Rivera propone eliminar los límites a las investigaciones penales tras bloquear más de 50 veces esa medida en el Congreso

Después de un último año de legislatura marcado por las huelgas, jueces y fiscales se encontraban expectantes por las medidas que en materia judicial planteasen los partidos políticos en sus programas electorales para el 28 de abril. Y las diferentes formaciones han respondido con una batería de medidas que se ajustan a las principales demandas de las asociaciones del gremio. Así, la mayoría de los partidos han puesto sobre la mesa desde un incremento de los recursos materiales y personales hasta un replanteamiento del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), orientado a erradicar la influencia política en el máximo órgano de gobierno de los jueces. Además, PSOE y Ciudadanos se han comprometido a poner fin a los plazos máximos de instrucción de las causas penales que fijó el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que los fiscales consideran un obstáculo a la hora de abordar macrocausas complejas de corrupción. Una reforma que, sin embargo, la formación presidida por Albert Rivera bloqueó la pasada legislatura junto al PP en más de medio centenar de ocasiones.

En junio de 2015, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) impulsada por el entonces Gobierno conservador. Entre sus novedades, la nueva norma fijó unos plazos máximos de instrucción de causas penales para obligar a los jueces a resolver las pesquisas en un tiempo “razonable”, en palabras del entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá. En concreto, el artículo 324 de la Lecrim estableció que “las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”. No obstante, contemplaba para los casos en los que la instrucción fuera declarada compleja un tope de dieciocho meses, prorrogables por el instructor de la causa “por igual plazo o uno inferior” a instancia del Ministerio Público. En resumen, el tiempo máximo puede oscilar entre los 18 y los 36 meses. Un sistema de plazos que, en opinión de los fiscales, puede provocar el archivo automático de las causas cuando el tiempo se agote.

Las reclamaciones de jueces y fiscales llegaron en abril de 2017 al Congreso de los Diputados de la mano de Unidos Podemos, que registró una proposición de ley con un artículo único: “Queda derogado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Un mes después, el Pleno de la Cámara Baja aprobó con 204 votos a favor, 132 en contra –del Grupo Parlamentario Popular– y 2 abstenciones del Grupo Mixto la toma en consideración. Entonces, la proposición de ley se remitió a la Comisión de Justicia y se abrió el plazo de enmiendas previo a la aprobación definitiva por el Pleno. Y ahí se quedó atascada la iniciativa. Durante meses, la Mesa del Congreso, controlada por el PP y Ciudadanos, amplió semanalmente los plazos para que las formaciones pudieran incluir modificaciones sobre un texto de solo once palabras. En total, la formación conservadora y el partido naranja forzaron más de medio centenar de prórrogas ante la indignación de las asociaciones profesionales de fiscales. La convocatoria de elecciones enterró definitivamente la proposición de ley.

Ahora, el PSOE y, curiosamente, Ciudadanos rescatan esta medida en sus programas electorales. “Eliminar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido por el Gobierno del PP en 2015, para evitar que el establecimiento de plazos de caducidad de los procedimientos se convierta en una ventana para la impunidad de aquellos que están encausados por delitos graves como el narcotráfico, el terrorismo o la corrupción”, señalan los socialistas sobre unos plazos de instrucción que, por ejemplo, permitieron que el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez esquivase el pasado mes de diciembre una de las tres causas por corrupción en las que ha sido señalado. “Acabaremos con las limitaciones temporales a la investigación judicial que impiden la resolución efectiva de casos de corrupción complejos”, señala, por su parte, la formación liderada por Albert Rivera en su programa electoral. Una medida que, sin embargo, no ha sido incluida por Podemos en su documento de propuestas.

Los socialistas, además, van un paso más allá y plantean la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se atribuya la dirección de la investigación a los fiscales. En relación con el Ministerio Público, Ciudadanos también propone cortar “el cordón umbilical” entre el fiscal general del Estado y el Gobierno con el objetivo de que “el poder político no influya en su labor constitucional”. “Reformaremos el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para exigir que el fiscal general del Estado deba ser ratificado por una mayoría cualificada del Congreso de los Diputados, tras acreditar 25 años de ejercicio profesional y no tener ninguna vinculación con ningún partido político. Será elegido por un periodo de seis años”, recoge la formación naranja en su programa.

Independencia judicial

En las dos huelgas montadas en los últimos compases de legislatura –la primera con el Gobierno Rajoy y la segunda con el Ejecutivo Sánchez–, jueces y fiscales exigieron una reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para poner fin a la influencia política sobre el órgano de gobierno de los jueces. Una reclamación en la que insistieron, sobre todo, después de conocerse el famoso whatsapp que el exportavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó envió a los miembros de su partido en la Cámara Alta cinco días después de conocerse el principio de acuerdo entre conservadores y socialistas para la renovación del CGPJ. Un mensaje en el que Cosidó celebraba el “esperanzador” reparto para el PP del Poder Judicial, que estaría presidido por el magistrado Manuel Marchena. “Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional (...). Y además controlando la sala segunda –la Sala de lo Penal– desde detrás”, escribía el exsenador sobre un pacto que, finalmente, acabó rompiéndose.

Todos los partidos, a excepción del PSOE, han tomado nota de las peticiones del gremio judicial y han incorporado en sus programas la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. En la actualidad, los veinte vocales –ocho juristas de reconocida competencia y doce de procedencia judicial– son designados por las Cortes Generales por mayoría de tres quintos de sus miembros. Sin embargo, en sus respectivos documentos de propuestas, PP y Ciudadanos plantean modificar este mecanismo de reparto para que la docena de vocales correspondientes al turno judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados, en línea con lo que también han recomendado a España tanto el Comité de Ministros del Consejo de Europa como el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Vox, por su parte, fija en su documento 100 medidas para la España viva –única guía de medidas ante la ausencia de programa electoral– que los veinte vocales del CGPJ sean elegidos “entre quienes son parte de la comunidad de justicia”.

Podemos también promete “reforzar” la “independencia” del órgano de gobierno de los jueces “a través de un sistema de elección directa por la ciudadanía”. Sin embargo, son conscientes de que para ello es necesaria una reforma constitucional. Por eso, hasta que se abra el melón de la Ley Fundamental, proponen mejorar “el sistema parlamentario de elección de vocales” para incrementar “la pluralidad y la transparencia” en la designación de la docena de miembros de procedencia judicial, incluyendo “la posibilidad de propuesta de candidaturas avaladas por la ciudadanía y las comparecencias públicas iguales a las de procedencia no judicial”. “El CGPJ deberá cumplir escrupulosamente, en todos los nombramientos discrecionales, los principios de mérito, capacidad y paridad de género para compensar la actual infrarrepresentación de las mujeres en la cúpula judicial”, completa el documento de propuestas. En la actualidad, nueve de los 21 miembros del Poder Judicial –contando el presidente más los vocales– son mujeres.

El partido liderado por Pablo Iglesias también propone, en relación con la independencia judicial, “volver a prestigiar” el Tribunal Supremo. “Con la supresión de los aforamientos, la Sala Segunda de lo Penal tendrá menos peso. Asimismo, la aplicación estricta de los principios de mérito, capacidad y paridad de género restablecerá el prestigio perdido de todas sus salas, en especial, la Tercera”, dice Podemos en relación con la sección de lo Contencioso del Alto Tribunal, que a finales del año pasado quedó sumida en una profunda crisis a raíz de la sentencia sobre el impuesto hipotecario. Además, la formación morada propone “despolitizar” el Tribunal Constitucional a través de un sistema de nombramientos “en el que prime el consenso y no las cuotas partidistas, contraproducentes para la elección de juristas de reconocido prestigio y para la garantía de su independencia respecto de los partidos políticos en el ejercicio de su cargo”. Un Constitucional que Vox propone, por su parte, suprimir, siendo asumidas sus funciones por una sexta Sala del Tribunal Supremo.

Modernización e incremento de recursos

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España está a la cola de la UE en número de jueces y magistrados por ciudadano. Según el cuadro de indicadores de la justicia en la Unión correspondiente a 2018, publicado hace un año por la Comisión Europea, tenemos doce por cada 100.000 habitantes, lo que nos sitúa muy lejos de los 45 que tiene Croacia y sólo por delante de Francia, Dinamarca, Malta, Italia, Irlanda y Reino Unido. Esta situación, unida al aumento de la litigiosidad, explica la lentitud en la resolución de los procedimientos. En 2017, por ejemplo, los juzgados de lo mercantil estaban tardando de media en despachar un asunto 17,1 meses, el doble de tiempo que antes de la crisis económica –8,1 meses en 2008–. Todos estos problemas, unidos a un sistema judicial anticuado o la percepción de falta de independencia, explican la enorme desafección de los españoles en relación con la justicia. Por ello, las asociaciones de jueces llevan reclamando en los últimos meses un incremento de la plantilla. Al menos, piden que se convoquen 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años, incluyendo el turno libre y el cuarto turno.

Todos los partidos, a excepción de Vox, plantean en sus programas medidas para curar los males que aquejan al sistema. Así, Ciudadanos promete “incrementar los recursos de la Administración de Justicia para asegurar la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos”, mejorando las condiciones de jueces, fiscales o letrados y realizando “una distribución efectiva de las cargas de trabajo”, además de implantar “una justicia eficaz y digital” con el objetivo de “cero papel”. En este sentido, el PSOE plantea un Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia que blinde “la inversión” y el “gasto” tanto en medios personales como materiales, mientras que el PP promete “un plan de inversiones” en nuevas sedes judiciales “para dignificar y mejorar los juzgados en toda España” y un fortalecimiento de los cuerpos nacionales de jueces y fiscales, así como el de letrados de la Administración de Justicia, “incrementando sus plantillas” a través de “una oposición libre y pública que garantice su independencia y capacidad técnica”.

Un sistema de acceso a la judicatura al que, en opinión de Podemos y el PSOE, hay que darle una vuelta. En su programa electoral, los socialistas sostienen que hay que introducir en la oposición “nuevas formas de evaluación de técnicas y de habilidades jurídicas y psicotécnicas no estrictamente memorísticas” y mecanismos que garanticen “la igualdad de oportunidades” independientemente de la situación socioeconómica de los aspirantes. En este sentido, desde Podemos se pone sobre la mesa un sistema concreto: “El proceso selectivo estará compuesto por una fase de formación universitaria pública de posgrado, avalada por la Escuela Judicial; unas pruebas de acceso a la Escuela Judicial, con preparación integrada en centros públicos de estudios jurídicos, que incluya test psicológicos; una prueba escrita anonimizada y corregida por el sistema de doble ciego y una prueba oral de argumentación jurídica; y una última fase de formación inicial que incluya conocimientos jurídicos y habilidades y capacidades específicas para un ejercicio acorde a sus fines constitucionales”.