El 'Rodea el Congreso' sienta a 12 jóvenes en el banquillo: "Por una manifestación no puedes enfrentarte a 6 años de prisión"

El 14 de diciembre del año 2013, la Coordinadora 25S convocó una manifestación contra el proyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, que más tarde adoptaría el pseudónimo de ley mordaza. La convocatoria, bautizada como Rodea el Congreso, no fue autorizada, pero aun así se celebró. Álex Martínez fue uno de los que acudieron a la protesta y por ello, seis años después, se enfrenta a una pena de cárcel. No es el único. Otras 11 personas —que en ese momento tenían entre 17 y 23 años— también tendrán que sentarse este miércoles en el banquillo. Según el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Madrid, al que ha tenido acceso infoLibre, nueve acusados afrontan una pena de dos años de prisión por un delito de desórdenes públicos y otros cuatro por atentado a la autoridad en concurso ideal con tres delitos de lesiones. Para otros tres jóvenes, la institución pide dos años de cárcel por desórdenes públicos y otro por un delito de resistencia. 

Sin embargo, los acusados lo rechazan. Según Martínez, fueron "detenidos por algo" que consideran "muy justo", que es "ir a una manifestación". Y por ello este lunes pidió la absolución de todos los acusados y, a la vez, la derogación inmediata de la ley mordaza ley mordaza. Lo hizo en una rueda de prensa celebrada en el Teatro en el Barrio, en el madrileño barrio de Lavapiés, en la que estuvo acompañado por su abogado, Erlantz Ibarrondo, y el colectivo Madres contra la Represión. 

La manifestación de Rodea el Congreso tuvo lugar en un contexto muy concreto. Dos años antes se produjo el 15M y, desde entonces y en el contexto de crisis económica y recortes, las protestas sociales eran casi una constante. En ese escenario, a finales de 2013 el Gobierno del PP presentó su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Y las críticas no tardaron en llegar. Distintos colectivos sociales mostraron su oposición a una norma que, según argumentaban, cercena derechos tan básicos como el de libertad de expresión y el de manifestación. Pero a pesar de ello, un año después, el 11 de diciembre de 2014, el Ejecutivo conservador presidido por Mariano Rajoy aprobó la ley en solitario, haciéndose valer de su mayoría absoluta y del apoyo de sus socios de Gobierno: UPN y el Partido Aragonés. Pero aunque han pasado casi cinco años desde entonces, la protesta contra la norma continúa presente. Y el caso de Martínez y de sus compañeros es un ejemplo de ello. 

"Nos volvemos a encontrar frente a frente ante otra crueldad perpetrada con nuestra juventud por el simple hecho de reivindicar y hacer efectivo un derecho tan fundamental como es la libertad de expresión y el derecho de manifestación. Una vez más, la maquinaria perversa y torticera de este Estado represor utiliza todos sus medios y su naturaleza manipuladora para distorsionar una manifestación de carácter reivindicativo y no violento y convertirla en una persecución, criminalización y posible condena de 12 jóvenes", criticó Marta González, miembro de Madres contra la Represión. Una idea compartida por Martínez, que rechazó de plano los actos violentos de los que se les acusa. 

Y sobre todo lo hace por el modo en el que se produjeron los acontecimientos. Antes de que comenzara la manifestación, según explicó en el encuentro, él y otros amigos fueron identificados por la policía, que les preguntó si iban a acudir a la convocatoria. Respondieron que sí y luego facilitaron a los agentes su documentación. Aunque iba acompañado de varios compañeros, sólo él y los demás que lo hicieron fueron detenidos. Y ocurrió, además, días después. "A algunos fueron a buscarnos a nuestras casas, al instituto o incluso al Metro", lamentó. Por eso, sospecha que las detenciones fueron arbitrarias. "Se necesitaba crear un ambiente en el que nosotros éramos los culpables y se necesitaba una ley más fuerte para que dejásemos de asistir a manifestaciones", denunció. 

Y parece que, aunque no se ha dejado de asistir, las consecuencias de hacerlo pueden ser mucho mayores. En este sentido, Ibarrondo quiso hacer hincapié en el cambio producido desde que se aprobó la ley mordaza hasta el día de hoy. "Hay un hecho inequívoco en relación con las peticiones que realiza la Fiscalía a las personas que son detenidas en las protestas sociales", dijo durante la rueda de prensa. Quiso incidir en ello, añadió, porque es importante buscar respuesta a por qué "las personas que son detenidas en el contexto de una movilización social se enfrentan a penas similares, que suelen ir desde los 5 años y medio de prisión hasta los 11 años y medio". "Habría que buscar la respuesta a si es aleatorio que todos los fiscales se hayan puesto de acuerdo en pedir estas penas tan altas o si comparten un objetivo común y algún tipo de directriz. No sé la respuesta", dijo. En cualquier caso, sentenció, seis años de prisión para estos jóvenes es algo "completamente desproporcionado". "Por ir a una manifestación no te puedes enfrentar a seis años de prisión", insistió. 

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El escrito de acusación de la Fiscalía es claro. Según la institución, los altercados comenzaron una vez iniciada la manifestación, en la Puerta del Sol. Allí, argumenta, "se inició el lanzamiento de petardos y botellas", algo que la Policía Nacional intentó detener dialogando. Sin embargo, "los integrantes de la masa, con un claro desprecio al principio de autoridad, comenzaron a insultar a los agentes". Además, uno de los vehículos de la Policía fue golpeado "violentamente con palos, piedras y patadas" y, cuando varios agentes trataron de impedirlo, algunos manifestantes "comenzaron a arrojarles botellas de vidrio y piedras para evitar su intervención".  

Como consecuencia de todo ello, continúa el escrito, 14 agentes resultaron heridos. Por ello, además de la responsabilidad penal se pide la responsabilidad civil con diversas cantidades para cada agente lesionado. 

Los acusados admiten que hubo disturbios, pero rechazan haberlos ocasionado. "Nos culpan de todo lo que pasó en la manifestación. Estábamos en todas partes", ironiza Martínez.