La Policía peina las sociedades del empresario Ulibarri en la macrooperación por amaños en favor de una filial de Sacyr

La macrooperación policial lanzada esta mañana en no menos de 40 ayuntamientos por el amaño de contratos de diferentes aplicaciones informáticas de gestión de tráfico y de bases de datos policiales en favor de una empresa que desde 2016 pertenece a Sacyr, Aplicaciones Gespol SL, ha situado de nuevo en el centro del escenario corrupto al empresario leonés José Luis Ulibarri. Pendiente de juicio en una de las piezas del caso Gürtel, la de Boadilla, Ulibarri es uno de los 14 individuos cuyo arresto ha ordenado el juez de Badalona que ha autorizado la redada, aunque todo apunta a que la cifra aumentará a lo largo del día.

Según ha podido saber infoLibre, al menos cinco de sus empresas, entre ellas Aralia Servicios Sociosanitarios SA, están siendo registradas en Madrid. Otras cuatro que comparten con la anterior el mismo domicilio social también están bajo la lupa de los investigadores: Utebo, Anento, Enantar y Arcor. El hombre de confianza de Ulibarri, Miguel Hernán Manovel, se cuenta asimismo entre los detenidos.

Los investigadores sostienen que en el amaño de las adjudicaciones participaron políticos y altos cargos vinculados al PP, al PSOE y a Ciudadanos. Los 586 policías que participan en la operación tienen instrucciones de requisar todos los contratos adjudicados desde 2010 a Aplicaciones Gespol SL; Bilbomática -que es la compañía a la que pertenecía hasta su adquisición por Sacyr-; Valoriza Servicios Medioambientales SA, del grupo Sacyr; Agema Ingeniería y Servicios SL; Utebo Servicios de Gestión SL; Arco Capital Fund SL; Anento Servicios de Gestión SL; Enantar SL; Arcor SL; Aralia Servicios Sociosanitarios SA; Vehículos, equipamientos y carrocerías Prieto Puga SL (Veicar) e Integración de Servicios Administrativos SL. 

También ha sido arrestado José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y secretario de Unijepol, una organización que reúne a los jefes de las diferentes policías municipales de toda España, según las citadas fuentes. En su web, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local se anuncia como una asociación de carácter nacional que agrupa a jefes y mandos de cualquier categoría de los Servicios de Policía Local.

Los hechos investigados en la 'operación Enredadera', según una nota de prensa de la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

El Ministerio Público ha hablado de "detenciones de diversas autoridades y funcionarios", sin dar detalles de los mismos. En el pasado, ya investigó a Ulibarri, empresario castellano-leonés, por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en municipios como Boadilla del Monte (Madrid). 

Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ha ordenado la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales. También Valoriza consta entre las empresas sometidas a registro.

Contratos adjudicados desde 2010

Los 586 agentes que participan en la operación están requisando contratos municipales adjudicados desde 2010.

Esta empresa, según Anticorrupción, "habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local". Fuentes de la investigación han informado a primera hora de este martes que la investigación, en la que participan 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicabilidad, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.

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El Juzgado de Badalona ha autorizado la entrada y registros en los siguientes ayuntamientos: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet de Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Este mismo Juzgado, según la nota de la Fiscalía, ha ordenado prácticas de requerimientos de documentación con presencia policial de otros organismos como la Diputación de Alicante y otros tantos municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O'Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.

"Se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal", ha señalado Anticorrupción. Fuentes de la investigación subrayan que los arrestos afectan a cargos de PP, PSOE y Ciudadanos.