La negativa a condenar las leyes homófobas en Hungría alinea al PP de Casado con la extrema derecha europea

La política europea volvió este jueves a poner en dificultades al PP de Pablo Casado, esta vez a cuenta de una durísima resolución del Parlamento Europeo en contra de la legislación homófoba que ha impulsado en su país el primer ministro húngaro, Viktor Orban. Los diputados conservadores españoles —salvo Esteban González Pons, que sí lo hizo, rompiendo la disciplina de voto de su partido— se negaron a respaldar la iniciativa y acabaron absteniéndose en un asunto que en las últimas semanas se ha convertido en clave para los partidarios de la unidad europea y de los defensores de los derechos y las libertades en la Unión Europea, entre ellos la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

La resolución que el PP no ha querido apoyar “condena en los términos más enérgicos posibles la ley aprobada por el Parlamento húngaro” contra las personas LGTBI porque “constituye una violación manifiesta de los valores, principios y el Derecho de la Unión”. Vulnera derechos fundamentales consagrados en la Carta y los tratados e “infringe el acervo consolidado de la Unión”.

Por esa razón, el Parlamento celebra que 18 países hayan pedido a la Comisión que emprenda acciones legales contra Hungría iniciando “un procedimiento de infracción acelerado” y que, en caso necesario, haga uso de todos los instrumentos procesales disponibles ante el Tribunal de Justicia, incluidas solicitudes de sanción.

“La ley no es un caso aislado”, sostiene la resolución, “sino que es otro ejemplo deliberado y premeditado del desmantelamiento gradual de los derechos fundamentales en Hungría”, entre los que destacan “las campañas de desinformación y la LGTBIfobia organizadas y promovidas por el Estado” como “herramientas de censura política en manos del Gobierno húngaro”. Las violaciones de los derechos humanos de las personas LGTBI “son parte de un proyecto político más amplio encaminado al desmantelamiento de la democracia y el Estado de Derecho, incluida la libertad de los medios de comunicación, y deben ser consideradas violaciones sistémicas” del tratado de UE.

Las medidas aprobadas en Hungría no son una broma. Tienen por efecto prohibir de hecho la adopción a las personas que forman parejas del mismo sexo y a las personas solteras y no casadas, a menos que se les conceda un permiso especial el ministro de Política Familiar. Se ha prohibido de hecho el reconocimiento jurídico del género para las personas transgénero e intersexuales en Hungría, vulnerando su derecho a la intimidad y exponiéndolas a la discriminación. Se van a marcar los libros infantiles en los que aparezcan familias diferentes de la tradicional. Y se relaciona la orientación sexual y la identidad de género con la pedofilia y las violaciones de los derechos de los niños.

A pesar de estos hechos, el PP no halló razones suficientes para sumarse a la inmensa mayoría del Parlamento Europeo, incluida la mayor parte del Partido Popular Europeo (la resolución fue aprobada por 459 votos a favor, apenas 147 en contra y 58 abstenciones).

La razón, según su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, es que en la resolución “no se señalaba sólo a Hungría, sino también a otros países como Croacia”. Y eso lo consideran “injusto”. “También se equiparaba a Hungría con Letonia y Lituania”, subrayó Montesinos en declaraciones a Radio Euskadi para justificar la decisión de no condenar la política homófoba de Viktor Orban.

La verdad es que el texto aprobado se refiere a estos tres países pero para calificar de “igualmente preocupante” una propuesta del partido conservador croata Most de incluir la “prohibición de la exposición de menores a propaganda LGTBI” y para recordar que el Parlamento “ya ha condenado el uso indebido de leyes sobre la información puesta a la disposición de los menores, especialmente en el ámbito de la educación y los medios de comunicación, para censurar contenidos y materiales relacionados con las personas LGTBI, en particular en Lituania y Letonia”. De hecho, esas dos alusiones ni siquiera forman parte de la parte resolutiva del texto aprobado por el Parlamento, que se centra exclusivamente en el caso de Hungría.

Montesinos asegura que el PP apoyaba la iniciativa pero decidió desmarcarse después de la incorporación de las menciones a Croacia, Letonia y Lituania “mediante enmiendas presentadas por la izquierda”. “No vamos a tolerar que desde la izquierda se intente embarrar una resolución perjudicando a otros países que nada tienen que ver con lo ocurrido en Hungría”, proclamó el vicesecretario de Comunicación de Pablo Casado.

“El PP es un firme defensor de igualdad, la libertad y la tolerancia”, remarcó en declaraciones a la misma emisora.

Fuentes de la delegación española del PP en Europa consultadas por infoLibre negaron la existencia de una posición conjunta del partido a escala europea. “Hubo votos muy divergente entre las diferentes delegaciones nacionales”. En todo caso, subrayan, “debe quedar claro que el PP está en contra de la ley homófoba de Orban y de cualquier discriminación por razón de la orientación sexual de la persona”.

La disidencia de González Pons

Lo que no explicaron fue la decisión del eurodiputado Esteban González Pons de votar a favor de la resolución, ignorando la decisión de partido.

Más allá del criterio utilizado por el PP, lo cierto es que la posición adoptada en el Parlamento Europeo alinea a la formación de Pablo Casado con las posiciones contrarias a la defensa del Estado de Derecho dentro de la UE y le aproximan a la extrema derecha liderada por Orban, en la que milita con entusiasmo Vox.

El partido de Santiago Abascal defiende sin reservas las medidas contra la comunidad LGTBI aprobadas en Hungría al tiempo que defiende en España la abolición de la legislación igualitaria que en los últimos años ha hecho posible el matrimonio entre personas del mismos sexo, la adopción por parte de parejas homosexuales o su visibilidad en las escuelas. Según los ultras españoles, existe una “persecución izquierdista contra el gobierno de Orban. Los globalistas quieren hacer pasar por el aro a las naciones libres y soberanas que no se arrodillan ante sus postulados totalitarios”. El propio Abascal escribió en Twitter: “Están atacando los fundamentos de la Unión Europea. Represalias contra Hungría y subvenciones a Marruecos. Pero cada vez más europeos están dispuestos a plantar cara a las oligarquías y a sus empleados”.

El PP gobierna el Ayuntamiento de Madrid, Andalucía y Madrid con el apoyo de Vox. Un modelo que quiere repetir en el Gobierno de España si el resultado de las elecciones lo hace posible.

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La Comisión Europea deberá ahora actuar contra la deriva antidemocrática del Gobierno de Orban, tanto por la vía legal como mediante el bloqueo de fondos. La jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, trabaja desde la tramitación de la ley por parte del Parlamento húngaro en la base legal con la que armar el caso y poder lanzar un procedimiento de infracción por violación del Derecho comunitario y valores fundamentales de la UE.

“Si Hungría no corrige el tiro, la Comisión hará uso de los poderes que le confiere ser guardián de los Tratados. Seamos claros, hacemos uso de estos poderes sea cuál sea el Estado miembro que infringe el Derecho europeo”, advirtió.

En lo que va de legislatura la Comisión ha iniciado unos 40 procedimientos de infracción vinculados a la protección del Estado de derecho y a otros valores fundamentales recogidos en el Tratado de la UE. “Si es necesario habrá más procedimientos”, subrayó Von der Leyen.