Juan Carlos I eligió Panamá para ocultar el dinero de Arabia Saudí cuando era un paraíso fiscal blindado frente a España

Los documentos de la investigación de la Fiscalía suiza sobre los manejos económicos de Juan Carlos I acaban de confirmar una paradoja de gran calado: que quien hasta junio de 2014 ostentó en España la Jefatura del Estado había ocultado seis años antes fondos multimillonarios de oscuro origen en Panamá, entonces un país blindado por completo frente a la justicia española por su condición de paraíso fiscal. Panamá se mantuvo en la lista negra española hasta el 25 de julio de 2011, cuando entró en vigor un acuerdo bilateral. El convenio incluía un compromiso de intercambio de información aunque en la práctica la república centroamericana ha seguido desde entonces operando como un territorio opaco y poco dispuesto a colaborar en la lucha contra los evasores fiscales.

Un acta fechada el 10 de marzo de 2011, firmada por Juan Carlos de Borbón y publicada ayer por elconfidencial.com demuestra ya sin ápice de duda que el ahora rey emérito utilizó una fundación panameña, Lucum, para manejar 65 millones de euros "donados" en 2008 por otro jefe de Estado, el rey de Arabia Saudí. El documento, de tres páginas en cada una de las cuales aparece la firma del rey emérito, confirma dos hechos sustanciales: que su primer beneficiario era el entonces rey de España; y que la fundación nació como sociedad instrumental para recibir el dinero saudí. 

Constituida en julio de 2008, la Fundación Lucum era la titular de una cuenta abierta en el banco suizo de Mirabaud. Allí permanecieron los 65 millones ingresados por el hasta que, en junio de 2012 y tras el escándalo de la cacería de Botsuana, el padre de Felipe VI transfirió el dinero a su antigua amante Corinna Larsen. La empresaria ha sostenido ante la Fiscalía suiza que aquel traspaso fue un regalo de amor. Los distintos expertos en materia tributaria a quienes ha consultado este periódico creen por el contrario que el episodio posee todos los visos de una operación de camuflaje y blanqueo.

Mientras la Casa Real y los abogados de Juan Carlos de Borbón guardan un silencio hermético, la existencia del acta empeora la situación del rey en un momento en que la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga si hay suficientes indicios para abrir una causa judicial. Las supuestas mordidas derivadas de la adjudicación del AVE a la Meca a un consorcio de empresas españolas, mordidas de las que parte habrían ido a parar al monarca, se encuentran en el origen del caso.

Los datos conocidos hasta la fecha ya apuntaban a que el padre de Felipe VI podría haber cometido un delito de blanqueo y otro de fraude fiscal al no haber tributado por los bienes localizados en el extranjero. El Gobierno trató ayer de desligar a Felipe VI de las responsabilidades penales que puedan alcanzar a su progenitor. El acta de la Fundación Lucum que señala a Juan Carlos I como primer beneficiario corrobora que el segundo era su hijo.

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Ahora, el nuevo documento refuerza a quienes sostienen que todo apunta a que Juan Carlos de Borbón jamás tributó por el dinero que le llegaba desde, al menos, países árabes como Arabia Saudí (65 millones) y Bahrein: 1,7 millones en 2010, según el gestor suizo Arturo Fasana, figura clave en este caso y cuyo testimonio ha colocado al rey emérito contra las cuerdas. Este martes, elespanol.com desveló que en su declaración ante el fiscal de Ginebra Yves Bertossa, Fasana dijo que, según sus conocimientos, el monarca no ha declarado los fondos de la Fundación Lucuma las autoridades fiscales españolas: "Que yo sepa, no. Se lo tendría que preguntar a él".

La difusión del acta panameña movilizó ayer a la asociación de técnicos de Hacienda Gestha. Según Gestha, si una vez transfirió en 2008 el rey saudí los 65 millones de euros no fue presentado el impuesto de donaciones, "se demostraría que la donación se habría ocultado al fisco español".  Gestha estima que Juan Carlos I debería haber pagado 52 millones de euros por ese ingreso. Y que debería habérselos pagado a la Comunidad de Madrid. En este caso, el impuesto de donaciones "no está bonificado al no existir lazos familiares entre las partes".

Gestha lanzó un llamamiento para que la Fiscalía del Tribunal Supremo "se blinde frente a posibles injerencias a la hora de investigar a Juan Carlos I". Y para que solicite a la Agencia Tributaria "el apoyo de un número suficientemente amplio de técnicos e inspectores de Hacienda para que no se eternice la investigación y reforzar la acción de la Justicia".  El comunicado de los técnicos exige una inspección: "Mientras no exista una investigación judicial o de la Fiscalía notificada a Juan Carlos de Borbón, los técnicos de Hacienda piden a la AEAT que ordene una investigación tributaria sobre el Rey emérito".