Los compromisos de transparencia que frena la repetición electoral

La parálisis que conlleva la repetición electoral lo contagia casi todo. Con la disolución de las Cortes, refrendada este martes por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet(PSOE), los contadores parlamentarios se ponen a cero. Decaen todas las iniciativas parlamentarias registradas por los diferentes grupos en Congreso y Senado y la Diputación Permanente, el órgano que ejerce las funciones del Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones o con las Cortes disueltas, tiene las funciones limitadas. Esto supone un frenazo importante para la transparencia por tres vías: la repetición electoral ha evitado que se conozcan las declaraciones de actividades de sus señorías. Además, paraliza los trabajos de las Cámaras para redactar códigos éticos homogéneos.

De forma paralela, la ley de transparencia no tiene todavía reglamento cuando está a punto de cumplir seis años.

Declaraciones de actividades

Cuando los parlamentarios adquieren tal condición tienen que presentar una declaración de bienes y rentas y una de actividades. La primera de ellas se hace pública en la página web del Congreso o Senado poco después de ser depositada en el registro. Pero la de actividades, la que autoriza que puedan compatibilizar el escaño con otras actividades privadas, no ve la luz hasta que recibe el visto bueno de la Comisión del Estatuto de los Diputados y, después, del Pleno. En esta breve XIII Legislatura no se han cumplido los trámites para la elaboración del dictamen que después debe recibir el visto bueno de la Cámara.

La LOREG, la ley electoral, refleja que la actividad parlamentaria "será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma". Pero hay una serie de excepciones que la Comisión del Estatuto de los Diputados se encarga de analizar que van de la docencia, el ejercicio de la medicina o la abogacía a la participación en tertulias en medios de comunicación.

No se trata de un mero trámite, sino de un proceso que ha llegado a dividir al hemiciclo. Tradicionalmente, los dictámenes se aprobaban por unanimidad. Pero en la XII  Legislatura, el PSOE se desmarcó del resto de grupos al considerar que la autorización al pluriempleo de los diputados debería reducirse al mínimo. Los socialistas eran partidarios de que sólo se permitiese la compatibilidad con la docencia ocasional, el ejercicio profesional puntual sin remunerar y la creación literaria o la participación en programas de medios de comunicación, también sin remunerar.

Los socialistas, que abogaban por la dedicación exclusiva, pretendían que una treintena de parlamentarios del PP, Unidos Podemos y Ciudadanos explicaran con detalle ante la Comisión del Estatuto de los Diputados las actividades para las que solicitaban compatibilidad. El grueso de éstas estaban relacionadas con el ejercicio de la abogacía o la consultoría. Se pretendía evitar casos como los que, en su día, afectaron a ya exparlamentarios comoFederico Trillo, Vicente Martínez-Pujalte, Gustavo de Arístegui o Pedro Gómez de la Serna, episodios que destaparon lucrativas actividades privadas al margen del escaño y con el mínimo control previo.

Sin conocer el documento definitivo de Suárez Illana

La disolución de las Cortes evita, entre otras cuestiones, que se conozca la forma definitiva en la que Adolfo Suárez Illana, número dos del PP por Madrid, ha plasmado sus actividades en la citada declaración.

Según ha desvelado infoLibre, Suárez Illana ocultó en su Declaración de Actividades que es administrador único de una empresa —Suárez & Illana Inversiones SL— que tiene intereses económicos millonarios en Andorra. En concreto, a 31 de diciembre de 2018, tenía en la entidad Vall Banc una cartera de valores de unos 7,5 millones de euros y un préstamo de 9,5 millones.

Adolfo Suárez tenía que haber declarado en el Congreso su doble condición de socio único y de administrador único de la compañía. Tenía que haber incluido en su Declaración de Bienes que es el dueño del 100% de las acciones de dicha empresa –lo que hizo correctamente– y haber señalado en su Declaración de Actividades que es el administrador único de la sociedad, algo que omitió, según desveló este diario.

Cuando desde infoLibre se informó al PP de la publicación de la información relativa a Suárez Illana, su portavoz indicó que iba a presentar de inmediato una ampliación de su declaración para incorporar los datos omitidos al principio, aunque entendía que no era obligatorio. 

Los plazos

En el decreto de convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre se establece también la fecha de constitución del Congreso y el Senado de la que será la XIV Legislatura. Está prevista para el martes 3 de diciembre a las 10.00 horas.

En estas sesiones constitutivas, que se producen de forma simultánea en ambas Cámaras, los parlamentarios adquieren la plena condición de diputados y senadores y son elegidos los miembros de la Mesas, sus órganos de gobierno.

A partir de ese momento, los diferentes grupos parlamentarios iniciarán las negociaciones para la constitución de las comisiones. Para hacernos una idea de los plazos, las Cortes de la XIII Legislatura se constituyeron el 21 de mayo. Y no hubo comisiones hasta el 30 de julio.

La publicación de las declaraciones de actividades de sus señorías depende de que sean analizadas por la Comisión del Estatuto de los Diputados, que después ha de elevar un dictamen a Pleno para su convalidación. 

En la XIII Legislatura han transcurrido cuatro meses desde la constitución de las Cortes y su disolución. Un periodo de tiempo en el que no hubo comisiones constituidas durante más de dos meses y, por tanto, la encargada de revisar y autorizar los trabajos extraparlamentarios de los diputados no inició sus trabajos.

Con estos plazos como base, las declaraciones de actividades de sus señorías de la XIV Legislatura no serán públicas hasta 2020. 

Código ético

Ante el desacuerdo de los grupos parlamentarios, la expresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor (Partido Popular), asumió la redacción del Código de Conducta de los diputados, una de las recomendaciones en materia de transparencia que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) había venido realizando al legislativo español en los últimos cinco años. Recibió luz verde en la reunión de la Mesa del Congreso del 28 de febrero y este documento ya ha sido de obligado cumplimiento para los diputados acreditados esta XIII Legislatura.

De carácter vinculante, establece obligaciones para los parlamentarios, como la publicación de la agenda institucional y las reuniones con grupos de interés. También crea una Oficina de Conflicto de Intereses, que pretende resolver las dudas, comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones incluidas en el Registro de Intereses e informar del cumplimiento del propio código. Y prevé que, además de las declaraciones de actividades y bienes, los diputados tengan que declarar aquellas actividades que hayan desempeñado en el pasado y que le hayan proporcionado ingresos económicos; la obtención para sí, antes de iniciar su actividad como diputado, de donaciones u obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que sea relevante por su valor u otra causa; o cualquier otro detalle que el parlamentario considere importante a efectos de conflicto de interés.

Con la disolución de las Cortes, la entrada en vigor de este código de conducta y la creación de la Oficina de Conflictos de Intereses también tendrán que esperar.

Del mismo modo, también se han frenado los trabajos conjuntos Congreso-Senado para que este código de conducta se aplique por igual en ambas Cámaras. Hasta este momento, sólo es de aplicación en la Cámara Baja. 

Según adelantó este diario, las Mesas de Congreso y Senado acordaron en una reunión conjunta de finales del mes de julio acabar con esta asimetría. Para ello, acordaron trabajar en una propuesta común. Se trataba de que senadores y diputados estuviesen vinculados por un mismo código ético y de que los formularios de declaraciones de bienes, rentas, actividades e intereses que tienen que presentar sus señorías al asumir el cargo sean iguales independientemente de la Cámara en la que ejerzan su representación.

En esta reunión se encargó a los secretarios generales de Congreso y Senado trabajar para refundir un texto. Su objetivo era que el trabajo estuviese listo a finales de septiembre. Tampoco esto ha ocurrido. Y los trabajos no podrán retomarse hasta que se constituyan de nuevo las Cortes.

Ley de Transparencia sin reglamento

El 9 de diciembre de 2013, se aprobó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG) y, un día después, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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Casi seis años después de que esta ley viera la luz, todavía no se ha aprobado el reglamento que la desarrolla, algo que conduce a que la rendición de cuentas y el acceso de los ciudadanos a la información de la Administración no sean completos.

El cambio de Gobierno tras la moción de censura que desalojó de la Moncloa a Mariano Rajoy alteró los planes de la aprobación de este reglamento. El Ministerio de Hacienda, en la época del conservador Cristóbal Montoro, tenía previsto que el real decreto por el que iba a aprobarse el desarrollo reglamentario estuviese listo antes de junio de 2018. Pero la moción de censura salió adelante el 1 de junio. Y no hay ni rastro de ese compromiso.

El Portal de Transparencia de la Administración General del Estado tiene un apartado en el que informa de la evolución del desarrollo legislativo. Sobre la ley de transparencia informan de que el 30 de junio de 2019 se remitió un texto al Consejo de Estado para que emitiera su correspondiente informe. Y desde ese momento no se ha avanzado nada. Pese a que estaba previsto que fuese elevado al Consejo de Ministros en el mes de abril.