiciales en lo que se le ha solicitado con total transparencia", señaló.

Babcock, propietaria de Babcock España, antigua Inaer, no respondió a este periódico.