Transparencia para el patrimonio de la familia real

No soy monárquico y defiendo la rendición de cuentas. Por tanto, me abstuve en 2014 en la votación del Congreso sobre la Ley Orgánica de Abdicación del rey Juan Carlos I. Pero eso no quita para que trate de aportar iniciativas que mejoren el funcionamiento de una monarquía parlamentaria desde el punto de vista democrático. Es más, lo considero una obligación como diputado socialista.

Viene esto a cuento de la trascendencia que ha adquirido el cumplimiento de las reglas de la transparencia para evaluar la calidad democrática de cualquier institución. Más aún si pretende ser un referente del Estado de Derecho en tiempos en los que la ley y la justicia han de ser iguales para todos.

Sabido es que en España la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada en 2013 a instancias del Gobierno de Rajoy y con la mayoría absoluta del PP, nació con limitaciones y errores notables que reclaman una reforma. Un error es que dicha ley no sea de aplicación a quien ostenta la Jefatura del Estado.

Seguro que estaremos de acuerdo en que una manera de combatir la corrupción, la opacidad, el fraude fiscal y, en definitiva, el mal uso del poder, es cumplir con las reglas de transparencia. Entre ellas la obligación legal de presentar una declaración pública de sueldos, bienes y patrimonio. Algo que debemos cumplir, sin pereza, desde el Presidente del Gobierno y los altos cargos hasta los diputados, alcaldes o directivos de entidades del sector público. Incluida la Casa de su majestad el rey.

Sin embargo, la familia real no está incluída en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia que, curiosamente, lleva la firma del anterior Jefe del Estado, el rey Juan Carlos I. Y claro, visto el desarrollo de los acontecimientos relacionados presuntamente con el rey emérito, llama la atención semejante contradicción. Aunque el rey Felipe VI reguló por vez primera, en diciembre de 2014, los regalos que pueden o no recibir los miembros de la familia real y también da publicidad a sus sueldos y a parte de los gastos a cargo del presupuesto de Zarzuela.

Ante la exclusión que hace la ley podemos mirar hacia otro lado por simpatía con la realeza o pensando que no está el horno para bollos. Pero también cabe plantear algo tan natural para un demócrata como estudiar la reforma de los artículos 2 y 25, así como modificar la disposición adicional sexta de la ley para que las reglas de transparencia y buen gobierno se extiendan a los miembros de la familia real, incluido el rey emérito.

Supondría para el Jefe del Estado tener que hacer declaración pública de sus bienes y patrimonio, en línea con lo exigido al Presidente de Gobierno, entre otros, en el art.17 de la Ley 3/2015 que regula el ejercicio del alto cargo. Esta buena práctica de rendir cuentas permitiría, además, un control de la fortuna del rey y de su familia.

No existe una razón divina, ni una atadura del anterior régimen franquista, ni un argumento de peso que justifique una oposición a este planteamiento. Ni siquiera la discutible inviolabilidad permanente del Jefe de Estado según una lectura feudal del artículo 56.3 de la Constitución de 1978.

Es más, los monárquicos debieran ser los primeros interesados en aportar mayor credibilidad y prestigio a la institución. De paso, ayudaría a olvidar episodios sobre presuntas comisiones atribuidos en la prensa al rey emérito y que fueron amplificados por la propia nota oficial de la Casa Real, emitida la tarde de aquel domingo 15 de marzo cuando toda España había recibido horas antes con angustia la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de coalición.

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Aquella nota se emitió por sorpresa y tras la aparición de noticias en medios extranjeros. En ella, el actual rey, Felipe VI, da a entender posibles actuaciones irregulares de su padre, a quien deja en evidencia, le retira la asignación, renuncia a una herencia dudosa y provoca preguntas que deberían tener respuesta transparente. Hoy, la reconstrucción de España también ha de servir para reforzar nuestra democracia.

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Odón Elorza es diputado y secretario de Transparencia y Participación de la CEF del PSOE.