Zoido revela que el despliegue policial en Cataluña por el 1-O costó 87 millones de euros

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha revelado que el desplazamiento a Cataluña de un contingente de 4.500 policías y guardias civiles y, en tres días, de hasta 6.000 efectivos de refuerzo, generó un coste aproximado de 87 millones de euros. Zoido ha cargado contra el "ataque desleal" a la Constitución y el Estatut del Govern de Carles Puigdemont, y contra la "desobediencia clamorosa" y la "absoluta pasividad" de los Mossos d'Esquadra el 1-O.

Según ha especificado el ministro en la Comisión de Interior en el Senado, la presencia de estos efectivos desplazados a Cataluña en el marco de la Operación Copérnico, desplegada entre septiembre y diciembre, ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos, dietas y productividades. A esta cifra el ministro ha sumado los 1.000 millones por el "impacto de la desaceleración" económica en Cataluña.

"A Cataluña se han desplazado numerosos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional comisionados en esa Comunidad Autónoma. La cifra no es exacta", ha asegurado Zoido, "porque no todos han estado siempre y al mismo tiempo, pero el dispositivo más estable estaba compuesto por unas 4.500 personas". Según Interior, durante tres días, el 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre, el despliegue fue 6.000 efectivos.

Además, ha justificado el dispositivo sin precedentes por la necesidad de dar cumplimiento a los mandatos judiciales, que incluía a los Mossos d'Esquadra, cuya actuación ha sido cuestionada por el ministro y que se mantuvo incluso después del referéndum del 1-O, cuando se desencadenaron "episodios de acoso" contra policías y sus familiares.

Culpa de la violencia a los organizadores del 1-O

Según los datos que ha dado el ministro, en 149 de los 948 municipios en los que se llevó a cabo el referéndum hubo más votantes que personas censadas. El titular de Interior ha destacado que las Fuerzas de Seguridad desactivaron 113 centros de votación y cerca de un centenar de locales "que en unos casos no llegaron a abrir y en otros cerraron" a pesar de la actuación de los comités de defensa del referéndum y de una "resistencia pasiva organizada".

"Una resistencia pasiva organizada que, en la mayoría de las ocasiones, obligó a una intervención laboriosa y, en algunos casos, derivó en una mayor virulencia de las personas parapetadas, especialmente una vez la fuerza actuante se preparaba para abandonar el lugar", ha señalado, denunciando la "organización y complicidad" de los organizadores, con la connivencia de las patrullas de los Mossos.

Según Zoido, se ha podido constatar cómo la policía autonómica incautaba urnas "una vez finalizado el recuento y las llevaban hasta las comisarías". También ha lamentado "como el que más" los heridos, aunque ha culpado a los impulsores del 1-O.

Fue esto lo que, según su relato, provocó "en ciertos puntos incidentes de violencia que obligaron a utilizar la mínima fuerza imprescindible para simplemente poder marcharse del lugar". "Un elemento común a todas las intervenciones fue la existencia de una actividad de oposición organizada en contra de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha dicho.

En su discurso ha reconocido las incomodidades por la "polémica" contratación de los barcos en la búsqueda de "alojamientos seguros o de fácil protección, de rápida ocupación, pero prolongada en el tiempo, aunque sin poder concretar cuánto y sin poder hacer una contratación muy anticipada".

Dispuesto a seguir adoptando medidas

El titular del Interior ha señalado que los entre 4.500 y 6.000 policías y guardias civiles comisionados —en Cataluña hay una plantilla fija de otros 6.000 agentes, a los que se les suspendió las vacaciones y días libres— realizaron una "vigilancia permanente" sobre las dependencias propias de la Guardia Civil y Policía Nacional, la Delegación del Gobierno o las Subdelegaciones de Gobierno, así como "las sedes de los partidos políticos amenazados".

Otro de los objetivos con especial vigilancia fueron el Tribunal Superior de Justicia, la Ciudad de la Justicia, las Delegaciones de Hacienda, el Banco de España y "determinadas infraestructuras críticas". "También han llevado a cabo servicios de protección y seguridad con carácter esporádico a personas e instalaciones sensibles", ha desvelado Zoido.

Zoido ha lanzado un mensaje final a los senadores: "Este Gobierno está dispuesto a seguir adoptando, por supuesto con el apoyo de todos aquellos grupos que compartan nuestra profunda preocupación, todas las medidas contempladas en la Constitución que sean necesarias para mantener la legalidad y la normalidad democrática e institucional en Cataluña. Y para que todos los catalanes, piensen como piensen, tengan garantizada su seguridad, sus derechos y sus libertades".

Interior cifra en cinco los heridos graves

Juan Ignacio Zoido ha reconocido que aún no dispone de datos concluyentes sobre la compra de las urnas usadas para el referéndum del 1 de octubre, aunque ha descartado la gestión directa de la Generalitat y organizaciones independentistas, apuntado a la colaboración de 40.000 voluntarios. También ha cifrado en cinco los heridos graves, de los 1.066 contabilizados por la Generalitat, aunque sólo uno lo fue por el uso de pelotas de goma en un caso en el que la Policía se vio "absolutamente acosada".

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Zoido ha desvelado estos datos en su turno de réplica. En concreto, ha criticado la actuación de los Mossos d'Esquadra encabezados por el entonces mayor Josep Lluís Trapero. "Tendrían que haber cumplido los días antes y esa madrugada", ha dicho aludiendo continuamente a las instrucciones "precisas" de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Según el ministro, lo acordado por la autoridad judicial era que la Policía y la Guardia Civil se desplegara el 1-O "a partir de las nueve de la mañana", y exclusivamente para retirar el material del referéndum, imposibilitando su celebración de forma complementaria a las actuaciones para impedir el voto telemático o usar el censo que llevó a cabo "sobre todo" la Guardia Civil.

Tras la "corrección" de la juez del TSJC Mercerdes Armas al fiscal superior de Cataluña, los Mossos se encargarían de las actuaciones previas al 1-O. La Policía y la Guardia Civil, según Zoido, tenían una misión complementaria "al mediodía", cuando otras unidades dieron cobertura a las de intervención para evitar que hubiera "disturbios". "No hubo ninguna orden de actuar en un momento determinado ni tampoco que tuvieran que cesar", ha sostenido.