Uno de los asesores de Casado hizo el informe que permitió dar a dedo a una asociación privada el reparto de 80 millones públicos

José María Rotellar, uno de los expertos incorporados por Pablo Casado a su gabinete económico, jugó un papel determinante para que el Gobierno de Madrid entregara a dedo en mayo de 2011 la gestión y reparto de 80 millones públicos a Madrid Network, una asociación privada que jamás ha hecho públicas sus cuentas. Fue Rotellar quien, como director general de Economía, suscribió un informe que definía a Madrid Network como "la única entidad" madrileña capaz de gestionar aquel inmenso paquete destinado a apoyar la innovación empresarial con créditos a intereses bajísimos y cinco años de carencia.

De 47 proyectos financiados, 16 no devolvieron el dinero, lo que obligó a Madrid Network a embarcarse en diversos litigios judiciales. Entre los beneficiarios figuraban dos antiguos altos cargos del Gobierno de Madrid. Y ambos engrosaron la nómina de quienes se negaron luego a devolver los fondos. 

Los dos antiguos cargos del Ejecutivo madrileño que se resistieron a devolver el dinero prestado por Madrid Network eran Manuel Lamela, quien como consejero de Sanidad de Madrid en la pasada década dejó tras sí como principal hito la persecución contra facultativos del hospital Severo Ochoa bajo el argumento de que una denuncia anónima les acusaba de matar a decenas de pacientes mediante sedaciones terminales; e Ildefonso de Miguel, que fue gerente del Canal de Isabel II bajo la batuta de Ignacio González y que ahora comparte con él la condición de imputado por la Operación Lezo.

En 2017, Lamela se negó a devolver medio millón, aunque este periódico ignora si finalmente se vio obligado a pagar. El pufo de Ildefonso de Miguel fue aún mayor: también ese año trascendió que el exgerente de la empresa pública de aguas no solo había dejado sin devolver los 2,3 millones que obtuvo en 2011 sino que reclamó a Madrid Network daños y perjuicios.

En teoría, el reparto de aquellos 80 millones (originalmente eran 98,5 pero 18,5 millones no llegaron a estar en circulación) debía quedar en manos de la Administración madrileña. Y así lo estipulaba el convenio suscrito el 27 de octubre de 2010 por la Comunidad y el Ministerio de Ciencia bajo la dirección de Cristina Garmendia. Pero un mes y medio después, Aguirre liquidó de un plumazo el organismo público que, según el convenio, debía encargarse de asignar préstamos a las empresas madrileñas: el Imade, cuyas actividades centran una de las líneas de investigación en la Operación Púnica. Una vez fulminado el Imade, el Ejecutivo regional decidió encomendar la tarea, sin que mediase concurrencia de ningún tipo, a Madrid Network.

Y es ahí donde el informe de Rotellar resultó crucial. El entonces director general –luego fue viceconsejero de Hacienda en el Gobierno de Ignacio González– ensalzó a Madrid Network  por su  capacidad de garantizar "la máxima rapidez en la canalización de la financiación". Y la presentó como la única destinataria posible del encargo dada "su naturaleza jurídica y sus fines estatutarios", su potencia como vértice de unión de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y la patronal y su envergadura al agrupar "empresas que suponen el 40% del PIB regional". El informe no decía en qué fuente sustentaba esa afirmación.

Todavía entonces bajo el Gobierno de Zapatero, el Ministerio de Ciencia y Tecnología no planteó obstáculos a aquella sorpresiva cesión de poderes de la Administración pública madrileña a una asociación privada. En mayo de 2017, el digital vozpopuli.com desveló que empresas de biotecnología vinculadas a Cristina Garmendia habían terminado recibiendo préstamos de Madrid Network. 

La fundación liberal y el aplauso de Aguirre

Cuando firmó como director general aquel informe de mayo de 2011 en favor de Madrid Network, el propio Rotellar formaba parte de la junta directiva de la entidad. Porque Madrid Network había sido constituida en mayo de 2007 con el impulso directo del Ejecutivo regional y sus dos máximos aliados: la patronal regional CEIM y la Cámara de Comercio, ambas entonces bajo control de Arturo Fernández, amigo de la infancia de Esperanza Aguirre y hoy imputado en la Operación Púnica. La Comunidad, la CEIM y la Cámara fueron sus tres socios fundadores. Pero la entidad que alumbraron siempre tuvo la condición de asociación privada eximida de publicar sus cuentas. 

Quien ahora se cuenta entre los asesores económicos de Pablo Casado ya tenía en 2011 marchamo de miembro del sector liberal del PP. Fue él quien en nombre de una efímera fundación constituida por cargos de segundo nivel del partido en Madrid, la Fundación para la Investigación y los Estudios Liberales (FIEL), rubricó en 2008 el acuerdo con Caja Madrid por el que la entidad financiera predecesora de la rescatada Bankia aportaba a Fundación FIEL una subvención de 427.000 euros. Fundación FIEL, de la que se conocen algunas colaboraciones con FAES, se extinguió en diciembre de 2012. En solo dos años –2008 y 2009– había obtenido de Caja Madrid 854.000 euros.

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Luego, y tras su etapa como viceconsejero de Hacienda, Rotellar se enroló en 2015 en la candidatura de Esperanza Aguirre al Ayuntamiento de Madrid. Pero su paso por la corporación municipal fue breve: en septiembre de ese mismo año dejó el acta para saltar a la empresa privada.

Aguirre, que le definió como un "excelente" economista, aplaudió su decisión. Rotellar, dijo, demostraba así que la política "no es una profesión". "Le han ofrecido trabajo en una empresa privada, en una gran empresa, y no puedo más que felicitarle. El ambiente actual dificulta muchísimo la puerta giratoria de salida a un político. Lamento también que esa dificultad de salida también se convierte en dificultad de entrada", apostilló la expresidenta de Madrid.