El nuevo ciclo electoral, Cataluña y la minoría parlamentaria del Gobierno marcarán el próximo curso político

Septiembre se acerca, el verano encara su recta final y el nuevo curso político comienza. Después de dos meses de vacaciones, el mes que viene empezará el nuevo periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados y tanto el Gobierno como los partidos políticos se enfrentan a diferentes retos en un curso que viene marcado por las elecciones municipales, autonómicas y europeas que tendrán lugar en mayo de 2019.

La exhumación de los restos del dictador Francisco Franco será el primer foco de atención del año, en el que se abordarán cuestiones como los próximos Presupuestos, la reforma fiscal prometida por el Ejecutivo, la pugna entre PP y Ciudadanos por hacerse con la hegemonía en la derecha o la polémica del máster de Pablo Casado que puede terminar con el presidente del PP imputado. El problema territorial en Cataluña, además, seguirá marcando la agenda, y el eventual adelanto de las elecciones en esa comunidad y en Andalucía será una incógnita que también se desvelará en los próximos meses. Estos serán los retos de cada uno:

  Gobierno Y pSOE

La exhumación de Franco

Sacar al dictador de su mausoleo en el Valle de los Caídos será la primera tarea del curso político 2018/2019 para el Gobierno de Pedro Sánchez. Previsiblemente, este viernes el Consejo de Ministros aprobará un real decreto para modificar la Ley de Memoria Histórica de 2007 y retirar los restos de Franco del monumento. No obstante, pese a que lo más probable es que el decreto sea convalidado en el Congreso sin problemas, la decisión de Sánchez ha suscitado una importante cantidad de críticas de la derecha. Las asociaciones memorialistas, por su parte, exigen ir más allá y acometer una transformación completa del Valle de los Caídos.

PP y Ciudadanos se han mostrado contrarios a la exhumación porque, aseguran, se trata de un debate que no reviste importancia ni urgencia y, además –y precisamente por este motivo–, no debería abordarse a través de la vía del decreto. El secretario general del PP, Teodoro García, aseguró este miércoles que los conservadores recurrirán "todos" los decretos "que no tengan carácter de urgencia" y denunció que sacar a Franco del Valle de los Caídos por esta vía es "un intento de retorcer" la voluntad de "la mayoría de los españoles". Por su parte, Ciudadanos –que se abstendrá en la votación– aseguró a través de su líder, Albert Rivera, que las "batallas fratricidas de rojos y azules" están tan obsoletas como como escuchar música en "cassetes y vinilos", y criticó el uso de un decreto porque "después de 40 años" la exhumación de Franco "no se puede tildar de urgencia".

Negociación de los Presupuestos

El Gobierno tendrá que enfrentarse a otro de sus problemas acuciantes en apenas unos días, ya que el Congreso votará por segunda vez su propuesta para aprobar la senda de estabilidad y los objetivos de déficit para el año que viene y las negociaciones con Unidos Podemos, el socio preferente del Ejecutivo, no van bien encaminadas. La coalición morada, que reclamó al Gobierno renegociar la meta de déficit con Bruselas, derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y acometer una subida impositiva a las rentas altas y las empresas, denunció el lunes que la respuesta de Sánchez a su propuesta no invita a pensar en un acuerdo, por lo que el pacto parece lejano.

No obstante, que no haya acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos sobre la senda de estabilidad no implica que los puentes vayan a romperse para diseñar los Presupuestos Generales del Estado del año que viene, los primeros de un Sánchez que en 2018 se ha visto obligado a gobernar con las cuentas pactadas por PP, Ciudadanos y el PNV. Para sacar adelante unos Presupuestos propios, el Ejecutivo tendrá que negociar con sus socios, por lo que los próximos meses pondrán a prueba lo sólidas que son las buenas relaciones que inauguraron PSOE y Podemos con la llegada de Sánchez a la Moncloa.

Derogación de la ley mordaza y retirada de las concertinas

Uno de los departamentos que contará con más trabajo será el de Interior, que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska. En su discurso en la moción de censura, Sánchez calificó de "urgente" la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, una de las normas más polémicas aprobadas por el PP en sus años de mayoría absoluta, y el Congreso tramita desde hace meses dos proposiciones de ley para acabar con la actual redacción de la norma: una del PSOE, que propone derogarla y volver a la ley anterior (de 1992), y otra del PNV, que plantea modificar sus puntos más controvertidos.

Por otra parte, en una de sus primeras entrevistas como ministro, Marlaska prometió acabar con las concertinas situadas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla "con carácter inmediato", si bien esa medida aún no se ha llevado a cabo. "Estamos haciendo un estudio muy pormenorizado para tener una posibilidad real y fiable de una frontera segura, pero con medios menos cruentos", señaló de nuevo a finales de julio el ministro del Interior, que se muestra partidario de "trabajar en origen" y "nunca llegar al extremo de las concertinas".

Reforma fiscal

Otro de los asuntos que centrarán la atención del Gobierno en los próximos meses será la reforma del sistema impositivo, un objetivo defendido por Sánchez desde que llegó a la Moncloa. "¿Queremos tener un sistema fiscal de tercera para tener un estado del bienestar de primera? No es posible. ¿O queremos tener un sistema fiscal de primera para un estado del bienestar de primera? Eso es lo que quiere el Gobierno de España", señaló Sánchez en su primera rueda de prensa en Bruselas como presidente.

En los últimos meses, el Ejecutivo ha ofrecido pistas de por dónde irán los tiros en materia fiscal. Para empezar, uno de los impuestos a modificar es el de sociedades, para que "el tipo efectivo se acerque al nominal y, en ningún caso, sea inferior al 15%". El Gobierno también  ha abierto la puerta a implantar un tributo a las empresas tecnológicas, así como a elevar los impuestos al diésel. Y, asimismo, el Ejecutivo se plantea poner en marcha un impuesto a la banca, aunque no ha ofrecido más detalles al respecto.

La nueva dirección de RTVE

Después de varios fracasos en la negociación y de estrellarse en la votación que iba a elegir la dirección provisional de RTVE, el Gobierno se vio obligado a nombrar a Rosa María Mateo como administradora única de la corporación. No obstante, sigue adelante la idea de llevar a cabo un concurso público para escoger un nuevo Consejo: el pasado julio, el BOE publicó la convocatoria del mismo, y a principios de agosto más de un centenar de personas ya habían presentado su candidatura. El Congreso y el Senado tendrán la última palabra sobre su designación, aunque las candidaturas deberán pasar primero el filtro de un comité de expertos.

La subida del salario mínimo

A finales de julio, Sánchez se comprometió a elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros mensuales en el año 2020. Y este nuevo curso político, el Gobierno tendrá que dar el primer paso para que esta promesa se convierta gradualmente en realidad. Actualmente, el salario mínimo asciende a 735,9 euros mensuales, por lo que en dos años la subida debería ser de 264,1 euros al mes.

  PP

La consolidación del nuevo liderazgo

Tras 14 años de mandato ininterrumpido, Mariano Rajoy dio paso en julio a una nueva dirección: la comandada por Pablo Casado, que venció a Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso del PP. El nuevo líder de los conservadores ha heredado un PP en horas bajas y al que la última encuesta del CIS coloca en segunda posición en unas eventuales elecciones, con el peor dato de la serie histórica y empatado con Ciudadanos. La primera tarea de Casado será tratar de revertir esta situación, y ha comenzado marcando terreno en dos asuntos: Cataluña y la inmigración.

En ese sentido, el nuevo presidente del PP no ha tenido reparo en pedir a Sánchez que aplique de nuevo el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Cataluña ante las "amenazas" del president de la Generalitat, Quim Torra. Asimismo, ha insistido en que "España no puede afrontar la llegada de millones de africanos", inventándose la llegada de 37.000 inmigrantes a Canarias durante la crisis de los cayucos para justificar su discurso.

El 'caso Máster' pende sobre Casado

No obstante, que el PP tenga nuevo presidente no implica que haya dejado de estar rodeado por escándalos de corrupción, y el último lo protagoniza el propio Casado, que se encuentra en el punto de mira de la justicia por las posibles irregularidades en la consecución del máster que realizó en el curso 2008/2009 en la Universidad Rey Juan Carlos. Hace unas semanas, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel elevó al Supremo el caso al apreciar indicios de responsabilidad penal, y es ahora el Alto Tribunal quien debe decidir si imputa a Casado en la investigación. La justicia mantiene imputadas a tres de sus compañeras del mismo máster y con expedientes académicos similares por los delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa.

  Unidos Podemos

Exigencias en los Presupuestos

La coalición morada se sabe clave para que se aprueben los próximos Presupuestos Generales del Estado y, por ello, ya ha puesto encima de la mesa sus condiciones para que el Gobierno pueda sumar sus votos al proyecto. Unidos Podemos tendrá que negociar con el Ejecutivo para tratar de que sus propuestas se reflejen en las cuentas finales, pero en el documento remitido hace unos días a Hacienda ya planteaba las líneas básicas de las mismas.

En dicho documento, Unidos Podemos plantea la necesidad de derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones, cuya aplicación ya ha sido retrasada ante la controversia que desató. Asimismo, se propone hacer obligatoria por ley la revalorización de las prestaciones con el IPC, y también elevar paulatinamente la cuantía de las pensiones mínimas hasta que alcance "el 60% del salario medio", frente al "33,7%" en el que se encuentran ahora. Además, la coalición propone equiparar los permisos de paternidad y maternidad y hacerlos intransferibles, así como aumentar la financiación del pacto de estado contra la violencia de género, la sanidad, la educación y la dependencia.

La incógnita del liderazgo

Durante los meses de verano, Unidos Podemos ha mantenido un perfil bajo a causa, entre otros motivos, de la retirada del foco mediático del secretario general de Podemos y la portavoz parlamentaria del grupo, Pablo Iglesias e Irene Montero, tras el nacimiento prematuro de sus dos hijos. En los meses estivales, portavoces como Pablo Echenique, Ione Belarra, Txema Guijarro o el líder de IU, Alberto Garzón, han tomado el testigo en la representación de la coalición en los medios. Pero es una incógnita cuánto se alargará la ausencia de Iglesias y Montero; si se extiende, Unidos Podemos se enfrentará al reto de tener que recurrir a nuevos perfiles mediáticos sin contar con la potencia comunicativa de sus dos caras más conocidas.

Recuperar los apoyos perdidos

Desde hace meses, Unidos Podemos aparece en las encuestas lejos de la cabeza. El último barómetro del CIS ha reflejado una importante subida de los socialistas desde que Sánchez llegó al poder, y uno de los principales perjudicados es Unidos Podemos, que se desplomó cuatro puntos en apenas tres meses y bajó al 15,6% en intención de voto. La coalición tiene por delante el desafío de recuperar a parte de sus exvotantes mientras, a la vez, sostiene en el Gobierno a Sánchez.

  Ciudadanos

La pugna con el PP

Además de para reflejar el fulgurante ascenso del PSOE, el último barómetro del CIS sirvió para comprobar la igualdad que impera ahora mismo entre los dos principales partidos de la derecha española. En dicha encuesta, PP y Ciudadanos quedaban empatados con un 20,4% de la intención de voto, lo que supuso una bajada para el partido de Rivera, que llevaba un año seguido creciendo ininterrumpidamente. Parece claro que ambas formaciones pelean por un electorado similar, y por ello ambos están compitiendo entre sí fundamentalmente en dos campos: Cataluña y la inmigración.

Y lo cierto es que, en algunos asuntos, Ciudadanos está planteando propuestas más duras que el propio PP. Es cierto que Casado ha planteado la necesidad de poner en marcha de nuevo el 155 en Cataluña, pero lo ha hecho semanas después de que esa propuesta –que los expertos en Derecho constitucional consideran fuera de lugar– fuese expuesta por la diputada autonómica de Ciudadanos Lorena Roldán. Y algo similar ha ocurrido con la inmigración irregular: el líder del PP acudió a la valla de Ceuta para ver in situ a algunos de los inmigrantes que consiguieron traspasar la frontera, pero lo hizo un día después de Rivera, que denunció allí los "buenismos" de un Gobierno que, a su juicio, se dedica a "mirar a otro lado" ante el "problema" migratorio.

El voto de centro se escapa

La competición de Ciudadanos con el PP por el electorado conservador está provocando que, desde hace meses, el partido naranja sea percibido por los encuestados cada vez más a la derecha del espectro ideológico, pese a que Rivera insista en asegurar que está "defendiendo políticas progresistas en lo social, en lo moral y en lo político". Y eso implica que el voto de quienes se consideran de centro, una etiqueta que no hace tanto Rivera reclamaba para sí, estén abandonando al partido naranja: en el último barómetro del CIS, el 20,5% de quienes se ubican en el centro de la escala ideológica aseguraban que votarían a Ciudadanos, por un 27,1% que lo afirmaba así en abril.

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Además de los retos ya mencionados, los partidos tendrán que enfrentarse a un ciclo electoral que viene cargado de citas para este nuevo curso. Las elecciones al Parlamento Europeo se celebrarán el 26 de mayo del año que viene y coincidirán con los comicios locales –que se celebran en todos los municipios de España– y con los autonómicos, en las 13 comunidades en las que finaliza la legislatura –todas excepto Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia–. Los partidos aún no tienen candidatos para los comicios europeos, si bien sí que se ha confirmado, por ejemplo, que IU y Podemos concurrirán en una candidatura única en lugar de hacerlo por separado, como ocurrió en 2014.

Precisamente Cataluña y Andalucía son comunidades en las que cabe la posibilidad de que haya un adelanto electoral. Como tarde, las elecciones andaluzas deberían celebrarse el próximo mes de marzo, si bien desde hace meses se especula con un eventual adelanto y las principales fuerzas ya están preparando sus candidaturas. Tras una importante crisis interna, IU y Podemos ya han suscrito su alianza para concurrir unidas a los próximos comicios bajo la marca Adelante Andalucía, mientras Ciudadanos confirmó el pasado julio que su portavoz en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, repetirá al frente de la lista, tras adelantar las primarias precisamente ante la posibilidad de un adelanto electoral. Como muy tarde, los comicios serán en marzo de 2019.

Igualmente, el president Torra también ha puesto encima de la mesa la opción de adelantar las elecciones en Cataluña, aunque solo si no consigue aprobar los presupuestos para el año que viene. "Los gobiernos acostumbran a dimitir si sus presupuestos no son aprobados y me parece que esto es un mandato democrático de autoexigencia", declaró en una entrevista a la Agència Catalana de Notícies (ACN) hace unas semanas. Torra, no obstante, lo tiene complicado para sacar adelante sus cuentas: la exigua mayoría independentista no es tal en lo que se refiere a esta cuestión, ya que la CUP rechaza hacer "sacrificios para hacer autonomismo con políticas neoliberales" mientras no haya "un giro de 180 grados" a la política de "acatamiento y sometimiento al Estado español".