El 85% de las inspecciones en busca de 'falsos becarios' detecta fraude laboral y obliga a dar de alta en la Seguridad Social

En agosto de 2018, cuando solo habían transcurrido dos meses de la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy de Moncloa y llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, la entonces ministra de Trabajo Magdalena Valerio anunció el lanzamiento del Plan Director por un Trabajo Digno. El plan tuvo resultados inmediatos en la lucha contra el fraude en la contratación temporal o a tiempo parcial, pero la actuación de la Inspección de Trabajo abarcaba también otros tipos de fraude laboral como el empleo de falsos becarios.  

Y el balance que ahora hace Trabajo, con Yolanda Díaz al frente, es que la contratación fraudulenta de becarios que termina realizando las mismas labores que cualquier empleado en los centros de trabajo es masiva en España. Entre agosto de 2018 y diciembre de 2020 la Inspección realizó 3.865 visitas a empresas, pero también a administraciones públicas o universidades. El resultado de esas visitas ha sido la regularización de 3.326 personas. Es decir: el 85% de las visitas programadas para detectar falsos becarios terminó con personas dadas de alta en la Seguridad Social, según los datos a los que ha tenido acceso infoLibre. 

Más de la mitad de esas altas en el régimen de la Seguridad Social, concretamente el 54,84% (1.824), se han producido a lo largo de 2020, con Díaz en el ministerio. "Las actuaciones en falsos becarios están principalmente dirigidas a localizar becas que encubran una relación laboral", destacan en Trabajo. "Lo que se logra con la actuación inspectora es que esas personas trabajadoras figuren en el régimen general y coticen como trabajadores por cuenta ajena, que es lo que realmente son".

Un trabajador por cuenta ajena es una persona contratada por un empleador como mínimo una hora a la semana, recibiendo una contraprestación por ello. Es decir, un tipo de contrato que evidencia la existencia de una relación laboral. Según las fuentes consultadas, muchos de los contratadores optan por modalidades de prácticas de manera fraudulenta e indebida en vez de por la figura por cuenta ajena. Ésta se camufla como prácticas no laborales y bajo la apariencia de una actividad formativa. 

La problemática de los falsos becarios afecta principalmente a las trabajadoras. Seis de cada diez personas dadas de alta en la Seguridad Social (el 60,91%, 2.026 regularizaciones)) fueron mujeres, frente al 39,09% hombres (1.300). 

Generalitat Valenciana, Diputación de Pontevedra...

"Siempre pedimos al ministerio que distinga entre falsos becarios y prácticas no laborales, porque no es lo mismo", precisa Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO. "Los falsos becarios están dados de alta en la Seguridad Social desde 2011, las personas que realizan prácticas no laborales no. Hemos llegado a denunciar ofertas de trabajo en buscadores muy populares que, bajo la fachada de las prácticas no remuneradas, escondían verdaderas relaciones laborales". 

No solo hay empresas privadas afectadas. Santillana recuerda la denuncia que CCOO puso contra la Generalitat Valenciana en 2019, que arrojó decenas de falsos becarios. O la sentencia contra la Diputación de Pontevedra ese mismo año, en la que un juzgado obligó a esta institución a contratar a 38 ex becarios.   

Las visitas de los inspectores no siempre terminan en infracción, pero sí se han levantado hasta 432 sanciones en este tiempo. La recaudación que la Inspección ha obtenido de dichas denuncias se eleva hasta 8,1 millones de euros (8.189.877,10 euros). De acuerdo con las fuentes consultadas, la campaña del Plan Director se ha realizado con personal inspector y equipos especializados: ambos han recibido una formación específica. 

El número de visitas fue en aumento cada año. Así, de 2018 a 2019 el porcentaje de inspecciones creció un 33%, y de 2019 a 2020 lo hizo en un 38%. 

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"Estos datos constatan que cada vez más se normalizan las prácticas no laborales fuera de los planes de estudio", deplora Eduardo Magaldi, responsable de Juventud de UGT. "Las empresas seleccionan a gente en las universidades o en los centros de formación bajo la promesa de un contrato en el medio plazo. Pero la realidad es que extienden el periodo de prácticas y sustituyen puestos de trabajo con estas figuras fraudulentas". 

"Muchas universidades se benefician, y las empresas también, claro". Magaldi recuerda que la Universidad Carlos III de Madrid ha recibido varias condenas en este sentido. "En 2020 se resolvió una denuncia de la Inspección de Trabajo por la que la Carlos III tenía que dar de alta a más de 200 jóvenes. Estaban haciendo prácticas no remuneradas sin relación con sus estudios, y tampoco tenían un tutor o profesor asociado". Otras universidades han recibido igualmente sanciones de la inspección. La patronal CEOE no ha hecho declaraciones.

Los contratos en prácticas obligan a remunerar con el 60% del salario normal el primer año, y con el 75% el segundo ejercicio. "Esto se arreglaría en gran parte si se aprobara el Estatuto del Becario, que es una promesa tanto del PSOE como de Unidas Podemos", dice Magaldi.