Caso 3 por ciento
El juez del 3% pide documentación en dos empresas públicas catalanas por posibles amaños
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado este martes registros en ocho empresas, así como 13 despachos profesionales, y requerimientos en la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña y la Autoridad Catalana de la Competencia para investigar posibles amaños en concursos para adjudicaciones públicas en esa comunidad autónoma, según han informado fuentes jurídicas y policiales. La Guardia Civil eleva a 15 el número de investigados.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acaba de abrir esta nueva causa, que deriva de otra que instruye desde hace unos meses, la del denominado caso 3% sobre el pago de comisiones ilegales en las adjudicaciones de obra pública. Mientras investigaba esta causa, De la Mata encontró indicios que apuntan a nueve empresas privadas de ingeniería que se presentaban a los concursos y luego pactaban entre sí para hacerse con los contratos.
Según ha informado la Guardia Civil, la investigación comenzó con el análisis de una serie de correos electrónicos de uno de los investigados. Fechados entre los años 2008 y 2011, de estos correos se obtuvo que determinadas empresas privadas, en connivencia con el sector público de la Generalitat de Cataluña, se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones públicas. Mediante dicho pacto, las empresas privadas que lo integraban acordaban la cuantía de las ofertas que deberían presentar para excluir a las empresas competidoras que eran ajenas al mismo. Del mismo modo, las pesquisas de los investigadores han conseguido demostrar la participación de numerosas empresas públicas de la Generalitat en el entramado corrupto. Fuentes jurídicas apuntan que la investigación se centra en la actividad del expresidente de Infraestructuras de la Generalitat, Joan Lluís Quer, y del exdirector general Josep Antoni Rosell, que es la persona que vincula el 3% con esta nueva causa.
La Guardia Civil investiga el posible direccionamiento irregular de numerosos expedientes de contratación pública, constatándose la celebración de diversas citas con este objeto, entre los empresarios adjudicatarios y miembros del poder adjudicador. Los delitos que se investigan son los de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación, además de financiación ilegal de partido político, al ser una causa que deriva del caso 3% sobre la financiación irregular de Convèrgencia Democràtica de Catalunya (CDC). Se trata, según explican estas fuentes, de culminar lo que ya se empezó en el Juzgado de El Vendrell (Tarragona), que fue el que comenzó la investigación del caso 3% antes de que se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional.
Empresas de Barcelona, Lleida, Vizcaya y Sevilla
Las fuentes consultadas han explicado que al hallar los indicios necesarios el magistrado decidió abrir unas diligencias aparte del caso 3% y uno de los primeros pasos ha sido el registro de ocho empresas en las provincias de Barcelona, Lérida, Vizcaya y Sevilla, además de solicitar a las dos mencionadas sociedades públicas catalanas los expedientes de los contratos. Así, desde las nueve de esta mañana, agentes del Servicio de Informacion de la Guardia Civil están efectuando las entradas y registros —como la de la empresa Sener el Getxo—, así como los requerimientos, pero fuentes de la investigación han descartado de momento que vayan a efectuar detenciones.
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En las actuaciones llevadas a cabo, se ha procedido al requerimiento judicial de los 10 expedientes objeto de investigación, que obran en poder de la empresa pública de Infraestructuras de Cataluña como órgano licitador y adjudicador de los mismos, para su posterior estudio y análisis. Por otra parte, se ha entregado un mandamiento judicial dirigido a la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco)para que aporte cuantas actuaciones haya realizado en relación con el entramado de empresas que estarían involucradas en la adjudicación de determinados concursos.
Precisamente, el director general de la Acco, Marc Realp, ha dejado claro que la Guardia Civil no ha registrado a ningún miembro del personal del organismo, y que el requerimiento de información es únicamente sobre este expediente que la Acco aún no ha incoado. "Hicimos unas inspecciones domiciliarias a unas empresas y la Guardia Civil quiere tener acceso a esta información, pero nuestro personal no está implicado", ha insistido Realp, que ha indicado que este requerimiento también se podría haber realizado por escrito.
El expediente no es público y, por tanto, no han trascendido las empresas inspeccionadas: "Hicimos una inspección para investigar indicios de práctica ilícita en términos de competencia, pero aún no hemos determinado si estos indicios son claros para incoar el expediente".
