La construcción de viviendas protegidas se desploma un 90% desde 2012

El precio del alquiler no deja de subir, los inquilinos españoles son unos de los europeos que tienen más dificultades para pagar su arrendamiento y, mientras tanto, la construcción de vivienda social se ha desplomado en los últimos años, especialmente desde 2013. Esas son algunas de las conclusiones que arroja el estudio Evolución reciente del mercado del alquiler de vivienda en España [consúltalo en PDF], elaborado por el Banco de España y publicado este jueves, que revela que, desde el año 2012, la finalización de vivienda protegida ha caído más de un 90%.

El barómetro del CIS correspondiente al pasado mes de junio reflejaba que el acceso a la vivienda se está convirtiendo, cada vez más, en un problema que preocupa a los ciudadanos. Tan solo un 4% de los encuestados lo consideraban una de sus principales inquietudes, pero aunque la cifra es baja, supone un fuerte crecimiento respecto a los datos de hace cinco años, cuando solo un 1,6% de los encuestados situaban la vivienda como uno de los mayores problemas de España. Y el barómetro evidenciaba, además, que prácticamente la mitad de los sondeados (un 47,6%) está a favor de promover la construcción de vivienda social para paliar el problema.

Pero las administraciones públicas, lejos de ir en esta dirección, han reducido  la construcción de viviendas de protección oficial hasta cifras irrisorias si se comparan con las de hace pocos años. Tal y como recoge el estudio del Banco de España, utilizando como fuente datos del Ministerio de Fomento, en el año 2018 finalizó la construcción de 5.191 viviendas protegidas en toda España. Esto supone un ligero repunte con respecto al año anterior –cuando solo se terminaron de edificar 4.938 viviendas sociales–, pero certifica el desplome que se ha producido desde el inicio de la crisis y, especialmente, a partir del año 2012, cuando se terminaron 53.332 viviendas de protección oficial: un 90,3% más que en 2018.

Es cierto que, a partir de 2008, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria conllevó una fuerte bajada del número de viviendas construidas también en el mercado libre, pero la fuerte caída de la oferta privada –un 90% menos de construcciones entre 2008 y 2018– no se ha visto compensada por una apuesta de las administraciones públicas por las edificaciones de protección oficial. Y eso que, al inicio de la crisis, las cifras de construcción de vivienda social ni siquiera se acercaban a las más altas que recoge el informe: en 2008 se finalizaron 68.587 viviendas públicas, un número sensiblemente inferior al de 1997, cuando se terminaron de edificar 85.028, el récord de la serie.

Una inversión escasa

Para Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters, el desplome de las cifras de construcción de vivienda pública no supone ninguna sorpresa. "Tiene mucha lógica que el número de viviendas de protección oficial nuevas haya ido disminuyendo porque el gasto público destinado a vivienda por parte del Estado ha ido disminuyendo de forma drástica durante la última década", denuncia Palomera, que explica que esta reducción se produjo especialmente durante "los gobiernos del PP", cuando bajó "aproximadamente un 75%" esta inversión precisamente en los años más duros de la crisis.

Para comparar, el activista ofrece una cifra: mientras en España "el gasto público destinado a vivienda es aproximadamente un 0,03% del PIB, en el Reino Unido supera el 1% del PIB", y además en el último plan de vivienda aprobado por el PP ni siquiera hay previstas partidas para desarrollar vivienda protegida. "Es indispensable y urgente desarrollar un sistema público de vivienda a la altura del sistema de sanidad, el educativo o el de pensiones", plantea Palomera, que afirma que "es fundamental tener un parque de vivienda público permanente" y que no se limite a atender a las personas más vulnerables, sino "a la mayoría social".

Pero ese parque público, según el portavoz del Sindicat de Llogaters, no puede venir solo de la construcción de nuevas viviendas sociales. Palomera alerta de que "ampliar el parque público de vivienda nunca bajará los precios de mercado, como algunos creen", y sostiene que "es necesario acompañar la promoción de vivienda pública con otras medidas, como la regulación de precios del alquiler y del suelo". Asimismo, tanto él como Alejandra Jacinto, abogada y portavoz de la PAH, apuestan por poner en marcha mecanismos para sacar al mercado viviendas que se encuentran vacías. "Lo fundamental es movilizar las viviendas vacías que ya están construidas", que según las cifras del INE de 2011 –las últimas disponibles– ascienden "a casi 3,5 millones", la mayor parte "en manos de entidades financieras", sostiene Jacinto, que propone la "cesión obligatoria del uso" de la propiedad, así como el establecimiento de incentivos fiscales o gravámenes para fomentar la puesta en circulación de las viviendas.

Un aumento de precios del 50%

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Pero el informe del Banco de España también recoge otras conclusiones sobre el cada vez más controvertido mercado del alquiler. Entre ellas destaca la relativa a los precios, que desde el último trimestre de 2013 –fecha en la que marcaron su mínimo– han aumentado en torno a un 50% de media en España. No obstante, el crecimiento de los precios no se ha producido por igual en todas las ciudades: mientras en capitales de provincia como Ciudad Real, Jaén, Cádiz o Huesca el incremento no ha llegado al 10%, en Santa Cruz de Tenerife roza el 40%, en Valencia, Las Palmas, Madrid y Málaga ronda el 45% y en Barcelona y Palma supera el 50%.

En comparación, recalca el informe, en el mismo periodo (2013-2019) el coste de la vivienda en propiedad ha subido tan solo un 6,8% de media, una cifra que sube al 14,5% si se toma como referencia el último trimestre de 2016, cuando los precios tocaron fondo. Muy lejos, en cualquier caso, del ascenso de los alquileres, lo que ha provocado que –como refleja el informe– la compra de viviendas para arrendar se haya convertido en una operación muy golosa para el propietario, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. Pese a las diferencias existentes entre cada ciudad, señala el documento del Banco de España, existe "una tendencia generalizada de incremento del atractivo de la inversión en alquiler residencial, en un contexto de reducidas rentabilidades en activos alternativos".

Además, el informe plantea que los afectados de este aumento de los precios son, fundamentalmente, los hogares más vulnerables. Pese a que España sigue estando por debajo de la media europea en el porcentaje de la población que vive en un domicilio que no es de su propiedad –un 23,9% frente al 30,7% del promedio–, en los últimos años las personas en esta situación han sobrepasado los tres millones, frente a los 2,4 millones de 2008. Y son fundamentalmente "los hogares jóvenes y los de origen extranjero" quienes han pasado a engrosar el grupo de los inquilinos, explica el estudio, que además señala que España es el tercer país de la UE con más alquilados que tienen que gastar más del 40% de su sueldo en pagar el alquiler –lo recomendado es destinar como máximo el 30%–, y el segundo con personas de bajos ingresos en esta situación, solo por detrás de Grecia.