Una auditoría interna desveló graves irregularidades en el contrato multimillonario de un hospital de Madrid con OHL

La Consejería de Sanidad de Madrid adjudicó en marzo de 2016 y para 15 años un macrocontrato de 41,3 millones a una UTE del grupo OHL en cuya ejecución durante los primeros 18 meses detectó la Intervención graves irregularidades. Adscrito a la Unidad de Control Financiero, el interventor asignado a la vigilancia de ese contrato alertó en su informe de que se habían registrado deficiencias constantes en la evaluación trimestral subcontratada por OHL a una empresa a la que debía destinarse el 2% del total de la adjudicación.  

El informe hizo constar que la ausencia de información aportada y reflejada en tales evaluaciones impedía saber qué subcontrata de OHL había realizado los trabajos de reparación y mantenimiento para cumplir el contrato, destinado a la "gestión eficiente de las energías primarias" en el Hospital Universitario de La Princesa, un centro de especialidades y otro de salud mental. Es más: sustentados en informes mensuales de OHL, las evaluaciones semestrales tampoco permitían conocer en qué fecha se había efectuado cada reparación ni en qué consistía exactamente. No había datos por tanto sobre si se les estaba destinando realmente todo el dinero presupuestado para esa tarea: 1,05 millones en 2017. El interventor ya había intentado en marzo de 2015 detener el proceso de licitación para subsanar errores: lo hizo cuando le citaron para una sesión de la mesa de contratación un lunes. Pero los papeles que debía conocer se los habían dado el viernes previo a las 14.30 de la tarde.

Fechado el 2 de marzo de 2018, el informe sostiene asimismo que el año previo hubo igualmente  un “pago indebido” de 336.556 euros al adjudicatario porque se aplicó una revisión de precios autorizada en el pliego de condiciones pero, según el interventor, contraria a la Ley de Contratos Públicos. Tras obtener las respuestas del Gobierno madrileño, que defiende la pertinencia de esa revisión porque figura en el pliego de condiciones, infoLibre consultó con expertos independientes. Algunos de esos expertos sostienen que el punto del informe que concluye la existencia de pagos indebidos puede no ser válido porque no cabía aplicar el precepto de la Ley de Contratos que regula ese aspecto. Pero el hospital no hizo en su día ninguna alegación que refutase lo expuesto sobre ese asunto en su informe por el interventor. Tampoco lo contradijeron los superiores del autor de la auditoría en la Intervención madrileña. La revisión de precios incrementaba nada menos que en un 10% los 3,34 millones que, a tenor del contrato, debía cobrar en 2017 la UTE de OHL. Lo previsto en la adjudicación como pago para cada año puede consultarse pinchando aquí.

Tres años más tarde, el argumento del auditor sobre cómo aquella revisión de precios al alza vulneró "principios básicos" de la Ley de Contratos tampoco aparece cuestionado en la respuesta remitida a este periódico por el Hospital de la Princesa con el visto bueno del Gobierno de Madrid. En el cuestionario enviado por este periódico figuraba expresamente subrayado el párrafo donde el interventor afirmaba lo siguiente: "Que el contrato no puede contradecir disposiciones legales, y por tanto todas las revisiones realizadas desde el mes de marzo de 2017 están en contra de principios básicos, no se ajustan al procedimiento establecido y se consideran un pago indebido”. El hospital se limita ahora a subrayar que se aplicó la revisión de precios a partir del primer año y no del segundo porque así lo estipulaba el pliego de condiciones. Y cuantifica en un millón (999.272,22 euros) las revisiones "estipuladas en el contrato" que se han aceptado hasta noviembre de 2020.

Ya en el informe sobre el segundo semestre de 2016 el interventor había avisado sobre "pagos indebidos": "Los gastos de arrendamiento de grupos [electrógenos] y otras actuaciones contratadas al margen del contrato de eficiencia energética, podrían tener la consideración de pagos indebidos". Porque se trataría, esa es su tesis, de pagos a otros proveedores por servicios que en aplicación del contrato ya debía aportar OHL. La respuesta oficial recabada por infoLibre lo niega: el alquiler de los grupos electrógenos, señala el texto, "corresponde a una extensión del alquiler de los mismos, no a una duplicidad de apuntes sobre el mismo concepto". Aquí, este periódico ignora a cuánto ascendió ese alquiler. 

El documento alcanzó carácter definitivo tras una fase de alegaciones en la que la gerencia del hospital auditado guardó absoluto silencio sobre lo que la Unidad de Control Financiero acababa de constatar en sus dos afirmaciones más relevantes: el descontrol sobre los trabajos de reparación y mantenimiento y la vulneración del TRLCS (Texto Refundido de la Ley de Contratos) en cuanto que prohíbe aplicar revisiones de precio antes de que hayan transcurrido dos años desde la formalización del contrato. En las alegaciones al informe provisional formuladas en su día por el hospital, a las que también ha accedido este periódico, no hay ni una palabra que corrija, desmienta o matice lo dicho por el interventor sobre la ejecución del contrato. De hecho, el informe definitivo mantiene tales asertos porque las alegaciones "no aportan nada nuevo sobre lo comentado en el informe". Y remata así la frase: "No procede ninguna corrección".

El “2% del importe de adjudicación”, para una evaluación que no aportaba datos

En el apartado sobre las evaluaciones subcontratadas por OHL a Exeleria, el informe del interventor dice textualmente esto: "De la lectura de este control se deduce que el trabajo de Exeleria ha consistido en evaluar los informes mensuales elaborados por la UTE adjudicataria. A pesar de ello, la evaluación cita trimestre tras trimestre que falta especificación de las reparaciones y mantenimientos efectuados, puesto que no indican las fechas, quiénes las han realizado, el resultado de la actividad, la duración ni los repuestos o materiales sustituidos. Hay que recalcar que la UTE debe destinar un 2% del importe de adjudicación a estos informes que en definitiva no aportan claridad a la ejecución real del contrato, y las deficiencias administrativas no son subsanadas". infoLibre hizo llegar ese párrafo a la Consejería de Sanidad. Exeleria es el nombre comercial de Everis Ingeniería y Medio Ambiente SL, una filial del potente conglomerado empresarial Everis. Desde 2018, Everis tiene como presidente a quien hasta entonces había dirigido su fundación privada, el exministro de Defensa Eduardo Serra. Aplicado al importe total del contrato (41.310.110 euros), el 2% con que Exeleria ha de acometer sus evaluaciones suponen 826.202 euros.

Y añade en este punto algo más:  "De acuerdo con el informe mensual de seguimiento de la actividad del contrato se reflejan las actuaciones realizadas por empresas subcontratadas, pero no se recoge la cuantificación económica que permita verificar si el porcentaje subcontratado es el admitido en los PCAP [Pliego de Condiciones]. Esta incidencia se recoge en el control de la empresa Exeleria, sin haberse subsanado".

La asignación en Madrid de un porcentaje del contrato a determinadas tareas de naturaleza complementaria no constituye una excepción. El caso más conocido es el del 1% que los nuevos hospitales de gestión privada de la Comunidad de Madrid debían dedicar a publicidad. Las investigaciones de la Operación Púnica, el mayor caso de corrupción en manos de la Audiencia Nacional, apuntan a que buena parte de ese 1%del presupuesto de construcción de nuevos hospitales sirvió para financiar campañas del PP madrileño.

Sobre la revisión de precios que en 2017 aseguró a OHL un 10% adicional a las cantidades previstas en el contrato para ese año (3,34 millones), el informe de la Unidad de Control Financiero destacó de forma expresa que la fórmula empleada incurría en una irregularidad flagrante: “Nos encontramos ante un expediente calificado como contrato mixto de suministros y de obra, por lo que de acuerdo con el artículo 12 del TRLCSP [Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público] tramitación y ejecución serán regladas por el tipo de contrato cuya cuantía económica sea de mayor valor, por tanto, este expediente se debe considerar como regulado de acuerdo con el contrato de suministros”.

Y para ese tipo de contratos –agregaba el informe– el mismo TRLCSP señala en otro de sus artículos, el 89, que la revisión de precios solo será factible “cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización”. Ese punto del informe es el que, según los expertos independientes consultados, puede no ser válido si se tiene en cuenta que el expediente comenzó a tramitarse antes de que ese precepto de la ley entrase en vigor. 

Aunque en el texto del interventor se localiza lo que los expertos definen como un simple error material –se cuantifica en un año y no en dos el tiempo de espera al que obliga el artículo 89 del TRLCSP–, el informe incluye una advertencia de calado: que el pliego de condiciones de una licitación no puede de ningún modo saltarse lo que marca la ley: “El contrato no puede contradecir disposiciones legales, y por tanto todas las revisiones realizadas desde el mes de marzo de 2017 están en contra de principios básicos, no se ajustan al procedimiento establecido y se consideran un pago indebido”. Y ese pago indebido se eleva a los 336.556,81 euros mencionados al inicio de esta información.

Un voluminoso expediente a estudiar... y facilitado "con un día hábil de antelación"

Casi un año antes de la formalización del contrato con la UTE del grupo fundado por Juan Miguel Villar Mir, el interventor ya había expresado oficialmente su desacuerdo con cómo se estaba tramitando la adjudicación de un contrato que afectaba a un hospital, al centro de especialidades Hermanos García Noblejas y el de Salud Mental Chamartín. Ese desacuerdo se tradujo en el voto particular que presentó ante la mesa de contratación en abril de 2015 y que mantuvo paralizado el expediente tres meses.

En ese voto particular, al que también ha accedido este periódico, el interventor adujo que ni se había incorporado al expediente toda la documentación recabada ni se le había facilitado la disponible con tiempo suficiente para su estudio. Se la entregaron, escribió, tan solo “con un día hábil de antelación”. Y además, incompleta. ¿Y qué dice al respecto la actual dirección del Hospital de La Princesa ante las preguntas de este periódico? Que la mesa de contratación donde "se procedió a la apertura de la documentación administrativa del expediente" tuvo lugar el 20 de abril de 2015. Era lunes. Y que el interventor no había sido "designado [por la Intervención General de la Comunidad] hasta el viernes 17 de abril de 2015 a las 14.30 horas". O sea, que la tarea de vigilar aquella licitación millonaria se le encomendó cuando en la práctica ya había comenzado el fin de semana previo al día fijado para reunir a la mesa de contratación.

Asimismo, el interventor subrayó que el informe preceptivo e insoslayable de los servicios jurídicos era anterior a que en el pliego de condiciones se introdujesen modificaciones sustantivas. Y que la aparición de esos cambios hubiese exigido un nuevo informe jurídico. En julio de aquel año, la interventora general de la Comunidad de Madrid, cargo de libre designación en todas las comunidades autónomas, dio vía libre a que la tramitación siguiese adelante. 

El pasado mes de diciembre, la Audiencia Nacional ordenó levantar la imputación que pesaba sobre Juan Miguel Villar Mir en dos piezas del caso Púnica, una de ellas la de la financiación del PP de Madrid: la Sala Penal sostiene que no hay "ningún dato" que corrobore las sospechas en contra del ex presidente de OHL.

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El fundador de OHL es, no obstante, uno de los empresarios a los que Luis Bárcenas señaló como donante del PP en su declaración en el juicio sobre la caja B. Según el antiguo tesorero, Villar Mir financiaba "en paralelo" al PP nacional y al de Madrid.

Tanto en Púnica como en la bautizada como Lezo continúa investigado Javier López Madrid, su yerno y exconsejero de OHL. En Lezo y por el supuesto pago de una mordida relacionada con la adjudicación del tranvía de Móstoles a Navalcarnero, Anticorrupción ya ha dado un paso decisivo: pide seis años y medio de cárcel para Javier López Madrid. La Fiscalía le atribuye los delitos de cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.

El nombre de la constructora salió a la luz cuando en 2013 se conocieron los papeles de Bárcenas. Una parte de esa pieza de Gürtel es la que enmarca la declaración de Bárcenas que involucra a Villar Mir en la financiación del partido. Otra, donde se han vuelto a investigar las supuestas donaciones a cambio de contratos públicos, está en manos del juzgado 5 de la Audiencia Nacional.