Frente judicial casi despejado para Cifuentes: la Fiscalía no recurre el archivo de la investigación por la caja b del PP

Casi tres años después de que comenzaran los problemas judiciales para Cristina Cifuentes, el futuro parece despejarse para la expresidenta madrileña. Al menos, está a medio camino. La Fiscalía Anticorrupción no recurrirá el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el que archiva la investigación que pesaba sobre ella en la pieza 9 del caso Púnica, la que indaga en una posible financiación irregular del PP de Madrid. No obstante, el instructor deberá resolver un recurso que ha presentado la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade). También queda por saber si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirma la sentencia que absuelve a Cifuentes en el caso Máster o, por el contrario, hace caso a la Fiscalía Provincial y ordena repetir el juicio.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 archivó el pasado 20 de abril las actuaciones que había abierto en septiembre de 2019 contra Cifuentes por prevaricación y cohecho por el contrato de Servicio de Cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández y por el supuesto desvío de fondos desde la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) al PP regional para financiación de campañas electorales del partido entonces dirigido por Esperanza Aguirre.

Tras las diligencias realizadas después de más de año y medio de investigación, García Castellón, que emitió el auto de archivo en plena campaña electoral de los comicios madrileños del próximo 4 de mayo, considera ahora que aunque las pesquisas sobre Cifuentes partían, "en esencia, de una inferencia lógica", no han acreditado que tuviera participación alguna en la gestión económica de Fundescam. La imputación de que tuviera un previo conocimiento de la existencia de aportaciones por parte de empresarios a las cuentas de Fundescam "se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente", explicaba el magistrado.

Además, subraya que no se ha probado que la expresidenta ostentara en aquellos años cargo alguno en la fundación, como presidenta, vicepresidenta, secretaria o gestora de la misma, y que cesó como patrona en septiembre de 2008, si bien se elevó a escritura pública en 2010. En definitiva, "no se desprende de lo actuado hasta el momento indicio alguno que permita sostener que Cifuentes tuviera conocimiento de quiénes eran los donantes de la Fundación Fundescam, ni ha resultado acreditada su participación en actividad alguna que tuviera relación con las funciones de administración, gestión, o contabilidad referida a la fundación".

Y, por tanto, si no se puede sostener que tuviera conocimiento de las donaciones vinculadas a Arturo Fernández, no se mantiene que su actuación en el proceso de licitación en la Asamblea "estuviera presidida por una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que éste había realizado en la fundación señalada".

Fiscalía y juez opinan igual

El magistrado de la Audiencia Nacional acordó el archivo a petición de la defensa de la propia Cifuentes y sin pedir informe a Anticorrupción. Según ha podido saber infoLibre, la Fiscalía está de acuerdo con los argumentos del juez al considerar que la investigación en torno a la expresidenta no ha permitido acreditar los motivos por los que fue imputada en septiembre de 2019, de modo que no presentará recurso contra el auto de la semana pasada. En los últimos meses se han apreciado discrepancias de criterio entre juez y Fiscalía en el caso Púnica, pero en esta ocasión están de acuerdo, lo cual hace muy poco probable que se vuelvan a abrir las diligencias. Eso sí, el instructor deberá argumentar de nuevo por qué desimputa a la expresidenta, en respuesta al recurso de Adade.

La acusación popular ve "absolutamente incongruente" la decisión de García Castellón, sobre todo porque, según recuerda, el juez dijo que sería al finalizar la instrucción "el momento procesal oportuno" para tomar una decisión. También lamenta el "cambio de actitud" tanto de la Fiscalía como del juez. En su recurso, al que ha tenido acceso este periódico, Adade pone en evidencia que el año pasado el PP de Madrid remitió un escrito a la Audiencia Nacional remarcando que Fundescam había quedado extinguida en octubre de 2016 y que al momento de la solicitud de información del magistrado sobre las reuniones en las que Cifuentes pudo participar "no hay persona alguna que tenga la potestad certificante para cumplimentar la petición".

"De la lectura se deduce que no tiene ninguna validez, pues quien firma dice haberse incorporado con posterioridad a la disolución, que no hay nadie que pueda certificar, eso sí dice que no consta que se haya entregado documentación a Cristina Cifuentes, pero no dice por qué le consta. Sorprende que una institución como el Partido Popular no tenga capacidad ni nadie dispuesto, no ya a entregar, que lo hicieron mediante anónimo la primera vez, sino a certificar lo que hacen en su sede y precisamente con Fundescam", explica.

La acusación hace constar al juez que Cifuentes "no participa en reuniones de Fundescam, ni ella ni nadie lo hace, porque sencillamente no se celebran" y que la fundación "no le informa de las donaciones que recibe porque no hay reuniones ni cuentas ni actividad de Fundescam". Y es que, para Adade, "de la instrucción realizada hasta la fecha, de la prueba recabada, de las declaraciones prestadas, se deduce clarísimamente, todo indiciario en este estado de la causa, que Fundescam era sólo una herramienta creada para recaudar fondos para el Partido Popular de Madrid, sin actividad conocida alguna", como así concluyen los informes de la Guardia Civil incorporados a la causa.

"El mero hecho de figurar como miembro del patronato de una entidad que no tiene actividad alguna, pero que formalmente recibe subvenciones y las gasta, ya supone una forma de participación en hechos presuntamente delictivos. Si la señora Cifuentes quería demostrar su inocencia, lo que debía demostrar no era su inactividad como miembro de un patronato ficticio y sin actividad ninguna, sino su diligencia en el desempeño de sus labores, las veces que reclamó información o solicitó que se le facilitasen las cuentas antes de su aprobación a fin de poder estudiarlas", subraya el escrito de Adade.

Formaba parte de los comités de campaña

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Por otro lado, cuestiona la versión de la expresidenta de que ella no supiera nada de una supuesta caja b en el partido: "Su larga trayectoria y sus múltiples contactos hacen prácticamente imposible que desconociese que en las múltiples campañas electorales que participó desde al menos el año 1991 había un techo de gasto y que el número de actos y pancartas, los panfletos, las cuñas televisivas o de radio, las inserciones en periódicos, etc., era imposible que entrasen dentro de ese reducido presupuesto". Además, en las campaña electorales investigadas, 2007 y 2008, "ella era la secretaria ejecutiva de Política Territorial del PP de Madrid y, según la documentación aportada por ella misma, formaba parte de los comités de campaña con la misma responsabilidad".

De hecho, recuerda que otros imputados en este procedimiento, como el empresario Daniel Horacio Mercado–adjudicatario de contratos de la Comunidad de Madrid y del PP– y la ex directora general de Medios del Gobierno madrileño Isabel Gallego han reconocido irregularidades en la financiación de las campañas electorales del PP de Aguirre, por lo que Adade cree que quien debe enfrentar los testimonios contradictorios es el tribunal que juzgue los hechos de esta pieza 9, pues en la vista oral se podrán valorar, "sin interrupciones, tanto las declaraciones como los informes, las periciales y la documental obrante en la causa, lo que permite una visión mucho más ajustada a la realidad que la propia de la instrucción, especialmente en un juzgado donde desbordan las macrocausas y sobre temas conexos". En su opinión, "hay sobrados indicios no sólo para mantener la condición de investigada de Cifuentes, sino para decretar la apertura de juicio y que adquiera la condición de acusada".

"¿Quién me va a resarcir ahora el sufrimiento padecido? ¿Y el de mi familia? ¿Quién me va a devolver todo lo que me arrebataron?", se preguntó Cifuentes en un comentario en su cuenta personal de Twitter poco después de conocer el auto de archivo. Aunque todavía no puede cantar victoria, pues aparte del recurso de Adade, el TSJM aún debe resolver el recurso de la Fiscalía de Madrid, que sigue sosteniendo que la expresidenta fue quien "impulsó, sugirió y se deduce que presionó, de una manera eficaz e intencionada como mínimo con dolo eventual" la falsificación del certificado del trabajo de fin de máster. El Ministerio Público, que pedía tres años y tres meses de cárcel por falsedad en documento oficial para Cifuentes, solicitó la repetición del juicio en el que ésta resultó absuelta.