PP, Cs y Vox no pueden cerrar Canal Sur sin el apoyo de los andaluces en un referéndum

La derecha andaluza no puede cerrar Canal Sur sin el respaldo de los andaluces en un referéndum, por mucho que la formación ultraderechista liderada por Santiago Abascal haya puesto esa condición para facilitar una investidura que desaloje al PSOE de la Junta de Andalucía.

Para cerrar Canal Sur es necesario suprimir el artículo 210.3 del estatuto andaluz, que obliga a la comunidad autónoma a tener “un servicio de radiotelevisión pública”. “Mientras no sea reformado el Estatuto de Autonomía” debe haber “al menos un canal de radio y televisión de titularidad pública y gestionado de manera directa por la Administración”, como corroboran los servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía. Otra cosa es que tengan que tener la entidad de la actual RTVA o puedan ser algo mucho más limitado en términos de presupuesto y capacidad de penetración social.

De hecho, si la Junta decidiese privatizar la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), estaría obligada a crear al menos un canal de radio y otro de televisión para sustituirla.

Suprimir el artículo que obliga a la comunidad andaluza a tener “un servicio de radiotelevisión pública” es posible, pero exige una propuesta que cuente con el respaldo de al menos 72 diputados, dos tercios de la Cámara. Así lo establecen el procedimiento para la reforma del estatuto, incluso si los promotores de la iniciativa decidiesen hacer uso del llamado “procedimiento simplificado”, el que regula el articulo 249 del estatuto, como reconocen los servicios jurídicos de la Cámara andaluza y ha certificado, a instancias de infoLibre, Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional efe la Universidad de Granada, informa Ángel Munárriz.

72 diputados es una cifra que está fuera del alcance de una hipotética alianza entre las dos derechas (PP y Cs) y la ultraderecha de Vox, que suman 59 escaños (26, 21 y 12, respectivamente). Y aunque no fuera así, la derecha tendría que superar un último obstáculo: la supresión del artículo que mandata la exigencia de la radiotelevisión andaluza tendría que ser refrendada por los andaluces a través de un referéndum, como cualquier otra reforma estatutaria.

Así lo reconoció el PP andaluz apenas unas horas después de que su secretario general, el murciano Teodoro García Egea, sugiriera en una entrevista emitida por Antena 3 la disposición de su partido a aceptar la propuesta de Vox de cerrar RTVA, una idea a la que, de momento, Ciudadanos no se ha opuesto. Para poner fin a las especulaciones en torno a esta posibilidad, que inmediatamente desató la preocupación en las filas del PSOE y de Adelante Andalucía y especialmente entre los trabajadores de la radio y la televisión andaluza, la formación de Pablo Casado distribuyó entre sus dirigentes un argumentario en el que subraya que la existencia de RTVA es una previsión estatutaria que sólo puede modificarse por mayoría de dos tercios del Parlamento, inviable en estos momentos, y exige la convocatoria de un referéndum.

Eso no significa que el PP de Juanma Moreno renuncie a modificar el actual modelo de RTVA. El argumentario afirma que lo que pretende es que Canal Sur sea “un servicio público al servicio de los andaluces y no un instrumento político al servicio de ningún partido”.

Juanma Moreno asegura que en Andalucía se necesita “otro modelo de televisión pública” en el que sus profesionales, que “los hay muy buenos, tengan la voz y el protagonismo y tener así una televisión equilibrada, independiente y de calidad, para que los andaluces podamos disfrutarla”.

El Consejo está en funciones desde 2014

La actual ley de la radio y televisión pública en Andalucía data de 2007 y establece un Consejo de Administración de quince miembros que, tras la reforma de hace 11 años, se elige por una mayoría del Parlamento andaluz de tres quintos —la Cámara también decide, por el mismo procedimiento, cuál de sus integrantes se convierte en presidente; antes era una decisión del Gobierno autonómico—. El mandato es de seis años, para desvincularlo de las legislaturas políticas, que no pueden durar más de cuatro.

El anterior Parlamento andaluz fue incapaz de cumplir la ley. Los quince miembros actuales del Consejo de Administración de la RTVA están en situación de interinidad desde que agotaron su mandato en mayo de 2014 y su renovación sólo será posible mediante un amplio acuerdo que sume a PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía los votos del PSOE o de Vox. A menos que, tal y como sugiere la formación de Juanma Moreno, PP, Cs y Vox utilicen su mayoría absoluta para modificar por su cuenta la ley que regula la radio y la televisión pública en Andalucía y cambien las reglas de juego como hizo Mariano Rajoy con RTVE nada más ganar las elecciones de 2011.

Desde que las elecciones andaluzas confirmaron su entrada en el Parlamento andaluz con doce escaños, Vox ha incluido entre las propuestas que trasladará a PP y Cs el cierre de Canal Sur, aunque hasta este miércoles, como reconoció su presidente, Santiago Abascal, desconocían que hiciera falta una mayoría de dos tercios y un referéndum. En conversación con los periodistas, Abascal admitió que quizá tuvieran que “replantear” su propuesta.

La idea de suprimir Canal Sur ha motivado una inmediata respuesta por parte del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), con el respaldo del conjunto de organizaciones que forman parte de la red de colegios de periodistas de toda España en representación de los profesionales de Cataluña, Galicia, Murcia, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Navarra y País Vasco. También se ha pronunciado en contra el Consejo de Informativos de RTVE, para el que “la única reforma posible sólo puede pasar por potenciarlo y por mejorar las garantías de independencia de todo poder político”.

 

El CPPA, a través de un comunicado, rechazó “cualquier intento de limitar la libertad de expresión y poner en riesgo uno de los principios básicos de la democracia”.

La información pública es “un derecho fundamental” y el Colegio de Periodistas de Andalucía “no permanecerá impasible ante la amenaza del cierre de la Radio Televisión Pública autonómica por meros intereses políticos, ni permitirá que se ponga en duda el trabajo de los medios y sus profesionales”.

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Los medios públicos, como señala la Unesco, “deben estar protegidos institucionalmente y deben tener garantizada su financiación para que puedan ejercer sus funciones centrales para la consolidación de las democracias”.

Los periodistas andaluces se proponen mantenerse “firmes en su defensa” con el fin de “garantizar un servicio público que es esencial para la ciudadanía, que debe ser reflejo de la diversidad cultural, política y de cualquier otra índole, desde la independencia y el respeto a un necesario marco de convivencia pacífica en Andalucía, bajo los principios de la igualdad y la no discriminación”.