El caso sobre Juan Carlos I se cierra sin escuchar a Corinna aunque las nuevas pesquisas sobre el AVE a La Meca amenazan con alcanzarle

El archivo de la pieza del caso Villarejo abierta sobre las grabaciones de Corinna zu Sayn-Wittgensteindonde esta asegura que Juan Carlos de Borbón la usó como testaferro y que cobró de las hipotéticas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas del AVE a La Meca se produjo este viernes sin que la propia Corinna haya sido llamada a declarar. El juez instructor Diego de Egea subraya una y otra vez a lo largo del auto por el que sobresee la investigación que lo único que podría incriminar al rey son las palabras de la empresaria, a cuyo relato grabado no concede crédito.

Qué diligencias se han practicado desde que a mediados de julio fue abierta la pieza es algo que no ha trascendido. También constituye una incógnita qué papel está desempeñando Hacienda, a la que alude el comunicado público de la Fiscalía Anticorrupción en uno de los puntos donde sostiene que los elementos a disposición de la justicia no permitían avanzar y que, en cualquier caso, los hechos se refieren a momentos en que Juan Carlos I gozaba de inviolabilidad.  "Todo ello –dice la Fiscalía en uno de los párrafos– sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo en sede administrativa la Agencia Tributaria".

Acordado el último día laborable previo a la apertura del año judicial que el lunes presidirá Felipe VI, el cerrojazo da oxígeno al monarca emérito pero no disuelve por completo el peligro de que acabe investigado. Porque la Fiscalía Anticorrupción ya ha confirmado que, ahora sin conexión alguna con el caso del controvertido excomisario José Manuel Villarejo, abrirá una investigación sobre lo que considera la parte más sólida del relato de la empresaria: aquella donde su antaño "amiga entrañable" sostiene que el rey emérito reclamó para sí parte de los 80 millones cuyo pago en concepto de mordidas atribuye al consorcio que en octubre de 2011 se hizo con la construcción del AVE saudí por 6.700 millones de euros.

Aunque las pesquisas se abren por presunta corrupción en las transacciones comerciales internacionales y ese delito, de existir, habría sido cometido en 2011 –es decir, cuando el rey permanecía en el ejercicio de su cargo y era por tanto inviolable–, la Fiscalía no descarta que la investigación pudiera alcanzarle si surgen indicios de un delito posterior: el de blanqueo destinado a aflorar el dinero de esas supuestas mordidas. 

Las fuentes consultadas por infoLibre invocan el principio de máxima cautela, sobre todo porque la investigación ni siquiera ha comenzado. Pero conceden que si hubo blanqueo después de que Juan Carlos de Borbón abdicase en junio de 2014, sería factible investigarle. En ese supuesto, el caso debería pasar de inmediato al Supremo, único tribunal con competencias para someter al rey emérito a una investigación de índole penal.

La otra gran incógnita ahora pendiente se refiere al papel de la Agencia Tributaria. La nota pública donde la Fiscalía Anticorrupción confirmaba este viernes que había pedido el archivo de la pieza. 

La Fiscalía no ha decidido aún si en esas diligencias llamará de manera inmediata a Corinna a prestar declaración ni si hará comparecer antes al fundador de OHL, el empresario Juan Miguel Villar Mir, ya imputado por partida doble en los casos Lezo y Púnica y señalado en las grabaciones como el canalizador de las comisiones. Pero, salvo en la hipótesis remota de que Arabia Saudí ya estuviese investigando el asunto -con lo cual España no sería competente–, la investigación irá adelante. ¿Hasta dónde? No se sabe. Juristas y políticos sondeados por infoLibre se muestran escépticos ante la posibilidad de que las diligencias terminen golpeando a Juan Carlos de Borbón.

¿Puede ratificar Corinna, llegado el caso, el contenido de las grabaciones y añadir más datos sin incriminarse ella misma? Es una de las incógnitas pendientes. Cuando sus interlocutores le preguntan cómo habría llegado el dinero del AVE a La Meca al rey emérito, los audios muestran que Corinna contesta de forma afirmativa al escuchar de nuevo el nombre de "Villar Mir". Pero luego matiza: "A través de los saudíes". 

"De forma repentina –dice–, en 2012 pude ver en una anotación bancaria un importante volumen de dinero y le pregunté de dónde viene. Y él contestó de Arabia Saudí. Yo no sé quién lo mandó, pero sé que es Canonica [abogado suizo que trabajó con Arturo Fasana, gestor de los miembros de la trama Gürtel y titular de la enigmática cuenta buzón bautizada como Soleado] quien lo hizo. Otra vez Canonica".

El Código Penal castiga el delito de corrupción internacional  con hasta seis años de cárcel, con lo que prescribiría a los 10 años de su perpetración, es decir, en 2021 si los pagos se hubieran efectuado en 2011. Fuentes de la investigación consultadas por infoLibre sostienen que el relato de Corinna sobre esa comisión de 80 millones por el contrato saudí presenta al padre del actual jefe del Estado como un eventual cooperador necesario en el delito de corrupción en transacciones internacionales aunque la inviolabilidad actuaría aquí de escudo protector.

¿Un relato falso por despecho?

El auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea dicta el sobreseimiento de las diligencias sobre las grabaciones a Corinna se sustenta en un argumento distinto al aplicado en otros casos de corrupción como, por ejemplo, el que mantiene como investigados a los miembros de la familia de Jordi Pujol.

Ahí, la denuncia de la exnovia de Jordi Pujol hijo, Victoria Álvarez, operó como detonante de la investigación. Y su testimonio fue aceptado pese a que su relación con Pujol Ferrusola ya estaba rota.

Ahora, y aunque evitando lanzar una acusación directa, el juez De Egea viene a argumentar que el relato de hechos desplegado en 2015 contra Juan Carlos de Borbón por Corinna zu Sayn Wittgenstein ante el comisario Villarejo y el empresario Juan Villalonga carece de credibilidad porque podría ser fruto del despecho por la ruptura.

"La única base de los hechos que se imputan a D. Juan Carlos I –escribe el juez– es el relato de los mismos hecho por D. Corinna, naturalmente deducidos de la relación de amistad entre ambos". Pero –prosigue el auto más adelante– para que la declaración del testigo surta efecto como prueba de cargo debe ser creíble. O, dicho al revés, no debe estar contaminada por "un posible móvil espurio, de resentimiento, venganza o enemistad".

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Fuentes de Anticorrupción aseguran que la pretendida falta de credibilidad por despecho no formaba parte de los argumentos con que el ministerio público pidió el archivo.

Lo que sostiene Anticorrupción es que los datos aportados en las grabaciones son "notoriamente insuficientes" para avanzar en la tramitación de la pieza: ni los concernientes a la supuesta ocultación de un terreno en Marrakech que habría sido puesto a nombre de Corinna, ni los que se refieren a las cuentas cuya tenencia se atribuye –lo hace Villarejo, no Corinna– al rey bajo "nombre falso".