Los casos 'Avalmadrid', 'Ayuso' e 'IBI'
Las claves para entender los tres escándalos que afectan a la presidenta Ayuso
"Yo no sé qué pretenden que hagamos mi madre y yo, nos podemos ir debajo de un puente, pero yo entiendo que no es eso [...] A mi padre le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía, lo heredáramos". En esas dos frases, pronunciadas por Isabel Díaz Ayuso en El programa del verano de Tele 5, se esconden algunas claves de cómo está afrontando la presidenta madrileña los tres escándalos que le afectan. "¿Qué pretenden que hagamos?". La respuesta que ofrece el Código Penal es que no se pueden cometer delitos para apropiarse de unos bienes que se han puesto como garantía de un préstamo. Las palabras de Ayuso, además, insisten en la estrategia de hablar de sus padres cuando los periodistas le preguntan por actuaciones que sólo le afectan a ella.
Los escándalos que protagoniza la presidenta madrileña del PP tienen algunos aspectos complejos, y ciertos hechos se entremezclan en uno y otro caso, pero lo que los tres esconden es muy fácil de entender.
Primero: trato de favor. Isabel Díaz Ayuso usó sus amistades dentro del Gobierno de Esperanza Aguirre para contactar con un directivo de Avalmadrid a quien pidió información sobre varias empresas y este empleado atendió su solicitud al entender que era un encargo que procedía directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Segundo: alzamiento de bienes. Isabel Díaz Ayuso es propietaria de un piso en el centro de Madrid que obtuvo presuntamente mediante la comisión de un delito.
Tercero: impago de impuestos. Isabel Díaz Ayuso es dueña, junto a su hermano, de una sociedad que estuvo cinco años sin pagar el IBI al Ayuntamiento de Madrid por un inmueble que estaba a su nombre.
Los hechos de los casos Avalmadrid, Ayuso e IBI fueron desvelados durante los dos últimos meses por infoLibre mientras la dirigente del PP no daba ni una sola explicación. Y cuando finalmente lo hizo esta semana en la entrevista de Tele 5, Ayuso mintió sobre su relación con Avalmadrid y ofreció cuatro datos falsos sobre el impago del IBI, tal y como demostró documentalmente este periódico.
Y luego está el asunto de la desigualdad. Escuchar el testimonio de Ascensión Lucha, una pequeña empresaria a la que Avalmadrid y Cobralia persiguieron durante diez años, ya era estremecedor cuando lo ofreció ante la Asamblea de Madrid el 14 de febrero de 2018. Oírlo ahora, cuando se sabe que Avalmadrid lleva siete años sin actuar contra los socios morosos de la empresa de los padres de Ayuso, plantea además evidentes cuestiones sobre la injusticia que supone el trato desigual que a veces reciben los ciudadanos.
"¿Qué pretenden que hagamos?". Pagar impuestos, no delinquir para obtener propiedades, no usar un cargo público para lograr favores, no mentir y recibir igual trato que los demás ciudadanos son exigencias básicas que se plantean a los políticos en las sociedades democráticas.
A continuación, infoLibre explica las claves de los tres escándalos que tienen una única protagonista: Isabel Díaz Ayuso. No sus padres, por mucho que se afane en desviar la atención hacia su familia, sino ella misma: la entonces diputada autonómica del PP y ahora presidenta de la Comunidad de Madrid.
'caso avalmadrid': El trato de favor
Isabel Díaz Ayuso realizó gestiones a principios de 2011 para saber "con qué persona había que hablar" sobre la concesión de un préstamo de Avalmadrid a MC Infortécnica SL, una empresa participada por sus padres. Medio año después, en julio de 2011, Ayuso recurrió a una alto cargo del Gobierno de Aguirre para que le pusiera en contacto con un directivo de Avalmadrid, a quien primero le pidió datos sobre la solvencia económica del grupo empresarial de sus padres y luego le solicitó información confidencial sobre otras compañías ajenas a su familia. El directivo consiguió parte de la información por sí mismo y solicitó más datos a otros trabajadores de la entidad de capital mixto, donde la Comunidad de Madrid es el principal accionista con el 31% del capital.
En otras palabras: empleados y recursos de Avalmadrid se pusieron a disposición de quien entonces ya era diputada del PP, no para una cuestión relacionada con el ejercicio de sus funciones, sino para un asunto de su estricto interés personal.
Cuando ya tenía la certeza de que la empresa no devolvería el crédito, Ayuso aceptó que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid que figuraba entre los bienes que tuvo en cuenta Avalmadrid para conceder el préstamo. Pese a que en la documentación analizada entonces por los ejecutivos de Avalmadrid consta el cambio de titularidad, no actuaron judicialmente y permitieron que Ayuso se apropiase del inmueble en perjuicio de la propia Avalmadrid.
El Código Penal (CP), en su artículo 419, castiga a "la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase". A efectos penales, los diputados autonómicos tienen consideración de autoridad (artículo 24 CP). Este delito se castiga con penas de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un máximo de 12 años. Los hechos no estarían prescritos (artículo 131 CP).
El resumen cronológico de la relación entre Isabel Díaz Ayuso y Avalmadrid es el siguiente:
- 5 de enero de 2011: MC Infortécnica SL solicita a Avalmadrid una operación de crédito-aval por importe de 400.000 euros. Los accionistas de la empresa son cuatro matrimonios, entre ellos los padres de Ayuso. La presidenta madrileña confesó esta semana que en ese momento ya hizo una primera gestión para saber "con qué persona" había que hablar para la concesión del préstamo. Sus palabras exactas fueron las siguientes: "Yo pregunté en ese momento simplemente con qué persona se podría hablar para que, si se daban las garantías, esa empresa solicitara un crédito y pudiera ser avalada. Pero yo no he mediado, yo no he presionado, yo no era nadie. No tenía ningún tipo de poder político. Y tiempo después entré en la Asamblea de Madrid como diputada". Esto último es una de las escasas verdades que de momento ha dicho Ayuso sobre sus tres escándalos: en ese momento trabajaba en Madrid Network y no se convirtió en diputada hasta el 15 de julio de aquel año. Eso sí, llevaba trabajando para el PP al menos desde enero de 2006 e incluso había estado adscrita al Gabinete de Presidencia de Esperanza Aguirre.
- 2 de febrero de 2011: el Comité Directivo de Avalmadrid aprueba la concesión del préstamo. La operación está garantizada con el aval solidario de los ocho socios y con una hipoteca sobre una nave en Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad del padre de Ayuso.
- 2 de marzo de 2011: el coordinador del departamento de Riesgos de Avalmadrid advierte por correo a sus superiores que, en la tasación de la nave, se indica expresamente lo siguiente: "Existe la posibilidad de que parte del inmueble sea derribado sin que el propietario pueda reclamar indemnización alguna", por incumplir la normativa urbanística. "En base a la advertencia se solicita autorización para seguir adelante", añade. El consejero delegado de Avalmadrid, Juan Luis Fernández-Rubíes, responde ese mismo día con dos palabras: "OK adelante".
- 15 de marzo de 2011: se escritura la operación. MC Infortécnica tiene que devolver el dinero en 36 meses. El primer plazo será el 15 de diciembre de 2011.
- 30 de junio de 2011: MC Infortécnica deja de pagar la nómina a sus trabajadores. Sólo han pasado tres meses desde que se embolsó los 400.000 euros.
- 13 de julio de 2011: Eva Piera, viceconsejera de Economía en el Gobierno de Esperanza Aguirre, diputada autonómica y miembro del consejo de administración de la propia Avalmadrid, se pone en contacto con un directivo de esta entidad para que atienda a Ayuso.
- 14 de julio de 2011: Ayuso se pone en contacto con el directivo de Avalmadrid contactado por Piera. Le pide información sobre la solvencia económica de diversas empresas del Grupo MC, cuya principal filial es MC Infortécnica SL. El empleado tramita la petición como si fuera un encargo de "Presidencia de la Comunidad de Madrid", tal y como deja por escrito en los correos que envía a otros trabajadores de Avalmadrid a los que encarga los informes para Ayuso.
- 14 de septiembre de 2011: Ayuso sigue en contacto con el directivo de Avalmadrid. Ese día quiere obtener información confidencial de varias compañías cuya propiedad atribuye a los socios de su padre, ya que sospecha que forman parte de una trama para dejar morir al Grupo MC y montar otras empresas dedicadas al mismo negocio. Se interesa por conocer "la actividad comercial, la facturación y quiénes son sus clientes".
- 23 de septiembre de 2011: el Grupo MC, que había iniciado el año con 40 trabajadores, despide a la práctica totalidad de la plantilla. Quedan sólo seis personas, las más vinculadas a los ejecutivos de la compañía. Entra en quiebra, aunque jamás presentará concurso de acreedores. Avalmadrid tampoco insta el concurso.
- 15 de diciembre de 2011: MC Infortécnica SL tiene que realizar el primer pago del préstamo por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses. No devuelve ni un euro.
- 2 de abril de 2012: el Comité de Morosidad de Avalmadrid decide cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y proceder contra los avalistas solidarios. Pero no hace nada de lo acordado (salvo cancelar el préstamo). Ese día, ya han desaparecido del patrimonio de Leonardo Díaz Álvarez y de Isabel Ayuso Puente todos los bienes que tenían a su disposición: el piso en Madrid que donan a su hija Isabel, la vivienda unifamiliar en Sotillo que donan a su hijo Tomás y una nave en el pueblo abulense que venden a terceros ajenos a la familia. Un cuarto inmueble, otra nave en Sotillo, no la pueden traspasar porque es la que está hipotecada. El Comité de Morosidad hace la vista gorda.
- 15 de mayo de 2012: La normativa interna de Avalmadrid obliga a judicializar un expediente como máximo en 15 días desde que realiza el primer pago al banco que puso el dinero del préstamo (en este caso, Caja España). Ese abono se produjo el 30 de abril, así que como muy tarde a mediados de mayo tenía que haber iniciado los trámites judiciales contra los morosos. No lo hizo.
- 16 de noviembre de 2012: el Comité de Morosidad de Avalmadrid vuelve a analizar el expediente de MC Infortécnica SL. Decide otra vez lo mismo: la ejecución hipotecaria de la nave y la ejecución dineraria de los socios morosos. Respecto a esto último, no hace nada. En ese momento, ya han desaparecido del patrimonio de los avalistas 7 de los 14 inmuebles que Avalmadrid había tenido en cuenta para la concesión del crédito. El Comité de Morosidad sigue haciendo la vista gorda.
- 26 de noviembre de 2012: Avalmadrid entrega el expediente a Cobralia, la empresa de cobro de deudas que utilizaba entonces.
- 28 de enero de 2013: el abogado de Cobralia presenta la demanda de ejecución hipotecaria de la nave de Sotillo en el Juzgado Nº 2 de Arenas de San Pedro (Ávila). Se confunde y, además de la escritura hipotecaria, entrega también el título que servía para actuar contra los socios morosos. Durante dos años, nadie en Avalmadrid se da por enterado de que no se ha iniciado el procedimiento contra los avalistas aprobado por dos veces en su Comité de Morosidad.
- Marzo de 2015: A la vista de la situación, Cobralia le pregunta a Avalmadrid qué hace. Y le plantea dos opciones para actuar contra los morosos. Avalmadrid jamás le responde.
- 1 de septiembre de 2019: Han pasado siete años, ocho meses y 16 días desde que los socios de MC Infortécnica SL dejaron el préstamo impagado. Pese a que todos ellos firmaron una póliza donde se comprometían a responder del dinero con todos sus bienes presentes y futuros, Avalmadrid jamás se lo reclamó y ellos aprovecharon para desprenderse de todos los inmuebles que tenían a su disposición en operaciones presuntamente delictivas de alzamiento de bienes.
'caso ayuso': El alzamiento de bienes
La legislación española, tanto civil como penal, castiga la transmisión de bienes cuando se realiza en fraude de acreedores.
El artículo 1297 del Código Civil presume “celebrados en fraude de acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito”. La donación es una enajenación a título gratuito. Los contratos en fraude de acreedores son rescindibles, durante un periodo de cuatro años desde que se celebran.
Por su parte, el artículo 257 del Código Penal castiga como delito de alzamiento de bienes aquella conducta que realiza un deudor con el objetivo de disminuir su patrimonio para frustrar el derecho del acreedor a cobrar su deuda. Se castiga enajenar u ocultar bienes una vez que el acreedor entabla un procedimiento de ejecución, pero también cuando es “previsible” que dicho procedimiento se vaya a iniciar. Así lo explica el Tribunal Supremo en múltiples sentencias donde fija su jurisprudencia sobre el alzamiento:
"[Los elementos de este delito son] 1º) existencia previa de crédito contra el sujeto activo del delito, que pueden ser vencidos, líquidos y exigibles, pero también es frecuente que el defraudador se adelante en conseguir una situación de insolvencia ante la conocida inminencia de que los créditos lleguen a su vencimiento, liquidez o exigibilidad, porque nada impide que, ante la perspectiva de una deuda, ya nacida pero todavía no ejercitable, alguien realice un verdadero y propio alzamiento de bienes" [SSTS 4396/2005, de 30 de junio, y 1738/2002, de 11 de marzo].
El autor del delito es quien enajena el bien en perjuicio de sus acreedores y quien lo adquiere es considerado cooperador necesario si conoce el propósito de la transmisión. El alzamiento está castigado con penas de cárcel de uno a cuatro años, que se elevan hasta un máximo de seis años si la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública. La diferente pena es importante a la hora de determinar la prescripción. Cuando la deuda que se trata de eludir es de Derecho Público, la prescripción se produce a los diez años, mientras que en el resto de los supuestos es a los cinco.
El conocimiento por parte de Ayuso del objeto de las donaciones recibidas es, en consecuencia, el elemento clave para determinar si la dirigente del PP pudo cometer un delito. Ya se conocen dos hechos que prueban la existencia de dicho conocimiento por parte de la entonces diputada del PP: un correo que ella misma escribió y la confesión que realizó esta semana durante una entrevista.
En cuanto a la prescripción, hay dos incógnitas por despejar antes de poder responder con seguridad. La primera es si las deudas de Avalmadrid se pueden considerar de Derecho público. Aunque en un reciente escrito la Fiscalía de Madrid manifestó que eran de Derecho privado, otros juristas e inspectores de Hacienda consultados por infoLibre sostienen lo contrario, a la vista de que entre el Gobierno autonómico y Caja Madrid controlaban entonces más del 50% de su capital. La segunda incógnita es saber si las dos donaciones que aceptó Ayuso sirvieron para burlar deudas de sus padres con Hacienda o la Seguridad Social. Si ambas incógnitas se terminan despejando de forma negativa —las de Avalmadrid no son deudas de Derecho público y no existían deudas con Hacienda o la Seguridad Social—, los presuntos delitos habrían prescrito a los cinco años. Si alguna de esas dudas se responde finalmente de forma afirmativa, no prescribirían hasta los diez años.
El resumen cronológico de los hechos es el siguiente:
- 15 de marzo de 2011: MC Infortécnica SL firma con Avalmadrid una operación de crédito-aval por importe de 400.000 euros. Los ochos accionistas de la empresa, entre ellos los padres de Ayuso, se convierten en avalistas solidarios del préstamo. Ello les obliga a responder de la devolución del dinero con todos los bienes presentes y futuros que tengan. Y el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de ellos, ya que cada uno responde por el total de la deuda.
- 30 de junio de 2011: MC Infortécnica deja de pagar la nómina a sus trabajadores.
- 14 de julio de 2011: Ayuso se pone en contacto con un directivo de Avalmadrid. Quiere saber si sus padres pueden perder su patrimonio en caso de impago del préstamo de MC Infortécnica SL.
- 14 de septiembre de 2011: La entonces diputada del PP sospecha que los socios de sus padres han dejado hundirse MC Infortécnica SL para constituir otras sociedades que realicen la misma actividad. Así se lo confiesa, a través de un correo electrónico, al directivo de Avalmadrid con el que lleva dos meses en contacto: "Si se pudiera demostrar que han montado empresas paralelas para desviar el negocio y dejar morir la otra". En otras palabras: Ayuso ya tiene en ese momento la certeza de que MC Infortécnica SL no devolverá el crédito.
- 23 de septiembre de 2011: El Grupo MC, que había iniciado el año con 40 trabajadores, despide a la práctica totalidad de la plantilla.
- 5 de octubre de 2011: Leonardo Díaz Álvarez presenta su “renuncia irrevocable” como administrador mancomunado de Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL, la matriz del grupo empresarial. Lo hace ante notario mediante una escritura en la que justifica su dimisión "debido a que todas las gestiones y actuaciones diarias y no diarias de la sociedad son llevadas exclusivamente por los otros dos administradores mancomunados”. Esos otros dos administradores eran José Manuel Pitarch y Juan Carlos Herrero.
- 7 de octubre de 2011: los padres de la dirigente del PP donan buena parte de sus bienes a sus dos hijos, Isabel y Tomás. A ella le correspondió la “nuda propiedad” de una vivienda de 90 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, uno de los más caros de Madrid, cuyo usufructo se reservaron sus padres (ahora lo mantiene la madre). A Tomás le dieron el pleno dominio de una vivienda unifamiliar de 212 metros construida sobre un terreno de 700 metros en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila).
- 15 de diciembre de 2011: MC Infortécnica SL tiene que realizar el primer pago del préstamo de Avalmadrid por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses No devuelve ni un euro.
- 16 de abril de 2012: Leonardo Díaz Álvarez dona el 100% de las participaciones de Sismédica SL a Isabel y Tomás. Dicha compañía era propietaria de un local de oficinas en la calle Antonio López de Madrid.
- 26 de agosto de 2019: En El programa del Verano de Tele 5, a preguntas de la periodista Ana Terradillos, la presidenta madrileña confiesa que el objeto de las donaciones era salvar los bienes de la familia de los acreedores. "Le preocupaba que el poco patrimonio que él tenía, lo heredáramos y entre ellos estaba esa sociedad, que a su vez tenía a su nombre una oficina", señala literalmente sobre la donación de Sismédica SL.
'caso ibi': El impago de impuestos
Isabel Díaz Ayuso incumplió durante cinco años su obligación de pagar el IBI al Ayuntamiento de Madrid por un inmueble de su propiedad.
La deuda la originó un local de oficinas situado en la calle Antonio López de Madrid, que estaba a nombre de la sociedad Sismédica SL. La entonces diputada del PP y su hermano aceptaron que su padre les donase esta sociedad en abril de 2012. Desde esa fecha jamás pagaron el IBI.
infoLibre desveló este hecho el pasado 7 de agosto. Esta semana, la presidenta madrileña intentó por primera vez justificar el impago, pero lo hizo aportando cuatro datos falsos.
Los cinco años de IBI impagados se corresponden con los recibos que Sismédica SL tenía que haber abonado en el otoño de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Durante todo ese tiempo, la empresa y el local eran propiedad de los hermanos Díaz Ayuso.
El pago del IBI correspondiente al año 2017, tras la subasta del inmueble y su adjudicación a una filial de Bankinter, ya no correspondía a Sismédica SL, sino al nuevo titular. El responsable del pago del IBI es siempre el titular del inmueble, con independencia de que esté en marcha un proceso de embargo.
El Ayuntamiento de Madrid siguió los trámites habituales para intentar cobrar la deuda, incluyendo la notificación a través de diarios oficiales, que se realiza cuando el obligado tributario no responde en su domicilio. Este periódico encontró hasta cinco notificaciones del Ayuntamiento de Madrid reclamando a Sismédica SL el pago de sus deudas.
De acuerdo con el precio de los recibos del IBI de la zona y los metros cuadrados del inmueble, y teniendo en cuenta que los impagos más antiguos llevan años acumulando intereses, fuentes tributarias consultadas por este periódico calculan que la deuda acumulada por Sismédica SL podría ser superior a los 3.500 euros.
Pese a las notificaciones de ejecución, el Ayuntamiento de Madrid nunca llegó a inscribir dicho embargo en el Registro de la Propiedad.
El resumen cronológico de los hechos es el siguiente.
16 de abril de 2012: Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás aceptan la donación, a partes iguales, de la totalidad de las participaciones de Sismédica SL. Dicha sociedad es propietaria de un local de oficinas en Madrid.
5 de septiembre de 2013: en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), número 6.998, página 819, se publica una diligencia de embargo contra Sismédica SL.
30 de junio de 2014: la empresa celebra una Junta Universal para aprobar las cuentas del ejercicio anterior. Los hermanos Díaz Ayuso acuerdan imputar a pérdidas de años anteriores los 6.295 euros de beneficios que habían obtenido en 2013.
5 de mayo de 2015: el Ayuntamiento publica en el BOAM número 7.405, página 391, una providencia de apremio y diligencia de acumulación de las deudas tributarias de Sismédica SL.
13 de enero de 2016: el Ayuntamiento publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 11, suplemento 1, página 7.013, una notificación de ejecución contra la sociedad.
11 de noviembre de 2016: el Ayuntamiento publica en el BOE número 273, suplemento 1, página 15.439, una notificación de ejecución contra Sismédica SL.
30 de diciembre de 2016: el Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid adjudica en subasta el inmueble a Bankinter, que solicitó la ejecución hipotecaria después de que Sismédica SL dejase impagado un préstamo. Bankinter, a su vez, cede el inmueble a su filial Intermobiliaria SA.
9 de agosto de 2017: el Ayuntamiento publica en el BOE número 189, suplemento 1, página 8.089, una notificación de ejecución contra Sismédica SL.
18 de octubre de 2017: el Juzgado dicta decreto de adjudicación de la oficina a favor de Intermobiliaria SA, que pasa a ser el nuevo titular del inmueble.
6 de junio de 2019: Ayuso incluye en su declaración de bienes y rentas que es propietaria del 50% de una sociedad limitada, que no identifica, pero que se trata de Sismédica SL. La sociedad está ahora inactiva y no tiene propiedades a su nombre.
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[Puedes consultar aquí todas las informaciones desveladas por infoLibre sobre el caso Ayuso]
