Chile se prepara para un mes de movilizaciones antes del referéndum sobre la reforma de la constitución

Un sábado por la tarde, en pleno verano austral, una treintena de personas están dispuestas en semicírculo en una plaza de la capital chilena. Detrás de ellos, en grandes letras amarillas y blancas, en una pancarta, se puede leer “Cabildo P.D.V.” [Pedro de Valdivia], el nombre de la plaza donde se han reunido. En una jornada de tiempo seco y bochornoso, los participantes escuchan atentamente al hombre del micrófono, que les da cumplida cuenta de las últimas asambleas en las que ha participado.

Desde el nacimiento del movimiento social, el 18 de octubre de 2019, se han celebrado cientos de reuniones ciudadanas de este tipo en todo el país. Se han convertido en los sitios preferidos para reflexionar, intercambiar ideas y debatir con los vecinos en estos tiempos convulsos y en que se cuestiona el modelo neoliberal vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Para muchos, ese diálogo era un aspecto novedoso que reunía a quienes se han distanciado de los partidos políticos, a quienes desconfían de las instituciones pero que ahora están decididos a organizarse.

Al principio, muchas de estas reuniones desafiaron el toque de queda de una semana impuesto por el presidente Sebastián Piñera, con los participantes golpeando cacerolas y sartenes para expresar su descontento, como es costumbre en América del Sur. Si las primeras reuniones se convirtieron en una catarsis colectiva que reflejaba el cansancio y el agotamiento ante las políticas públicas y los abusos de la clase política, pronto surgió una demanda: la reforma de la constitución.

No hay que olvidar que el texto que sucedió a la constitución chilena de 1925 fue redactado por una comisión de expertos nombrados por la junta militar encabezada por el general Augusto Pinochet. Fue ratificado el 11 de septiembre de 1980, aniversario del golpe de Estado de 1973, en un referéndum denunciado como fraudulento por la oposición. En 1990, con la democracia, Pinochet se fue, pero su constitución permaneció en vigor. Aunque se hicieron algunas reformas, los cambios fueron principalmente de forma, en el fondo todo sigue igual.

Durante su segundo mandato en 2015, la presidenta socialista Michelle Bachelet dio los pasos para lograr una constitución mediante la participación ciudadana. Así cumplía una de sus promesas de campaña. No se materializó, pero allanó el camino: se celebraron más de 8.000 reuniones locales, 71 consejos provinciales y 15 consejos regionales. “El proyecto constitucional de Bachelet emocionó al pueblo más que a las élites. Los partidos presidenciales no lo apoyaron. Desde el principio, el Partido Socialista mostró un tímido apoyo al proceso constituyente”, dice Claudia Heiss, politóloga y directora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Para ella, “el centro-izquierdas y el partido de Bachelet son responsables porque no apoyaron este proceso. Tal vez no hubiéramos asistido al estallido social que vivimos si hubiera tenido más apoyo político y hubiera estado más presente en la campaña municipal. La ira social es, en parte, fruto del bloqueo entre las demandas de los ciudadanos y las respuestas políticas”.

Por eso, tras el estallido social de octubre de 2019, la demanda de una nueva constitución se impuso en los debates televisivos, de prensa y en las pancartas de los manifestantes que se echaban a la calle todos los viernes. Y también en los graffitis de las paredes de la ciudad.

A medida que la violencia aumentaba y las ONG internacionales en defensa de los derechos humanos denunciaban la tibieza de las respuestas del gobierno, algunos sectores políticos de Chile presionaron a Sebastián Piñera para que iniciara un diálogo nacional que tuviera en cuenta las demandas de la calle. El 15 de noviembre, la mayoría de los partidos políticos con representación en el Parlamento –con la excepción de algunos, como el Partido Comunista– acordaron allanar el camino para una nueva constitución.

Pero para la politóloga Claudia Heiss –que participó en el proceso anterior como miembro de la junta técnica que lo supervisaba– la dificultad es la actual falta de legitimidad de los partidos políticos. “El problema es que no son capaces de llegar a los ciudadanos. El referéndum de 1988, que es nuestro precedente más cercano, fue fruto de una gran movilización social. En ese momento teníamos partidos fuertes, porque los que estaban en la oposición habían arriesgado sus vidas oponiéndose a Pinochet, es decir, habían arriesgado mucho por la democracia y la ciudadanía y el pueblo lo reconoció”, reconoce Heiss, integrante de una nueva formación, Revolución Democrática (RD). Para Claudia Heiss, “como se han aferrado al poder en estos mismos partidos y no han sido capaces en 30 años de cambiar la agenda social y el modelo económico, no tienen ninguna credibilidad”.

Para Fernando Atria, abogado y presidente de la Fundación La Casa Común, el problema es estructural, porque el mundo político no tiene en cuenta las dificultades o demandas de la sociedad chilena, ya sea la inclusión de los pueblos indígenas, la reforma del sistema de pensiones o la promoción de los derechos sociales: “Siempre que aparecen demandas de transformación de la sociedad, la política las ignora. Se muestra indiferente. Durante mucho tiempo no ha supuesto un problema, pero después de 30 años, esta indiferencia está causando una separación cada vez más radical entre la política institucional, lo que ahora llamamos la clase política, y la sociedad”, explica Atria.

Estas críticas se escuchan a menudo en asambleas, como la de la Plaza Pedro de Valdivia, en la que el profesor Atria tomó la palabra para explicar el proceso de cara al referéndum de abril. Francisca Correa y Martín González, presentes en la asamblea, no han cumplido los 30 años. Se han involucrado desde el principio. Este sábado, cuando hablamos con ellos, coordinan y dan instrucciones a los participantes, que forman pequeños grupos de reflexión. “Es un proceso difícil pero interesante. En Chile, durante mucho tiempo hubo una poderosa organización territorial. En algunos municipios esto continúa. Ha habido altibajos”, dice Martín González, señalando que en una de las reuniones se dieron cita hasta 300 personas. “En municipios como Providencia [al sur de Santiago], que es privilegiado y donde vive una cierta élite, hay conciencia política pero no conciencia comunitaria, que no es lo mismo”, precisa.

Francisca Correa comparte esta opinión: “Odiar la política o decir que la política es mala fue un tema que Pinochet explotó de manera brutal y básicamente la constitución actual mantiene este sentimiento. Esta falta de participación y horizontalidad, si no de delegación de poder, también forma parte del discurso que de alguna manera se derrumbó el 18 de octubre”, asegura la joven activista que reivindica su compromiso. Al igual que González, Correa considera que “en términos intergeneracionales, ha sido muy enriquecedor y positivo entender que todo lo que ha sucedido es transversal. También hay diferencias en la forma de entender los procesos, pero esto conlleva diversidad”. En esta búsqueda del pluralismo y de democracia directa, la gran mayoría de las asambleas ha creado una plataforma común llamada “Coordinadora de Asambleas Territoriales”.

“La constitución de 1980 se basa en un proyecto político neoliberal”

En el punto álgido del verano, la asistencia fue menor. Los organizadores lo atribuyen a las vacaciones, pero apuestan por una vuelta a la acción en marzo, mes en que comienza el nuevo curso escolar, ya que se prevén varios manifestaciones. La primera terminó, en Santiago el lunes 2 de marzo, con enfrentamientos con la policía. También hubo concentraciones en otras ciudades del país como Valparaíso (centro) y Concepción (sur), de nuevo con violencia. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, está prevista una gran marcha.

Por lo tanto, marzo será un mes decisivo tanto para el movimiento social como para el proceso constitucional: el 26 de abril, más de 14 millones de chilenos estarán llamados a votar a favor o en contra de la redacción de una nueva constitución. También se les preguntará qué tipo de órgano tendrá que redactarlo: una convención mixta –con la mitad de sus miembros elegidos directamente y la mitad de los miembros del Congreso actual– o una convención constituyente, con el 100% de los miembros electos.

Desde el 18 de octubre, la polarización ha empeorado. La mayoría de la extrema derecha –los que han defendido o forman parte del régimen militar– se opone a cualquier cambio. Más sorprendentemente, parte del centro-derecha se ha declarado dispuesta a adoptar una nueva constitución, tratando de alejarse del embarazoso legado de Augusto Pinochet.

Por su parte, la derecha ha adoptado el lema Rechazar para reformar. Cree que sería suficiente con modificar algunos artículos del texto actual. “La mayoría de los demócratas de este país, de la derecha a la izquierda, no se hacen ilusiones con la constitución. Estoy enviando un mensaje a todos los votantes de centro-derechas: el resultado de la constitución depende de nosotros. Me preocupa un discurso que inmoviliza y paraliza a algunas personas de centro-derecha o más a la derecha que dicen que el 26 de abril será el fin de todo”, declaraba a los periodistas Mario Desbordes, presidente del partido político del presidente Piñera, Renovación Nacional. Desbordes ha declarado repetidamente que apoyaría la opción Apruebo en el referéndum, causando asombro entre los sectores más conservadores.

Para el abogado y presidente de la Fundación La Casa Común, la reforma no será suficiente. “Nos permitirá deshacernos de la constitución de Pinochet y otorgarnos una constitución correcta. Sin embargo, no podrá incorporar todo porque tiene que ser aprobado por dos tercios, pero al menos no tendrá los inconvenientes de la constitución actual. En este sentido, resolverá el problema constitucional de esta política totalmente neutralizada que ha producido este divorcio radical entre el pueblo y la política institucional”, señala Atria.

Este es el argumento que más se ha escuchado desde el 18 de octubre, sobre todo en las asambleas de ciudadanos: la constitución actual debe ser modificada porque no es legítima. Jaime Bassa, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Valparaíso, ha participado como experto en diversos foros, programas de televisión y comisiones del Congreso. “Las condiciones en las que se redactó la constitución eran muy antidemocráticas, no había gobierno, ni representantes, había un régimen de facto. Se redactó y aprobó en el contexto de un estado de emergencia constitucional y un estado de sitio”. Además, continúa el abogado constitucional, “hay un segundo elemento: las disposiciones de esta constitución que tienen por objeto impedir que se manifieste la voluntad popular y modificar el proyecto político establecido por la constitución de 1980. Podemos añadir una tercera fuente de ilegitimidad a este catálogo, especialmente después del 18 de octubre, y que ahora es mucho más evidente, a saber, que la constitución de 1980 se basa en un proyecto político de carácter neoliberal".

Para Bassa, el hecho de que el movimiento social de octubre comenzara con la consigna No se trata de los 30 pesos del billete de metro, sino de los 30 años [desde el fin de la dictadura] del sistema neoliberal demuestra que la brecha entre los ciudadanos y el modelo heredado de la dictadura está en el centro de la ira popular. “Esto puede verse en demandas como la seguridad social, la salud, la educación, el reconocimiento de los pueblos indígenas o el fin del patriarcado. Son demandas que se refieren a la desconcentración del poder y desafían el modelo neoliberal impuesto por la Constitución de 1980”, explica el abogado en su despacho de la Universidad de Valparaíso.

Claudia Heiss también argumenta que la actual constitución no sólo es ilegítima, sino también “conservadora porque proviene de la parte más conservadora del pensamiento católico y también muy neoliberal económicamente”. “Esta constitución, que en cierto modo refleja el pensamiento de Jaime Guzmán [colaborador de Augusto Pinochet durante la dictadura], es muy antipolítica, muy antipartidista, muy antisindical, antiestatal y todas estas concepciones siguen presentes en la constitución”, continúa. Explica: “Los líderes sindicales no pueden participar en actividades políticas partidistas, está prohibido por la constitución. Por ejemplo, el derecho a la propiedad en la constitución, recogido en el artículo 19, equivale a un derecho de propiedad mejorado. El capítulo sobre los derechos de propiedad es muy largo y también hay que decir que no es sólo lo que está en la constitución, sino cómo se ha interpretado. La constitución ha dado al derecho de propiedad la preeminencia sobre los demás cuando entran en conflicto”.

Para ganar legitimidad, no bastará con una enmienda, será necesario decir cuál es su contenido. “Esta legitimidad estará determinada no sólo por las condiciones de participación electoral, sino sobre todo por el hecho de que el resultado pueda ser reconocido como limpio por el pueblo. Y la mejor manera de lograrlo es abrir radicalmente los canales de participación, especialmente a los grupos sociales que han sido excluidos de la deliberación política”, insiste Jaime Bassa.

A medida que se acerca la fecha del referéndum, la campaña se pone en marcha. Los manifestantes de ambos lados se preparan y ya se han producido enfrentamientos en un clima de violencia y tensión. Si vence el no, la derecha tendrá que asumir el reto de proponer en su lugar una solución a la mayor crisis política y social que ha vivido Chile desde el retorno a la democracia. Marzo se considera un mes decisivo para el siguiente paso, responder al cambio que el país ha estado exigiendo desde su despertar el 18 de octubre. Y no ha mostrado ningún signo de querer retroceder.

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Traducción: Mariola Moreno

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