La fiscal de violencia de género critica la actuación del fiscal de la 'manada de Sabadell': "No debería ocurrir nunca"

La fiscal de Sala Delegada de Violencia contra la Mujer, Pilar Martín, ha criticado la actuación del fiscal del caso de la presunta violación múltiple de Sabadell, y cree que la actitud que se le ha visto durante el juicio "no debería ocurrir nunca", según informa Europa Press. En su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso, Martín ha sido preguntada por este tema por la portavoz de Junts, Pilar Calvo, quien ha reclamado más formación para los profesionales que tienen contacto con las víctimas en este proceso.

Para Martín, la actitud del fiscal en el juicio pudo corresponder a que la petición de pena para los presuntos violadores son muy altas, entre 37 y 40 años, y, explica, probablemente "intentaba afianzar" la declaración de la víctima. Aunque, reconoce, lo hizo "sin sensibilidad, ni empatía".

A su juicio, si era necesario realizar estas preguntas, el fiscal debería haberle explicado el por qué de ellas, para que la joven las pudiera recibir de otra manera y no como un cuestionamiento a su historia. Se trata, ha indicado, de un problema de "falta de formación en artes psicológicas" y, aunque reconoce que han recibido asesoramiento de expertos y víctimas, también indica que queda mucho por hacer.

Pide más acompañamiento a las víctimas

Durante su intervención, precisamente, se ha hecho eco de la necesidad de un mejor acompañamiento a las víctimas de violencias machistas, así como de una mayor concienciación social sobre este tema. La fiscal ha mostrado, en este sentido, su preocupación por la baja denuncia de familiares o entorno de las víctimas.

A falta de confirmar el informe de la Fiscalía de 2020, Martín se ha referido a las cifras que sobre esta lacra se recogieron en 2019, de las que se desprende que se interpusieron 168.057 denuncias por violencia de género, es decir, una cada seis días, de las cuales solo un 1,9% fueron formuladas por familiares.

Del mismo modo, señala que de estas más de 168.000 denuncias, solo 58.000 llegaron a juicio. Para la fiscal esto es consecuencia de que la mayoría de mujeres se sienten "solas" o sufren "presiones externas", lo que les lleva a acogerse a la dispensa a no declarar –en casos en las que solo existe como prueba su testimonio– o a retirar la denuncia. "Se debe dotar o intentar implementar la oficina de atención a las víctimas", ha reclamado Martín, que cree que si la mujer se siente acompañada no habría tantas víctimas que se acojan a la dispensa a no declarar.

Eliminar la dispensa a declarar

En este sentido, advierte de que, esta situación, acaba con denuncias sobreseídas o con resolución absolutoria "que no son neutras" y suponen un "paso atrás" para la mujer tras el "paso tan importante y doloroso" que dio al ir a los juzgados.

Es por ello, que ha llamado a eliminar la dispensa, una medida que, ha recordado, se incluyó en el Código Penal para evitar que familiares cercanos tuvieran que declarar en contra de sus seres queridos. Pero, a su juicio, no debería aplicarse a la persona que denuncia y que, en la mayoría de los casos, es la única testigo de lo ocurrido.

Del mismo modo, ha advertido de que esta soledad de las víctimas también tiene consecuencia en los menores, ya que hay muchas mujeres que deciden poner fin a esta situación divorciándose, evitando así el proceso de denuncia por maltrato. Esta decisión permite que los padres maltratadores puedan ver a sus hijos, indica Martín.

Las portavoces de PSOE y Unidas Podemos en esta comisión, Mariana de Gracia Canales e Isabel Franco, respectivamente, han mostrado su preocupadas por la violencia vicaria, la que se ejerce sobre los menores para hacer daño a la madre, mientras que su homóloga del PP, Teresa Jiménez Becerril, ha preguntado a Martín sobre el testimonio de Rocío Carrasco en televisión.

Formación en los medios de comunicación

Sobre este último, Martín ha señalado la "importancia" de los medios de comunicación, aunque cree que existen "muchos peligros" cuando alguien se "lanza" a la televisión porque "puede resultar más revictimizada que apoyada". Es por eso, que llama a fomentar la formación de género también entre los profesionales de los medios para que "traten a las víctimas como lo que son: víctimas de un problema muy grave que piden ayuda".

En cuanto a la violencia vicaria, ha indicado que los juzgados están haciendo un trabajo "riguroso" en este sentido con "penas altísimas" y ha indicado que el sistema Viogén también ha mejorado los indicadores de riesgo de los hijos de víctimas. "Hay que seguir poniendo el foco en la atención y la prevención", ha declarado.

Por su parte, Vox ha puesto en duda la situación de las mujeres que ha relatado la fiscal. Su portavoz en este debate, María Magdalena Nevado, ha leído en la sesión el caso de un hombre denunciado en numerosas ocasiones por su mujer impidiendo que este pueda ver a sus hijos, a pesar de que todas las denuncias fueron archivadas. A juicio de los de Abascal, este hombre es "víctima de la ley de violencia de género" española y critican que no se "persigan" las denuncias falsas.

La fiscal de Sala Delegada de Violencia contra la mujer ha indicado que esta situación es "un caso" y que "las cifras hablan por si solas" cuando se trata de violencia de género. Para Martín, este hombre es víctima de una mujer, no de la ley, como, ha indicado, una persona estafada por un seguro es víctima del estafador, no de la ley de contrato de seguros.

Un "atasco" tras la pandemia

En cuanto a las denuncias falsas ha recordado que la Fiscalía hace seguimiento de estas, de hecho ha indicado que en 2019 fueron un 0,00079% de las presentadas, y ha recordado que esto no se hace con otros delitos. También ha apuntado que el Ministerio Fiscal es el más interesado en conocer estos números para hacer seguimiento de la actividad judicial y de cómo se aplica esta norma.

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Por otra parte, durante su intervención, Martin ha hecho balance de la situación judicial de la violencia de género durante y después de la pandemia. Según ha relatado, el estado de alarma "paralizó" la actividad judicial a excepción de las denuncias por violencia de género y la aprobación de órdenes de protección hacia las víctimas, lo que ha generado un "atasco" en relación a la apertura de diligencias o la celebración de juicios orales.

Martín ha reconocido "costará bastante superar" esta situación porque "actualmente hay límites sanitarios" que no permiten "convocar muchos juicios" por no convocar a los juzgados a muchas personas. "no se ha arbitrado aún ningún medio para absorber este gran bloque de procedimientos pendientes".

Para la fiscal, la puesta en marcha de las videoconferencias fueron "importantes" pero no suficientes, y ha alertado de que esta situación está derivando en un fomento de las conformidades previas para evitar que se llegue a juicio.