Diez mitos sobre los indultos

Hay políticos que quieren ser jueces. O que creen que es más cómodo que la Justicia se encargue de problemas que tienen un origen político. Sólo así se entiende que el conflicto que a todas luces existe en Cataluña haya sido dirimido una vez sí y otra también en los tribunales, desde el Estatut a la progresión de acontecimientos que desembocaron en el 1 de octubre.

Hay jueces que juegan a ser políticos. O que no se conforman con cumplir con sus obligaciones, tasadas en la ley, y sucumben a la tentación (muy humana, nada profesional) de bajar a la arena del debate partidista. De poner los puntos sobre las íes. De dar una lección. Sólo así se entiende que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (nada menos) haya escogido precisamente este miércoles para decir que "cuando no hay concordia es difícil de aceptar” la concesión de indultos. Como si fuese un portavoz parlamentario o un tertuliano con el termómetro de la concordia en la mano. Cuando se habla de injerencias de un poder en otro, entiendo que también hablamos de esto.

Después está Enrique López, el portavoz de Justicia del PP, que es a la vez magistrado y político. Antes incluso de conocer los decretos de indulto que previsiblemente dictará el Gobierno, ha anunciado el recurso de su partido (¿cómo sabe que serán ilegales si no conoce ni la decisión final ni sus fundamentos?) y sentenciado que los indultos son “pedir perdón a los condenados y condenar a los jueces". Pocas cosas desconciertan más que un juez que se expresa sin rigor o matices.

Una de las transformaciones pendientes en España es la de la Justicia. La de las actitudes hacia la Justicia y desde la Justicia. Acometerla requerirá generosidad democrática pero, sobre todo, partir de diagnósticos certeros y no de mitos o falsedades interesadas. De esto último vamos sobrados:

1. Los indultos son ilegales. “Un Estado de Derecho con un Gobierno contra el Derecho”, dijo este miércoles Enrique López. Falso. La ley de indultos es de 1870 y ha convivido pacíficamente con las demás leyes durante los sucesivos regímenes políticos que ha tenido España en este tiempo, incluyendo los últimos 42 años de democracia.

Ciertamente, puede parecer contradictorio que un Gobierno pueda conmutar toda o parte de una pena, pero tan constitucional, tan legal y tan legítima es una cosa como otra. Y todos los Gobiernos han utilizado la figura abundantemente. A veces, con polémica, como otras muchas decisiones que toma el Ejecutivo. El Parlamento puede cambiar o suprimir esa ley. Difícilmente un partido puede calificar su uso de ilegal tan solo porque no le guste el beneficiario.

2. Ponen “en riesgo la continuidad de la España constitucional”. Palabra de Pablo Casado de este miércoles. El líder del PP lleva mucho tiempo instalado en la hipérbole y, quizás por eso, palabras tan graves ya no asustan a nadie. Cuando todo es gravísimo, nada lo es.

Quizás recuerden cuando en octubre de 2018 Casado dijo que Sánchez estaba siendo "partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España". O que quien gobierna en realidad en España son Otegi, Rufián y Puigdemont.

La pandemia ha dado pie a muchos más exabruptos. El estado de alarma se convirtió de repente en una “dictadura constitucional" a pesar de que estaba vigente en tantos otros países cuya prórroga acabaron suplicando algunos barones del PP (no Ayuso, que lo calificó de “mando único dictatorial”). La gestión del covid hecha por el Gobierno pasó a ser para él un “insulto a los fallecidos y a los parados”.

Todo comenzó cuando consideró que Sánchez era un presidente “ilegítimo”. Desde entonces, la competencia con Vox ha llevado a Casado a abonarse a la agresividad. La victoria de Ayuso le conduce a la impaciencia. Casado actúa como si ya hubiese ganado las elecciones y, por algún motivo, una terrible conspiración le impidiese tomar posesión y ocupar la Moncloa. Que eso sea tan obvio hace de cada augurio del Apocalipsis un titular entre otros muchos. 

3. Es lo que esperan los líderes independentistas para “volverlo a hacer”. Nunca antes el independentismo había estado tan desnortado y dividido. No hay "hoja de ruta". Como prueba está su reducido instinto de conservación del poder que ha llevado a los dos principales partidos a jugar con fuego en la conformación del nuevo Govern. En este momento, lo único que une a ERC y JxCat es el poder y la competencia por liderarlo.

No hay, salvo en la retórica más hueca, un plan para registrar leyes de desconexión u organizar referéndum alguno. Al revés, desde que actuó la Justicia, los líderes independentistas con mando en plaza se cuidan muy mucho de no acabar como sus compañeros que llevan tres años y medio en la cárcel. Nadie quiere arriesgarse y por eso no hay ninguna propuesta sobre la mesa. Y si la hubiera, ya los límites del Estado están claros, incluyendo el artículo 155 diseñado conjuntamente por el Gobierno de Rajoy y el equipo de Sánchez.

4. No ha cambiado nada desde 2017. Los partidos independentistas siguen sumando una mayoría de escaños en el Parlament (se llama democracia), pero la situación no podría ser más diferente.

El primer partido de Cataluña es el PSC. En el espectro independentista, el ganador es por primera vez ERC, un partido que sólo se plantea un referéndum pactado y huye del unilateralismo que defienden de boquilla sólo algunos en Junts per Catalunya ("Això no t'ho creus ni tu, Laura"), que no se cansa de decir que hasta que el apoyo a la independencia no sea muy mayoritario, no puede plantearse de nuevo la secesión. El PP y Ciudadanos harían bien en tratar de dejar de ser testimoniales en las urnas y ganar la batalla de la opinión pública catalana. 

El sentir de la sociedad es también muy diferente. 2017 culminó una progresión de un lustro de movilizaciones masivas y grandes expectativas. Todo eso se ha desinflado. La célebre campaña de propaganda (“un país donde haya helado de postre cada día”) ya no cuela.

5. Nunca antes se habían dado indultos de esta naturaleza. Un breve repaso a la hemeroteca lo desmiente. Golpistas que entraron a tiros en el Congreso (eso sí fue un golpe de Estado de libro), responsables del GAL, responsables de la tragedia del Yak42 o el banquero Alfredo Sáenz dan prueba de indultos en la cúspide de la política, el Ejército y la gran empresa.

Quizás cada generación vive todo como si fuera la primera vez, pero todo eso ya ha ocurrido antes. Y algunos de los Gobiernos que los concedieron, por cierto, salieron victoriosos en la siguiente cita electoral a la que se presentaron.

6. “Es condenar a los jueces que condenaron a los presos”. Las palabras de Enrique López sonrojan por su desconocimiento de las leyes. Los indultos no anulan ninguna condena y, por lo tanto, el trabajo del Tribunal Supremo quedará intacto para ser juzgado por la Historia.

Los indultos extinguen únicamente la pena que quede por cumplir (o parte de ella, si son parciales) y la ley que faculta al Ejecutivo permanece siglo y medio después de su promulgación. Así, el indulto es compatible con la defensa del Estado de Derecho y la independencia judicial, ya que cada institución actúa exclusivamente en el ámbito de sus competencias.

Basta hablar con una selección amplia de actores catalanes para darse cuenta de que las conductas de los condenados merecen un amplio reproche por motivos diversos (incluso entre dirigentes independentistas), pero lo que es abrumador es la creencia en que no deberían estar en la cárcel y que su permanencia entre rejas dificulta la normalidad política.

7. Los indultos son la prueba de que el PP no debe pactar el CGPJ con el Gobierno. Falso también. Cada semana, una excusa nueva. Un día, el nombramiento de Dolores Delgado. Otro, la existencia de un Gobierno de coalición. Otro, la aplicación de la política penitenciaria (¡del propio PP!). Otro, la permanencia de Pablo Iglesias en el Gobierno. Otro, que en la lista de candidatos haya un juez concreto (al que el PP había dado ya su visto bueno en 2018).

Digámoslo claro: lo inconstitucional es no renovar el CGPJ como ordena la Carta Magna. La anomalía es que se haya pretendido que un Consejo que lleva más de dos años en funciones (con una legitimidad nacida de la mayoría absoluta de Rajoy) siga tomando decisiones con plenas funciones cuando cualquier otra institución de relieve las tiene absolutamente tasadas.

8. En Cataluña no hay ningún problema político. Las causas y las consecuencias pueden ser muy debatidas pero, ¿cómo se le llama a que la mitad del censo vote consistentemente (y ya van varias elecciones seguidas) por opciones que abiertamente proponen abandonar el país del que forman parte?

9. Sánchez necesita los indultos para mantenerse en el poder. Difícilmente puede sostenerse eso y, al mismo tiempo, que los Presupuestos aprobados hace menos de medio año apuntalan la legislatura, como ha reconocido hasta el PP.

Hay más. La moción de censura de 2018 se produjo menos de un año después de la aplicación del artículo 155 abanderado por PP y PSOE. ERC no ha tenido además problema alguno en votar a favor de leyes de contenido social en los momentos de más confrontación por la independencia con el Ejecutivo.

La posibilidad de que el Gobierno caiga por no conceder indultos es sencillamente una fantasía. No sólo por la aritmética sino por la falta de una alternativa creíble y articulable. 

10. Los indultos humillan al rey. Hay quien sigue empeñado en matar a besos a Felipe VI. ¿Cómo de inconstitucional sería una monarquía que sólo pudiera rubricar los decretos que fuesen de su agrado? ¿Cómo de demócrata es sugerir que la opinión política del monarca (que, por cierto, no ha trascendido sobre los indultos) puede ser un argumento que limite al Poder Ejecutivo? ¿Qué clase de demócratas supeditan sus actos al beneplácito de aquel que está obligado a ser neutral?