Dos fórmulas para luchar contra la crisis: del despido al ERTE, del recorte al gasto, de la troika al bazuca del BCE

Hace sólo unos meses los temores de analistas y gestores públicos se enfocaban en la desaceleración de la economía, en cuál iba a ser la intensidad con que el PIB se estaba enfriando. O en las consecuencias de que Alemania, la locomotora europea, flirteara con la recesión tras retroceder su PIB dos décimas entre abril y junio de 2019 y una décima más entre octubre y diciembre. El coronavirus ha convertido esos miedos en meras aprensiones infantiles: Alemania prevé para este año la mayor recesión de su historia, con una caída del 6,3% de su PIBcon una caída del 6,3% de su PIB y del 11,6% de las exportaciones, mientras que las cifras para España se elevan a la categoría de película de terror, con un desplome de la economía que el Banco de España sitúa entre el 9,5% y el 12,4%.

Pese a la recuperación de las cifras macroeconómicas nacionales desde 2015, la sombra de la crisis financiera y del ladrillo sigue siendo muy alargada en la memoria y los bolsillos de muchos españoles, que aún arrastran en sus nóminas, empleos y facturas las consecuencias del paro, las devaluaciones y los recortes que comenzaron en 2008.

Las comparaciones son odiosas, pero pueden dibujar un cuadro con la suficiente perspectiva para diagnosticar el trauma y evaluar las posibilidades y velocidad de su curación. A diferencia de lo ocurrido tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera que le siguió, la parálisis productiva provocada por el coronavirus ha sido autoimpuesta por la mayoría de los gobiernos del mundo. Pero la conmoción, medida en términos de PIB, va a ser mucho mayor. Y, aunque en sus condiciones más estrictas pueda parecer que el cierre ha sido breve, la resucitación de la economía no va a ser instantánea y dejará cicatrices y secuelas. Bajando al detalle, éstas son las similitudes y diferencias con la penúltima ocasión en que la economía española se desmoronó.

EL EMPLEO SIEMPRE PIERDE

El mayor golpe del desplome económico lo recibió España en el empleo. En dos oleadas. La primera, al término de 2008 –Lehman Brothers había quebrado el 15 de septiembre–, cuando se destruyeron medio millón de empleos, que se convirtieron en 1,27 millones al llegar a marzo de 2009, según las cifras que proporciona la Encuesta de Población Activa (EPA). Hasta ese momento, España tenía la cifra de ocupados más alta de su historia, 20,55 millones, una cota que aún no ha sido capaz de recuperar.

La segunda oleada de despidos se produjo en 2012, cuando se perdieron 734.900 puestos de trabajo. La sangría continuó hasta que en el primer trimestre de 2013 se alcanzó un mínimo de ocupación de 17 millones de personas. Desde entonces, el empleo no ha dejado de mejorar... hasta que llegó la pandemia y, sólo por el efecto de los 15 días de marzo afectados por el estado de alarma y el confinamiento, se destruyeron 285.000 empleos. A falta del recuento que haga la EPA del segundo trimestre, hay que recurrir a la afiliación a la Seguridad Social para saber cuántos empleos se han destruido durante lo peor de la parálisis: 791.562 sólo hasta abril. Está por ver cuál va a ser el comportamiento del mercado de trabajo en lo que resta de año y en los dos años próximos. Según los registros de la Seguridad Social, entre 2007 y 2013, en España desaparecieron 2,93 millones de puestos de trabajo.

CAE LA POBLACIÓN ACTIVA

Pese a la crudeza y duración de la crisis anterior, la población activa, las personas entre 16 y 65 años en disposición de trabajar, no bajó hasta 2014, justo cuando comenzaba la reactivación económica. El máximo histórico se alcanzó en junio de 2012, con 23,49 millones de personas. Una cifra que sólo se recuperó en junio de 2019, pero que se ha perdido nada más comenzar la pandemia: en los tres primeros meses de este año 164.600 personas han salido del mercado laboral.

600.000 temporales menos

Los primeros damnificados de la crisis de 2008 fueron los trabajadores con contrato temporal, que fueron inmediatamente expulsados del mercado laboral. España es el segundo país de la UE con mayor tasa de temporalidad, un 26%, sólo superado por Polonia. El abuso de esta figura contractual es una enfermedad que no ha cambiado un ápice ni durante la crisis ni durante la recuperación. Tampoco ha sido curada por las sucesivas reformas laborales. Entre la caída de Lehman Brothers y el segundo trimestre de 2009 se fueron a la calle casi un millón de trabajadores temporales en España –979.100 según la EPA–. En la segunda oleada, tras el rescate bancario y las políticas de austeridad y recortes, el número de temporales cayó en 687.500 a lo largo de 2012.

La EPA registra un descenso en el número de temporales sólo hasta marzo de este año de 255.300 temporales. Según las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social, que permiten alargar el registro hasta mayo, la destrucción de empleo temporal en marzo y abril se elevó a 602.158 trabajadores. En mayo revela un aumento de 44.382 nuevos empleos eventuales. En total, en España hay ahora 3,53 millones de este tipo de empleados. Antes de la crisis financiera, en septiembre de 2008, su número se elevaba hasta los 4,53 millones.

Para los indefinidos, la ola de despidos llegó a partir del segundo trimestre de 2012, una vez aprobada la reforma laboral que los abarató y facilitó. Entre abril y septiembre de ese año perdieron su empleo 185.000 personas con contrato indefinidos. Entre abril y septiembre de 2013, otros 124.700 se quedaron sin trabajo. Antes de la crisis de 2008, en España se contaban 11,98 millones de estos asalariados, según la EPA, una cifra que no se superó hasta el fin de 2018. El máximo se alcanzó un año después, 12,44 millones. Si la mirada se dirige una vez más a las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social, hay97.722 asalariados fijos menos. En mayo la cifra se ha recuperado en 32.374 personas. Hoy trabajan con este tipo de contrato 9,34 millones, 421.341 más que en septiembre de 2008.

ERE Y ERTE

Durante la anterior crisis las siglas del paro eran ERE (Expediente de Regulación de Empleo), que automáticamente se identificaban con los despidos colectivos. Pero entonces también había ERTE, las siglas que acompañan a la pandemia en lo que a empleo se refiere. En 2009, 549.282 trabajadores sufrieron un ERE, de los cuales 63.476 fueron despedidos. El resto fueron incluidos en ERE de suspensión de contrato –la mayoría, 465.215– o de reducción de jornada –20.591–. En 2012, el siguiente annus horribilis del empleo, los despidos colectivos afectaron a 82.876 asalariados, el 12%. Y se les redujo la jornada a 99.724 más. Las suspensiones de contrato correspondieron a 300.713 trabajadores.

Ocho años después, la estadística muestra dos diferencias fundamentales. La primera, que el 90% son ERE por fuerza mayor. Y la segunda que, hasta el momento, sólo ha habido 4.226 despedidos, el 0,7%. El número total de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo es superior en los tres primeros meses del año al máximo de 2009, hasta sumar 578.339, pero el 99,3% son por suspensiones de contrato y reducciones de jornada.

97 puntos de PRIMA DE RIESGO

Con la crisis financiera la prima de riesgo saltó a los titulares de los periódicos, tras convertirse en el ogro que asustaba a los mercados. Es el sobreprecio que paga un país para financiarse en los mercados en comparación con otros países, en el caso español con Alemania, que emite los bonos considerados más seguros. El pasado día 16 se situaba en 97 puntos, después de haber llegado en dos días de abril a un máximo de 155 y haber superado los 100 desde marzo. Sin embargo, queda aún muy lejos de los 637 puntos a los que llegó a escalar el 24 de julio de 2012. En pleno rescate a la banca española, la confianza de los mercados en la economía nacional era más bien escasa.

Pero ahora, al menos de momento, la crisis del coronavirus es sanitaria, de empleo y productiva, no financiera ni de deuda soberana como entonces. Los programas de compra masiva de deuda puestos en marcha por el Banco Central Europeo (BCE) están sosteniendo la confianza en la deuda incluso de los países más dañados por la pandemia, como España.

TIPOS DE INTERÉS: del 4,25% al 0%

Los tipos de interés estaban en la UE al 4,25% en octubre de 2008, justo después de estallar la crisis financiera, pero desde entonces su caída ha sido histórica. En mayo de 2009 ya eran sólo del 1% y en septiembre de 2014 se quedaron en el 0,15%. Desde marzo de 2016 permanecen en el 0%. Una vez más, las políticas de estímulo del BCE están detrás de este dinero gratis, que ha abaratado las hipotecas pero hundido la remuneración de los depósitos bancarios. También ha aliviado el pago de la deuda pública de los países. Y castigado el negocio bancario, que lleva tiempo encarando rentabilidades muy bajas.

Con la crisis actual, en cualquier caso, el precio del dinero va a seguir en mínimos, en un intento por estimular el crecimiento económico tras el cerrojazo de los dos meses de pandemia.

INFLACIÓN negativa

El pasado mayo la inflación cerró en España con un -1%, por debajo del 0,7% de abril y el 0% de marzo. El índice, por tanto, iguala el -1% de junio y septiembre de 2009. Tras repuntar volvió a tasas negativas en 2013 y cayó incluso más en enero de 2015, cuando llegó al -1,3% y al -1,1% en abril de 2016. El IPC se animó conforme lo iba haciendo la economía, pero nunca sobrepasó el 2,3% del verano de 2018. Este año, tras la hibernación económica y con las dudas sobre la velocidad e intensidad de la reactivación, las previsiones de Funcas, el instituto de estudios de las cajas de ahorro, apuntan a que la inflación continuará en negativo hasta mediados del tercer trimestre y no superará el -0,4% de media anual. El Gobierno calcula que al final del año el IPC quedará en el -1%.

El panorama no es muy distinto en el resto de Europa, por lo que la preocupación del BCE ha dejado de ser la inflación –ese “en torno al 2%” del que era guardián–, y ha pasado al riesgo de deflación. En teoría, con la reanimación del consumo y de la economía el IPC debería volver a cotas positivas.

la BOLSA se rearma tras el golpe

El 16 de marzo pasado, el primer día hábil tras la declaración del estado de alarma, la Bolsa española se despeñó hasta los 6.107 puntos, su mínimo desde julio de 2012, justo después del rescate financiero. En octubre de 2008, no obstante, el parqué español aún aguantaba los 8.000 puntos; eso sí, tras un descalabro considerable: venía de superar los 14.000 puntos.

Desde ese lunes negro, no obstante, la Bolsa española ha seguido una tendencia al alza que puso las cotizaciones en los 7.896 puntos el pasado día 8. En el último mes, los índices de las principales bolsas europeas, menos la italiana y la británica, así como la estadounidense, crecen a dos dígitos, aupados por las medidas de estímulo del BCE y la Reserva Federal, según concluyen los analistas.

PETRÓLEO barato

Además del bajo consumo y los mínimos tipos de interés, la inflación ha caído por culpa de unos precios del petróleo igualmente en niveles nunca vistos. El 21 de abril el barril de Brent cotizaba a sólo 19,33 dólares. Para hacerse una idea de lo que significa esa cifra basta con recordar que en septiembre de 2008 el precio del crudo de referencia en Europa superaba los 100 dólares. En 2011 alcanzó los 112 dólares. Pero en 2014 perdió esa cota y aún no la ha recuperado hoy. El bajo precio del petróleo fue precisamente uno de los llamados vientos de cola que empujaron la recuperación de la economía española a partir de ese año. Con la paulatina reactivación y, por tanto, el aumento de la demanda de crudo, los precios subirán. Este miércoles, el barril de Brent ya cotizaba casi a 41 dólares.

el BCE sigue inyectando liquidez

Desde 2008 hasta ahora en el Banco Central Europeo han pasado tres presidentes: Jean-Claude Trichet, Mario Draghi y Christine Lagarde. El primero es recordado sobre todo por la subida de tipos de interés del 3 de julio de ese año, cuando los elevó hasta el 4,25% ante el temor de que el precio del crudo, por encima de los 100 dólares, desbocara la inflación. En septiembre se desató la crisis financiera que llevaba meses barruntándose. Pero mientras en Estados Unidos la Reserva Federal había bajado ya los tipos hasta siete veces desde 2007 –y los había dejado en el 2%–, Trichet sólo pensó en la inflación y mucho menos en la estabilidad financiera, que ya por entonces se veía comprometida. La subida del precio del dinero elevó a continuación el euríbor a niveles históricos y disparó el euro frente al dólar.

Además, después de estallar la crisis griega, el BCE se negó a reestructurar la deuda del país heleno. Y cuando apareció la crisis de deuda española, el francés envió una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que un 5 de agosto de 2011 pidió una reforma laboral y medidas “sólidas para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas”. La respuesta del Ejecutivo socialista fue incorporar la estabilidad presupuestaria en el artículo 135 de la Constitución.

Tuvo que llegar Mario Draghi a Fráncfort en noviembre de 2011 para que el BCE se encomendara a la política expansiva que ya había adoptado años atrás la Reserva Federal de EEUU. El ya famoso “whatever it takes” –“El BCE hará lo que sea necesario para sostener el euro. Y créanme, eso será suficiente”– pronunciado sólo ocho meses después por el italiano, resume el espíritu de las medidas adoptadas desde entonces por la institución en apoyo de la asténica economía europea.

A través del programa de expansión cuantitativa (QE), el BCE ha adquirido desde marzo de 2015 un volumen de deuda superior a los 2,6 billones de euros. Una inyección de liquidez que ha salvado a las economías de la periferia, incluida España, y a una Unión Europea que se resiste a la unión bancaria y fiscal.

Su sucesora, Christine Lagarde, no ha tenido más remedio que continuar disparando lo que se ha dado en llamar el bazuca de liquidez. Desatada la pandemia, el BCE ha seguido con el programa de compra de deuda a toda máquina: 1,35 billones, de euros “al menos” hasta finales de junio de 2021.

NI MENTAR LOS RESCATES

También la respuesta de la Unión Europea ha sido muy distinta en esta ocasión. Si en la anterior crisis Bruselas se encomendó a la austeridad y sometió a estrictos programas de rescate a España, Portugal y Grecia, la pandemia ha obligado a la UE a actuar con mucha mayor rapidez y en sentido opuesto. Ha relajado las normas que condicionaban las ayudas estatales a las empresas –lo que ha permitido al Gobierno alemán convertirse en el principal accionista de Lufthansa y al italiano nacionalizar Alitalia– y está preparando programas de ayudas que, en principio, suman 540.000 millones de euros, entre ellos 100.000 milones para financiar los ERTE y 240.000 millones más del fondo de rescate comunitario para cubrir gastos sanitarios.

Ahora la crisis está afectando a todos, no sólo a los tres países del sur, y los desplomes del PIB van a ser compartidos –Alemania prevé una caída del 6,3%, Francia e Italia del 8%–. La respuesta para todos es la misma. Aumentar el gasto para paliar el daño a las empresas y a los trabajadores, además de ayudas para estimular una reactivación que debe de ser lo más veloz y sólida posible en un contexto de elevada incertidumbre por los rebrotes del virus y la falta de una vacuna.

Así que en Bruselas se negocia un posible plan de reconstrucción que debería alcanzar los 750.000 millones de euros, en parte transferencias y en parte préstamos cuya condicionalidad está a debate. Mientras, se procura evitar la palabra rescate y las sombras añadidas a ese mecanismo: los recortes y la vigilancia de los hombres de negro de la troika.

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Primero el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con la asunción del pago de la deuda como prioridad política, y después el de Mariano Rajoy ejecutando recortes y aprobando la reformas exigidas por Bruselas, abrieron una década de austeridad en las cuentas públicas y de devaluación salarial en la sociedad. El gasto en prestaciones por desempleo se redujo en un 44,8% entre 2012 y 2017, pese a que en esos años el número de parados llegó a superar los 6,2 millones de personas y el 26% de la población activa. El gasto público en sanidad se hundió hasta los 66.552 millones de euros en 2013. Entre 2009 y 2015, se redujo en casi un punto del PIB, según los cálculos del propio Ministerio de Sanidad. En educación, el recorte fue del 16,7% entre 2009 y 2014.

Pero ahora la reacción necesaria para afrontar la crisis sanitaria y acelerar la reactivación económica requiere multiplicar el gasto. En los Presupuestos del Estado para este año, el Gobierno ha previsto un gasto público que equivaldrá al 51,5% del PIB. Es la primera vez que esa partida supone más de la mitad de la economía nacional, una cifra récord. El impacto de las medidas para combatir el coronavirus y sus efectos en la economía asciende a 138.923 millones de euros.

La consecuencia de semejante despliegue, teniendo en cuenta además el recorte de los ingresos que va a provocar la caída de la recaudación fiscal, no es otro que un déficit público disparado, hasta el 10,34%. Será el mayor desde 2012 y más del triple del que registraba España al acabar 2019, un 2,82%. Es decir, el país vuelve aquí a la casilla de salida, cuando tuvo que acometer recortes para cumplir con los objetivos marcados por Bruselas.