Competencia multa a 34 editoriales con casi 34 millones por pactar el precio y la estrategia comercial de los libros de texto

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 33,8 millones de euros a 34 editoriales de libros de texto no universitarios y a la asociación ANELE por "crear un mecanismo para restringir políticas y condiciones comerciales", informa Europa Press.

Según informa el organismo, se ha desarticulado el mecanismo para coordinar políticas y condiciones comerciales en el marco del desarrollo y aplicación de un Código de Conducta para el sector editorial de libros de texto. Además, añade que también se ha puesto fin al pacto de determinadas editoriales para fijar el precio y condiciones comerciales del libro de texto digital alcanzado entre Anele y diez editoriales.

De este modo, informa de que a partir de una denuncia realizada por la Editorial Vicens Vives, se han sancionado dos conductas ilícitas: una infracción en relación con el desarrollo y aplicación del Código de Conducta para el sector editorial y otra infracción en relación con el libro digital. "Ambas son muy graves, según los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", indica la CNMC.

También recuerda que la comercialización de libros de texto tiene unas características peculiares, ya que las familias de los alumnos, que son las compradoras de los libros, no seleccionan el producto en función del precio porque están obligados a adquirir los libros de texto que se prescriban en el centro educativo donde asisten sus hijos. Además, hay etapas educativas de precio fijo (educación infantil, bachillerato y FP) y otras (educación primaria y ESO) con precio libre.

A ello, hay que añadir una regulación sobre los contenidos de los libros de texto no universitarios muy "clara y determinante". Asimismo, los centros educativos tienen la obligación legal de mantener los mismos libros de texto por periodos de al menos cuatro años, salvo que estuviera plenamente justificada su sustitución antes del tiempo establecido.

 

Por su parte, la editorial Santillana, sancionada con más de nueve millones de euros, ha anunciado que recurrirá ante los tribunales la millonaria sanción de la CNMC que la editorial "rechaza" por no "ajustarse a derecho" y "contener errores materiales". En un comunicado, expone que la resolución de la CNMV "descontextualiza la información recabada en el marco de la investigación, menoscabando la presunción de inocencia de las editoriales".

La asociación ANELE también ha anunciado este viernes interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra esta resolución, que ha calificado como "arbitraria e injusta".

Sanción de 2,95 millones de euros a la SGAE por abuso de dominio

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Asimismo, Competencia ha sancionado a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con 2,95 millones de euros por abuso de dominio en la gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual de autores y editores de obras musicales y audiovisuales, según ha informado este viernes en un comunicado. Por un lado, la CNMC sanciona a la SGAE por imponer unas condiciones estatutarias y contractuales que "restringen injustificadamente la libertad de sus socios" para decidir si atribuyen o le retiran en parte a dicha entidad la gestión de sus derechos.

Asimismo, Competencia multa a la entidad de derechos de autor por su posición dominante en la concesión de autorizaciones y remuneraciones mediante la venta de paquetes de autorizaciones de reproducción y comunicación pública, así como por la ausencia de desglose tarifario entre el repertorio audiovisual y musical, en el sector del hospedaje y en el de restauración. Según señala la CNMC, al no existir dicho desglose, el usuario no podía conocer los costes reales ni comparar con otras ofertas de competidores de la SGAE.

Esta investigación se inició en 2017 tras las denuncias de las entidades Derechos de autor y Medios Audiovisuales (DAMA) y Unison Rights. Por todo ello, la CNMC insta a la SGAE a abstenerse de realizar conductas semejantes e impone una sanción de 2,9 millones de euros, tal y como establece la resolución contra la que no cabe recurso por la vía administrativa, pero sí recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.