El 'plan b' de Casado se estrella en el Congreso y recibe el 'no' de todos los grupos, incluidos Vox y Ciudadanos

El rechazo de los grupos parlamentarios al plan B que el presidente del PP, Pablo Casado, lleva defendiendo desde hace meses como respuesta a la pandemia en contraposición a un estado de alarma que considera innecesario desbarató este martes la clave de bóveda del discurso conservador desde que el virus SARS-CoV-2 se extendió por España. Especialmente porque los dos partidos que con más vehemencia se emplearon en descalificar la propuesta fueron Ciudadanos y, sobre todo, Vox, que lo hizo con una dureza inusitada. Tanto que movió a varios grupos, alguno tan inesperado como Junts, a declarar su solidaridad con la portavoz del PP, Cuca Gamarra.

Gamarra ni siquiera contó con la presencia de su jefe de filas, Pablo Casado, ausente del hemiciclo, para defender lo que el presidente del PP lleva meses proclamando como la piedra angular de la respuesta jurídica a la pandemia: una reforma de la ley general de Sanidad de 1986 para, según él, evitar tener que recurrir al estado de alarma cuando para controlar una pandemia sean necesarias medidas que afecten a derechos ciudadanos fundamentales. Este ha sido durante meses el eje del discurso de Casado, según el cual la gestión de la pandemia ha sido un desastre entre otras cosas porque el Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido reformar la legislación. Lo que ayer se constató en el pleno es que nadie, salvo el PP, quiere ir por ese camino.

Gamarra lo intentó, a sabiendas de que nadie iba a tomar la palabra para darle su apoyo. “Es inconcebible que nuestro país no cuente con un instrumento jurídico estable y alternativo al estado de alarma que dé seguridad jurídica a los ciudadanos y a las comunidades autónomas“, defendió. No legislar equivale a una “dejación de funciones”, y no haberlo hecho ha añadido “a la emergencia sanitaria una emergencia jurídica de difícil explicación para los españoles”.

España, según el PP, carece de instrumentos legales para enfrentarse a una pandemia. Al Gobierno “le pudo la pereza” y prefirió recurrir al estado de alarma aunque eso afectase, acusó Gamarra, a los “derechos básicos” de los ciudadanos. “Han convertido la excepcionalidad en una rutina”, proclamó.

La solución del PP pasa por usar una ley orgánica —la de sanidad— para distinguir entre derechos fundamentales “y actividades económicas y sociales”. “Al ciudadano no hace falta prohibirle salir de casa mientras podamos limitar actividades que no afecten a derechos fundamentales“, argumentó Gamarra. Y hacerlo de manera que lo puedan decidir las Comunidades Autónomas, defendió, en “un modelo real de cogobernanza”, no como el que defiende el presidente Pedro Sánchez desde junio.

Gamarra defendió incluso la parte de la propuesta del PP que pretendía reforma la legislación para que sean los Tribunales Superiores los que tengan que decidir sobre las medidas de las comunidades y no los contencioso administrativos, olvidando que esa modificación ya se llevó a cabo —la iniciativa conservadora llegó al Congreso en agosto, antes de esa alteración—.

Contra ella salió, utilizando un tono entre displicente y despectivo, el portavoz del Vox, el juez en excedencia José María Sánchez García, en una intervención muy celebrada desde los escaños ultras, especialmente por los diputados Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona. “Doña Cuca”, le dijo, poniendo en duda que ella escriba sus intervenciones. “Me gustaba más doña Cayetana [Álvarez de Toledo]”. Gamarra, enfatizó, no entiende “nada” sobre la situación jurídica de la pandemia y mejor hubiese sido que no subiese “a la tribuna a decir disparates”. “Ustedes no saben de lo que hablan o verdaderamente han perdido el juicio”, prosiguió. “Tienen que volver a la facultad. Probablemente todos; doña Cuca desde luego”.

En opinión de Vox, cuyo dureza con el PP desde la tribuna no tiene precedentes en lo que va de legislatura hasta el punto de provocar gritos de protesta desde los escaños conservadores, los de Casado son “corresponsables de todos los problemas de España junto con el PSOE” y sólo aspiran a “restaurar el bipartidismo corrupto”.

Lo que tendría que haber hecho el PP es haberse enfrentado a “la prostitución del estado de alarma” que Sánchez, según Sánchez García, aplica de forma inconstitucional. En vez de eso proponen “este conjunto de tonterías”, lamentó en referencia al plan B de Casado.

Dar competencias a las comunidades autónomas en detrimento del Gobierno de España no es una opción para los ultras. “La descentralización ha dado lugar a esta crisis sin precedentes en España y en el mundo. No lo digo yo, lo dice Le Monde”, citó el portavoz de Vox por todo argumento.

Gamarra, indisimuladamente molesta con el tono de Sánchez García, le acusó de “machismo”, “falta de mesura y de sentido común” y también de “rigor jurídico”. “Los españoles lo mínimo que se merecen es un poquito de respeto entre todos nosotros”. “¿Ustedes qué proponen?”, le espetó. “¿Nada? Se mueven entre la anarquía y el situarse fuera de todo”.

En apoyo de Gamarra se manifestaron portavoces muy dispares. El de Ciudadanos, Edmundo Bal, le traslado su “solidaridad” “ante la falta de respeto que ha recibido desde la tribuna” y el de Junts, Genis Boadella, pidió “respeto parlamentario” y reprochó al portavoz de Vox haber tachado de “tonterías” las propuestas del PP. No se debe “considerar tonterías las propuestas de ningún grupo político: es una lección que deberíamos asumir todos”. Ana Prieto (PSOE) le señaló las consecuencias de haber dado espacio a los ultras: “Cuando se alimenta a quien está en su extremo, le pueden acabar devorando”.

Los argumentos de Cs

Las críticas de Vox al plan B de Casado fueron las más duras pero no las únicas que tuvo que escuchar la portavoz conservadora. Bal (Cs) fue particularmente contundente al recordar cómo el PP, para combatir la legalidad del estado de alarma, ha pasado de defender que bastaba con aplicar la legislación vigente a defender la necesidad de su reforma.

Lo único cierto, defendió Bal asumiendo en su integridad el razonamiento del Gobierno, es que la suspensión de derechos fundamentales sólo es posible a través del estado de alarma. “Estaba expectante de ver su plan B y le tengo que decir que me ha decepcionado muchísimo”.

“Tratan de hacer un estado de alarma con otro nombre”, un cambio que no afectaría a los ciudadanos pero que sí prescindiría de las garantías a las que sí obliga el estado de alarma. Tanto es así, que ironizó, al Gobierno seguro que le encanta que la propuesta del PP saliese adelante porque ya no tendría que rendir cuentas en el Congreso.

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“Como es imposible” restringir derechos con una ley, explicó didácticamente Bal, “usan una trampa semántica que es inconstitucional: no se pueden distinguir entre privación y restricción de derechos. No ha un camino intermedio”. “Su propuesta” de plan B, remató, “no vale ni como plan Z”.

En contra también se pronunciaron Mikel Legarda (PNV), según el cual “la reforma no supondría un mejor equilibrio de derechos fundamentales y salud que el que puede lograrse con el estado de alarma”, y Genis Boadella (Junts), aunque este último aseguró haber visto en la iniciativa “algunas cosas podían ser “interesantes”. La ley es de 1986, recordó, así que vale la pena empezar a plantearse reformarla.

También se alinearon contra el PP los portavoces del PSOE y de Unidas Podemos. La excepción, parcial, fue Carolina Telechea (ERC). La portavoz republicana no apoyó la propuesta del PP pero sí criticó que el estado de alarma sea el único recurso legal para luchar contra la pandemia, lo que ha dado lugar a un uso “excesivo y arbitrario” de esta herramienta. Y criticó que el Gobierno no haya sido capaz de cambiar durante estos meses una reforma legislativa que protegiese derechos y permitiese al mismo tiempo gestionar la lucha contra el virus.