Abolir la esclavitud, asignatura pendiente

La Legislatura XIV tiene que ser la de la abolición de la prostitución. De la misma manera que resulta imprescindible legislar para proteger más y mejor a las mujeres frente a la violencia sexual, lo que se ha llamado el “solo sí es sí”, lo es también el abordaje de una de las mayores violencias machistas: la prostitución.

Desde el punto de vista de defensa de los derechos humanos resulta incomprensible que haya quien defienda que una mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, sobre todo si aislamos esa premisa del contexto en el que esa supuesta decisión se produce. Contextos de pobreza extrema y exclusión, en buena parte en países extranjeros, son el marco de libertad en los que una mujer, frecuentemente menor de edad, “decide” que la violen cada día un montón de individuos a cambio de contraer una deuda que pasarán años hasta que pueda conseguir saldarla. Y a costa de su salud física y psíquica. Eso sí, la promesa será la de vivir, o sobrevivir, en un país donde ella creía, porque así se lo habían dicho, que iba a recaudar todo lo que ganase con la prostitución. O, en el peor de los casos, pero no el menos frecuente, le habrán prometido un trabajo que nada tenía que ver con la venta al por mayor de su cuerpo. Un engaño en toda regla acompañado casi siempre de chantaje, extorsión y amenazas. Todo muy libre.

Un sesenta por ciento de las mujeres que han sido captadas e introducidas en la prostitución en España se iniciaron siendo menores de edad. Esta cifra, que provoca escalofríos, se desprende de un estudio elaborado a pie de calle por APRAMP. Lo contó hace unos días en el Congreso de los Diputados la directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, Rocío Mora.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue ciertamente parco en medidas relacionadas con el abolicionismo porque todas las decisiones se tomaron por consenso y en este tema, como en el de vientres de alquiler, entre otros, hubo vetos. Aun así, en sede parlamentaria se abordó ya en la legislatura décima esta cuestión, cuando se aprobó, en 2015, el informe de la Subcomisión de análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Más recientemente, en la Legislatura XII, y en esa ocasión desde el Gobierno presidido por Pedro Sánchez y bajo la responsabilidad de Carmen Calvo en Igualdad, se avanzó en el borrador de una ley contra la trata de corte abolicionista, aunque no llegó a cuajar legislativamente por la convocatoria avanzada de elecciones.

A partir de esos trabajos previos podemos y debemos caminar con paso decidido hacia la aprobación de una legislación contra la trata que aborde desde su raíz el problema, con una perspectiva feminista y, por lo tanto, abolicionista. La realidad se transforma actuando para cambiarla y eso se hace desde el Boletín Oficial del Estado. Los mimbres que deben sostener la nueva norma, cuya complejidad está fuera de toda duda, están claros y pasan por la persecución del proxenetismo y de la demanda de prostitución, sin la cual, no hay trata. A la vez, debe garantizarse la protección y articularse salidas vitales y laborales para las mujeres prostituidas. Experiencias de países como Suecia o Francia nos anteceden y nos interpelan a su vez.

A la contra reman arduos intereses económicos, que velan por su preservación y aún por su auge. El pulso entre regulacionismo y abolicionismo, como en otros aspectos que radican en la mercantilización pura y dura del cuerpo de las mujeres, se asienta indudablemente en esos intereses neoliberales que encuentran en su alianza con el patriarcado la mejor de sus versiones, la peor desde la perspectiva feminista. Y es que el patriarcado afianzó su derecho al acceso al cuerpo de unas cuantas mujeres para garantizar su placer, a la par que garantizaba su reproducción con el resto de mujeres. La autora de “La prostitución en el corazón del capitalismo”, Rosa Cobo, advierte que para comenzar a vislumbrar el fin de lo que se tiene equivocadamente por la profesión más antigua del mundo, hay que ilegalizar la industria del sexo, que ha crecido enormemente al abrigo de la globalización.

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Una sentencia reciente relacionada con la Organización de Trabajadoras Sexuales, OTRAS, obvia todas estas cuestiones y choca con otras básicas del derecho a la sindicación. La prostitución no es ni puede ser bajo ningún prisma un trabajo. No es moralina sino conciencia hacia los derechos humanos asegurar que se trata de explotación, que es esclavitud. Y el ínfimo porcentaje de mujeres, o de hombres, que lo ejercen libremente, en el verdadero sentido de este término, tienen formas legales de hacerlo. Al resto, que son la mayoría y son vulnerables, tenemos la obligación de protegerlas.

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Lídia Guinart Moreno es diputada por Barcelona y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación contra la Violencia de Género del Congreso y secretaria de Políticas Feministas de la Federación del Barcelonès Nord del PSC.