El reverso del boom de las primarias: las cúpulas acaparan el poder en los partidos ante el retroceso de los controles internos

Los partidos españoles se verticalizan y concentran poder en su cúpula. Es un fenómeno extendido y que va a más. En paralelo al auge de las primarias, que han supuesto un indudable avance en la participación de la militancia, los líderes reforzados por las urnas tienden a restar poder a las instancias intermedias. “Ante el incremento del nivel de competencia (en ocasiones hasta la hostilidad) y de complejidad de la actividad política, los partidos [...] reaccionan intentando reducir su pluralidad interna”, anotan José Antonio Gómez Yáñez y Joan Navarro en el ensayo Desprivatizar los partidos. Hemos pasado del “partido de masas” al “partido de mesas (camilla)”, en palabras de la politóloga Cristina Monge, alarmada por un reciente acuerdo de las principales fuerzas del Pacto Antitransfuguismo que a su juicio extiende al mero disidente la imputación de tránsfuga. Un peligroso punto de inflexión, a su juicio.

“Por sí solas, las primarias acaban generando líderes intocables blindados por la legitimidad directa de las urnas. Ante cualquier enfrentamiento, la respuesta es: 'Haberte presentado'”, explica Rafael Rubio, profesor de Derecho Constitucional. “Se vendieron las primarias como un bálsamo de Fierabrás y no lo eran. Han terminado en mecanismos plebiscitarios de aclamación del líder mientras se abandonaban los cuerpos intermedios”, agrega el filósofo del Derecho Jorge Urdánoz. Carlos Fernández Esquer, investigador del Centro de Estudios de Partidos Políticos, lamenta: “Hemos hecho mal en darle ese uso despectivo a la palabra 'barones'”. Hay consenso en torno a una idea: urge un desarrollo de la Ley de Partidos para blindar los derechos de los militantes frente a las cúpulas y cumplir el mandato constitucional de su funcionamiento democrático.

Pero, claro, es una tarea que les tocaría impulsar... a las cúpulas de los partidos. El “zorro puesto a cuidar de las gallinas”, señala Urdánoz.

Mandato constitucional

Un poco de historia. Tras su origen como “mera agregación de notables locales, como al inicio de los tories británicos", en palabras del politólogo Pablo Simón, los partidos pasaron a ser movimientos obreros de masas, organizaciones que vertebraban la vida de sus militantes y los organizaban para causas concretas. Es la etapa de las cajas de resistencia, las casas del pueblo, la prensa propia... Un modelo que luego evoluciona.

España se queda al margen. Pero fuera pasan cosas. En los 60-70, mientras el país vivía un régimen de partido único, nacían las formaciones atrapalotodo –catch-all parties–, plataformas competitivas que se financian cada vez menos con el dinero de sus militantes y más con donaciones y cuyo objetivo es la búsqueda del poder. La ideología es negociable. La movilización se va a limitar cada vez más a periodos electorales. Quedan sentadas las bases de la verticalización.

España traza su propia ruta en esta historia. Tres años después de morir Franco, la Constitución otorga precisamente a los partidos un papel básico en el sistema democrático. El artículo 1, nada menos que el 1, establece entre los “valores superiores” del Estado el “pluralismo político”. Y el 6 fija: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político [...]. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

Así que “deberán ser democráticos”. Pero, ¿lo son?

Verticalidad

La vida política española sigue pivotando en torno a los partidos, de los históricos –PSOE, PP, ERC, PNV– a los nuevos –Vox, Podemos, Cs–. Ha habido mutaciones y adhesiones, desapariciones y divisiones, pero los partidos siguen siendo los actores fundamentales del sistema. Es cierto, sí, que ha ido creciendo la importancia de los individuos, los líderes, los emprendedores políticos. Pero no se ha llegado al límite de Francia, donde una figura, en este caso Emmanuel Macron, monta una organización de autor a la medida de sí mismo y sale presidente prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Aquí el sistema parlamentario, la ley electoral y los contrapesos territoriales han dificultado el éxito de "lobos solitarios", pero eso no significa que la vida de los partidos no esté mutando.

¿En qué dirección? El diagnóstico obtenido para este artículo, tanto a través del análisis de investigadores como con el repaso a la literatura académica, apunta a la creciente tendencia de desdeñar los peajes orgánicos de los partidos de siempre. Se impone un nuevo paradigma: un gran líder y sus próximos acumulan más y más poder. Estorba la lentitud deliberativa. De modo que el fenómeno del líder sin partido no ha llegado aún a cuajar en España, aunque algunos de sus rasgos –adanismo, vaciamiento ideológico, superficialidad, tecnocracia– impregnan cada vez más la vida política del país.

Hay una lógica detrás de la verticalidad. Todo aconseja decisiones centralizadas rápidas para las que la organicidad es una rémora: la reacción urgente exigida por las redes, la sucesión frenética de acontecimientos complejos, la volatilidad de la opinión pública, el zigzagueo al que obliga el multipartidismo, la geometría variable para las alianzas, el ajuste táctico bajo la presión de las encuestas... Un grupo de asesores con buenos datos bajo el brazo es –siguiendo esta lógica– más útil para la competición que una legión de militantes ideologizados, a la postre un posible freno para torcer el timón si llega el caso. El carrusel de citas electorales –con cuatro generales entre 2015 y 2019, a las que se suman locales, autonómicas y europeas– ha acelerado la verticalización, porque las campañas y precampañas son periodos más ejecutivos que asamblearios.

Cúpulas reforzadas

“La pluralidad y la capacidad de integrar nuevas demandas sociales se sacrifican en nombre de la unidad y de la eficacia electoral gracias a la oligarquización”, escriben José Antonio Gómez Yáñez y Joan Navarro en Desprivatizar los partidos, identificando varias tendencias: 1) Prolongación de los mandatos de los líderes. 2) Concentración del poder interno mediante mecanismos reforzados de elección del primer dirigente. “Un caso asombrosamente acabado fue la designación en 2016 del candidato de Junts Pel Sí por decisión del presidente saliente, Artur Mas, sin reunión de ningún órgano, tras meses sin que estos órganos fueran convocados”, señalan. 3) “Espectacularización” de las convenciones y formato televisivo de los espacios de rendición de cuentas.

Los principales partidos presentan tendencias de concentración de poder. No se trata de una vulneración de las reglas del juego. Los líderes de las formaciones en España lo son legítimamente. Se trata de cambios orgánicos que refuerzan al líder y a su entorno más próximo, casi siempre a través de una legitimidad reforzada con primarias. Tras la clara victoria de Pedro Sánchez ante Suana Díaz en 2017, el PSOE se dotó de un reglamento que describe bien las corrientes imperantes. Sin oposición interna, el PSOE se hizo más depedendiente del líder, que afianza su prevalencia sobre los barones, a quienes puede imponer consultas a la militancia. La cúpula se hace más difícil de controlar. También más difícil de derribar. Se elimina la regla por la que la dimisión de la mitad de la ejecutiva conlleva el cese del secretario general, la vía por la cual los críticos tumbaron en 2016 a Sánchez, que apoya su legitimidad en la militancia.

Fenómenos concretos ilustran la concentración de poder en el PSOE. Lo saben en la federación andaluza, donde han visto a Ferraz deshacer sus decisiones sobre las listas de las generales o, más recientemente, nombrar la nueva presidenta de la Diputación de Huelva tras la dimisión del anterior, ignorando las demandas de la dirección regional. Y este reforzamiento del líder ocurre en el PSOE, un partido de historial democrático en el que la militancia ha elegido con frecuencia a su líder contra el criterio del aparato: Borrell, Zapatero, el propio Sánchez... ¿Qué decir del PP, partido de dedazos, como el usado por Aznar para señalar a Rajoy? El partido celebró primarias en 2018, ganadas por Pablo Casado, que no ha integrado a los derrotados en el mando del partido y cuya autoridad sólo se ve matizada por la voz de los líderes autonómicos con poder ejecutivo, caso de Juan Manuel Moreno (Andalucía) y Alberto Núñez Feijoó (Galicia).

Podemos, con un núcleo fundador de afines vinculados al mundo universitario madrileño, se ha cimentado en el liderazgo carismático de Pablo Iglesias, que en la última asamblea ha relajado el límite de dos mandatos con un nuevo código ético. Hasta ahora y no se sabe hasta cuándo, Iglesias lidera Podemos. El partido morado acredita una marcada incapacidad para metabolizar la disidencia interna y mantenerla dentro, como demuestran las salidas de los anticapitalistas –y su rama andaluza, liderada por Teresa Rodríguez– o los errejonistas. Iglesias ha recurrido a las primarias, fuente de legitimación directa pero también obstáculo para la transacción entre posiciones, incluso para dirimir la polémica interna por su chalé. Por cierto, aquella consulta marcó el récord de participación en el partido, con 188.176 votantes. La defensa del líder que pide a las bases que se pronuncien lo que considera un hostigamiento ha suscitado más movilización que, por ejemplo, la decisión sobre si entrar o no en un gobierno de coalición. Es el signo de los tiempos, marcado por el tirón de los primeros espadas.

Las críticas a la falta de democracia interna y personalismo han sido usuales en Cs, donde Albert Rivera y sus círculos de confianza monopolizaron las grandes decisiones hasta su dimisión tras las generales de hace un año. Además, Cs ha tenido serios problemas con sus elecciones internas. Destacó el caso de Castilla y León, cuando en marzo de 2019 tuvo que anular la victoria de Silvia Clemente, apadrinada por la dirección de Rivera, ante las acusaciones de pucherazo de Francisco Igea. Ahora Inés Arrimadas ha excluido de los órganos del partido a Igea, que fue su rival en las primarias.

En cuanto a Vox, responde con claridad al modelo de partido personalista, abono ideal para el déficit de democracia interna. Santiago Abascal renovó en marzo su liderazgo hasta 2024 sin oposición. El único que pretendía dar la batalla era el canario Carmelo González, que denunció irregularidades y no llegó ni siquiera a las 200 firmas, frente a las 4.941 que eran necesarias para presentarse. La opacidad fue la nota dominante de la última asamblea de un partido híper centralizado, en línea con su visión del Estado.

Una vuelta de tuerca

“La nueva política se diferenció de la vieja en la aspiración de conseguir un nuevo modelo de partido basado en el pluralismo, la horizontalidad, la deliberación, la permeabilidad... Llegó incluso a inocular este virus en algunos de los partidos tradicionales, que ya no pudieron decir que no a las primarias. Diez años después […], las formaciones orbitan en torno a líderes incuestionables que, rodeados de un núcleo de personas cada vez más pequeño, y conscientes de la debilidad de sus estructuras, articulan mecanismos férreos de control. De partido de masas se ha pasado al partido de mesas (camilla)”, escribía el lunes en infoLibre Cristina Monge.

El artículo de la politóloga daba la voz de alarma sobre lo que, a su juicio, es un peligroso punto de inflexión: el acuerdo adoptado por una decena de partidos en la comisión del Pacto Antitransfuguismo, con la crisis en Adelante Andalucía como telón de fondo, que endurece el concepto de “tránsfuga” para incluir a los que, “traicionando” al partido, “se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”. La investigadora advierte de una redefinición que, a su juicio, puede dar cobertura a la exclusión de la disidencia interna y abundar en el proceso en curso de concentración cupular del poder.

Opacidad y ficción de masas

Rafael Rubio, profesor de Derecho Constitucional, atento observador de la democracia interna de los partidos, admite una “sensación de desaliento” . “Pensábamos que la clave eran las primarias. Pero, por sí solas, acaban generando líderes intocables blindados por la legitimidad directa de las urnas. Ante cualquier enfrentamiento, la respuesta es: 'Haberte presentado'”, explica. Esta situación predispone a la escisión de los cuadros destacados que se ven apartados del liderazgo. Un ejemplo: Más País, Íñigo Errejón, un partido de raíz personalista que ya ha recibido reproches de una de sus referentes iniciales, Clara Serra, por reproducir las estructuras verticales de Podemos.

Rubio recalca que el problema no es de legitimidad, ya que los dirigentes no buscan incumplir las normas, sino que optan por modelos de liderazgo reforzado con apoyo de unas bases a quienes las “baronías” les suenan a intrigas sucias. Nada ilegal, ni ilegítimo. Pero con consecuencias graves. “Se cae en un modelo refrendario constante. El caso del chalé es magistral. La disyuntiva era: 'Conmigo y el chalé o sin mí. Si votáis que no, me voy'. Suena muy democrático, pero no hay auténtica democracia sin debate”, señala.

Ley de Partidos

El profesor cree que la adenda al Pacto Antitransfuguismo “parece asumir que los partidos son como son y no como deberían ser”. ¿Y cómo deberían ser? Democráticos en su funcionamiento, como establece la Constitución. A juicio de Rubio, que tiene una opinión compartida por el resto de consultados, existe una insuficiente desarrollo de esta base constitucional. La Ley de Partidos (2002) “entra muy poco en democracia interna”, señala Rubio. “Siempre ha habido miedo a cambiarla, porque afecta a los propios partidos”, añade. Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional, resume así la situación en un artículo de 2015: “Que la aprobación de una Ley de Partidos preconstitucional sólo haya sido superada, más de veinte años después [en 2002], por una Ley de Partidos que en realidad se redactó con objetivos antiterroristas [...] muestra una férrea falta de disposición política a regular adecuadamente a los partidos”.

El protagonismo de la Ley de Partidos en el devenir político ha sido casi “inexistente”, señala Jorge Urdánoz, profesor de Filosofía del Derecho, que llama la atención sobre la escasez de regulación de la vida orgánica. “Apenas existen derechos reconocidos de los militantes. ¿Qué ocurre? Los partidos no están interesados en cambiarla, como ocurre con otras leyes que les afectan, de transparencia, electoral... Es un caso de zorro puesto a cuidar de las gallinas”, señala Urdánoz, que recalca la “opacidad” dominante en el funcionamiento de los partidos, poniendo como ejemplo el baile de cifras de afiliados.

El PP, que desde la era Aznar presumía de tener casi 900.000 militantes, dejó al descubierto la falsedad en las primarias de 2018. “En España participaron en las elecciones internas para secretario general del PSOE de 2017 unos 145.000 afiliados y en las del PP de 2018 unos 65.000. En síntesis, poco más que sus cargos públicos y allegados”, señalan Gómez Yáñez y Navarro. Pero se resisten a que desaparezca del imaginario colectivo la ficción obsoleta de ser partidos de masas.

A juicio de Urdánoz, negar el avance que han supuesto las primarias es erróneo, como demostraría el caso de Pedro Sánchez, en que la militancia impuso su decisión frente a la élite del partido. El problema ha sido la tendencia adyacente a las primarias: menos organicidad. Urdánoz subraya además que “no hay un pasado mejor al que regresar”. Es decir, no ha habido una era de organicidad potente que se haya diluido. “Lo que ha pasado es que se vendieron las primarias como un bálsamo de Fierabrás y no lo eran. Han terminado en mecanismos plebiscitarios de aclamación del líder mientras se abandonaban los cuerpos intermedios, que también encauzan la representación de los militantes”, señala Urdánoz, que pone como ejemplo a seguir el de Alemania, con estrictas obligaciones legales de democracia interna. El profesor, en cambio, no muestra alarma ante el endurecimiento de la noción de tránsfuga. “En España se vota clarísimamente a partidos, no a personas. Los partidos pueden hacer poco, porque los mecanismos y la doctrina constitucional están sesgados a favor del díscolo”, señala.

Rigidez y distancia del territorio

“Falta desarrollo de la Ley de Partidos, pero los propios interesados se alinean para defender los intereses de las cúpulas. En un tema que afecta a los propios partidos, ¿quién le pone el cascabel al gato?”, plantea el jurista y doctor en Ciencia Política Carlos Fernández Esquer, investigador del Centro de Estudios de Partidos Políticos, que cree que la adenda al Pacto Antitransfuguismo forma parte de una “deriva” hacia la “rigidez”. A su juicio, la Ley de Partidos en la práctica deja a las formaciones una amplia discrecionalidad para organizarse. Es un “error”, dice, tratarlos como si fueran “asociaciones deportivas o culturales”, algo que ignora su “relevancia en el sistema político y en las instituciones del Estado”. Todo está determinado por los partidos, incluso el poder judicial, como demuestra su bloqueo. Fernández Esquer ve urgente acometer reformas democratizadoras. “La idea fuerza de las primarias, que se ha impuesto, no ha llevado aparejadas reformas y ha terminado en pérdidas de contrapesos. Creo que hemos hecho mal en darle ese uso despectivo a la palabra 'barones', porque son estos dirigentes quienes tienen un conocimiento del territorio”, explica Fernández Esquer.

Aflora el ejemplo del PNV, partido hegemónico en un territorio, Euskadi, con el Gobierno autonómico, las tres alcaldías de las capitales y las tres diputaciones forales, lo que a su vez es clave en su fuerza orgánica. Fernández Esquer recalca el buen funcionamiento de mecanismos como la “bicefalia”, con el líder del partido y el cabeza electoral encarnados por figuras distintas, así como la existencia de una nutrida red de cuadros medios alimentados por su poderosa presencia institucional. Se ha dicho que es el último partido de la era analógica, si bien Urdánoz advierte de los males del “clientelismo” que apareja el excesivo poderío institucional.

¿Hay solución?

¿Hay solución para evitar la progresiva verticalización? Gómez Yáñez y Navarro apuntan a una periodicidad obligatoria de las reuniones de los órganos de control; mecanismos para garantizar la protección de los derechos de los afiliados; apertura de datos; elevación de estatus vinculante de los programas; limitación a cuatro años el mandato de los tesoreros... “Los partidos tienen que moverse, o de lo contrario todo el sistema político corre el riesgo de que los muevan, arrastrándolo con ellos”, señala el jurista Fernando Flores en su artículo. Monge se toma muy serio el problema: “Los partidos pueden estar entrando en fase de implosión [...]. Si no fuera porque son piezas esenciales para la democracia, no dejaría de ser una forma de organización política más que atraviesa un proceso degenerativo [...]. Pero ojo: sus crisis son las de todo el sistema”.

El partido sigue siendo, al menos de momento, la unidad básica de funcionamiento del sistema. Ahora bien, se observa una rebaja de la percepción social de su valor. Un 57% de los encuestados por Myword para un estudio de 2013 afirmaba que la democracia funcionaría mejor sin partidos, sólo con plataformas que gestionasen los asuntos públicos. "Los políticos, los partidos y la política" eran en diciembre de 2019 citados entre los tres principales problemas de España por el 49,5% de los encuestados por el CIS, que desde entonces ya no lo incluye en esta serie. 

Qué paradoja la de los partidos. Están en el centro de todo, pero nadie parece cómodo con ellos. A veces, ni sus propios líderes.