Los proyectos que ya votaron juntos en el Congreso los partidos que ahora han aupado a Sánchez

La nueva etapa política que se inicia tras la investidura como presidente del Gobierno del socialista Pedro SánchezPedro Sánchez abre la puerta a la posible aprobación de iniciativas sobre cuestiones sustanciales como la reforma educativa, el marco laboral, el sistema de pensiones o la ley de dependencia que durante esta legislatura han contado con el respaldo de los mismos diputados que este viernes votaron a favor de desalojar del Palacio de la Moncloa a Mariano Rajoy. 

Al menos, es lo que se deduce del análisis de las proposiciones no de ley –iniciativas parlamentarias que no son de obligado cumplimiento por el Gobierno– que los mismos parlamentarios que han aprobado la moción de censura han respaldado en la actual legislatura en el Congreso. En todo caso, para que estas medidas llegaran a ser efectivas, una mayoría parlamentaria tendría que aprobarlas de nuevo y, en algunos casos, tendrían incluso que aprobarse nuevos textos legislativos que sustituyeran a los actuales. 

Por otro lado están los proyectos de ley –estos sí de obligado cumplimiento– que ni siquiera se han llegado a debatir porque el Gobierno de Mariano Rajoy los ha vetado utilizando la prerrogativa legal que permite al Ejecutivo oponerse a la tramitación de iniciativas legislativas de la oposición si considera que comportan aumento de gasto o disminución de ingresos. En todo caso, el PP y Ciudadanos mantienen la mayoría en la la Mesa del Congreso –el órgano de gobierno de la Cámara– por lo que siguen teniendo en su mano alargar los trámites de calificación para dilatar la discusión o votación de iniciativas de los grupos. 

infoLibre detalla a continuación las principales iniciativas respaldadas por los grupos que han apoyado la investidura de Sánchez en los dos años que van de legislatura: 

- Educación. En el ámbito educativo, la mayoría parlamentaria que ha sacado a Mariano Rajoy de la Moncloa instó al Gobierno en octubre de 2016 a "impulsar urgentemente las iniciativas necesarias" para derogar la Lomce, la polémica reforma educativa que el PP aprobó en solitario en 2013. Del texto siguen en vigor cuestiones como el carácter evaluable de la asignatura de Religión; el concepto de "demanda social", que se ha interpretado como una vía para favorecer la creación de nuevos conciertos, o el derecho a subvención de los colegios que separan en clase a alumnos y alumnas, que recibió recientemente el aval del Tribunal Constitucional. 

- Sanidad y servicios sociales. Los mismos grupos que se han puesto de acuerdo para apoyar a Sánchez también respaldaron en noviembre de 2017 aumentar los recursos económicos de la Ley de dependencia, uno de los proyectos legislativos más emblemáticos del mandato de Zapatero y que más rápido sufrieron los recortes del PP tras su llegada al Gobierno. En esa iniciativa, a la que también se sumó Ciudadanos, se pedía al Ejecutivo que reconociera el carácter retroactivo de las prestaciones, acotara el tiempo de espera para recibirlas, recuperara el nivel acordado de financiación y restableciera el pago de las cotizaciones por parte del Estado de las personas que cuidan a un familiar dependiente.

En octubre de 2016, todos los grupos parlamentarios –salvo el PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, que se abstuvieron– aprobaron una proposición de ley que reclamaba al Gobierno la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas, así como hacerlos intransferibles entre los progenitores. El objetivo de la propuesta, que Unidos Podemos registró en enero de 2017 como proyecto de ley y que fue vetada por el Ejecutivo, es evitar que las mujeres se vean penalizadas en su carrera laboral por ausentarse durante más tiempo que los hombres por el nacimiento o adopción de un hijo.

Por otro lado, en septiembre del año pasado, todos los grupos de la Cámara salvo el PP y Ciudadanos suscribieron un documento promovido por la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria (REDER), en el que se defendía la derogación de la reforma sanitaria que el Gobierno de Rajoy aprobó en abril de 2012 y que tenía como fin último recortar 7.000 millones de euros de la sanidad pública. Este decreto consolidó un cambio de sistema: se perdió la universalidad y los ciudadanos pasaron a ser asegurados en lugar de beneficiarios, llegó el copago para los pensionistas y el medicamentazo, que sacó de la financiación pública 426 medicamentos de uso común.

- Empleo y condiciones laborales. En diciembre de 2016, la mayoría parlamentaria del Congreso puso en tela de juicio otro de los grandes proyectos de la legislatura en la que Rajoy tuvo mayoría absoluta (2011-2015): la reforma laboral que generalizó la indemnización por despido en 33 días con un tope de dos anualidades y que facilitó que las empresas puedan despedir por causas económicas, y sin tutela judicial, con 20 días y con un máximo de doce mensualidades. Unidos Podemos, Compromís, PNV, ERC y Bildu aprobaron una iniciativa del PSOE que instaba al Ejecutivo a derogarla. Ciudadanos y el PDeCAT se abstuvieron bajo el argumento de que aunque quieren cambios, no están de acuerdo con una derogación completa.

La mayoría del Congreso, en esta ocasión con el voto favorable de PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, Compromís, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias, reclamó al Gobierno en octubre de 2017 que revirtiera los recortes realizados en los años 2012 y 2013 en las prestaciones de desempleo para los mayores de 52 años. En concreto, reclamó que el umbral de renta volviera a situarse únicamente en el correspondiente a la persona beneficiaria y no en la unidad familiar; que la cotización a la Seguridad Social fuera del 125% de la base mínima; y que pudiera percibirse hasta que el beneficiario encuentre un nuevo puesto de trabajo, acceda a la jubilación u opte por jubilarse antes.

Las camareras de piso, conocidas como Las Kellys, se han convertido en los últimos años en uno de los rostros más visibles de la precariedad laboral. En diciembre del año pasado, los mismos grupos que se han puesto de acuerdo para apoyar a Sánchez votaron a favor de una iniciativa presentada por Unidos Podemos para instar al Gobierno a acometer un Plan Sectorial de Empleo negociado con los interlocutores sociales y una serie de medidas encaminadas a mejorar las condiciones laborales de este colectivo. Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra. 

- Pensiones. Hace dos meses y medio, los mismos 180 diputados que este viernes dijeron no a Rajoy respaldaron una proposición no de ley en la que instaban al Gobierno a "reconstituir de forma urgente" el Pacto de Toledo, revalorizar las pensiones conforme a la evolución de los precios y derogar la aplicación del factor de sostenibilidad. También pedían reanudar "urgentemente" el diálogo social con los interlocutores sociales para de "posibilitar un nuevo pacto político" al respecto. Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra. Estas dos formaciones mantienen también el veto en la Mesa del Congreso a una proposición de ley de la formación morada y sus confluencias para revalorizar las pensiones con el IPC, que incluía una paga única para cubrir la diferencia entre la pensión recibida y la que le hubiera correspondido.

- Infraestructuras y vivienda. La escalada de precios en el mercado del alquiler en las grandes ciudades y las zonas costeras y las consecuencias que esta espiral inflacionista tiene sobre el acceso a la vivienda de los colectivos que acuden principalmente al arrendamiento han entrado de lleno en la agenda política y mediática en los últimos meses. Y el Congreso también es ejemplo de ello. Tanto el PSOE como Unidos han presentado proyectos de ley al respecto que están en fase de tramitación. Lo que sí está aprobado por la mayoría del Congreso es una proposición no de ley que pide al Gobierno que impulse la creación de un parque público de alquiler utilizando las viviendas vacías de grandes tenedores, prioritariamente, la Sareb y las entidades financieras, que no estén cumpliendo su función social.

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El pasado febrero, una mayoría parlamentaria pidió al Gobierno que renunciara "de forma explícita" a volver a privatizar las nueve autopistas quebradas y rescatadas y paralizar los procedimientos de licitación ya iniciados. La iniciativa, que partió de Unidos Podemos, contó con el respaldo de PSOE, ERC, PDeCAT, PNV y Compromís, mientras que el PP y Ciudadano se abstuvieron. El año pasado, el Ministerio de Fomento licitó dos contratos por valor de 746.328 euros (IVA incluido) con el objetivo de subcontratar a sendas empresas privadas la realización de los pliegos del futuro contrato, el estudio de la demanda que tendrán las vías y el análisis de su situación económica y legal. 

- Interior y justicia. La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, fue otro de los proyectos estrella de la legislatura en la que el PP tuvo mayoría absoluta. En octubre de 2016, la Comisión de Interior del Congreso, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP y Ciudadanos, aprobó pedir al Gobierno que derogara esa norma. Además, en la Mesa de la Cámara están estancadas desde hace un año sendos proyectos de ley del PSOE y del PNV que proponen textos alternativos al aprobado en 2015. 

La prisión permanente revisable, otra de las reformas estrella del PP, también puede tener los días contados. El pasado 15 de marzo, con 167 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y la mayoría del Grupo Mixto), 178 en contra y una abstención, la mayoría del Congreso optó por permitir el trámite parlamentario de una iniciativa del PNV que propone la derogación de la reforma de Código Penal que instauró una pseudo cadena perpetua en la que el condenado solo puede recobrar la libertad si demuestra estar rehabilitado tras una serie de plazos –de al menos 25 años y que se puede alargar hasta los 35– y siempre que previamente haya logrado acceder al tercer grado.