El Gobierno apuesta por los centros de salud para detectar la violencia machista que hasta ahora pasa desapercibida

Un instrumento para detectar la violencia machista en los centros de salud, una ventanilla única en las oficinas de Servicios Sociales y un curso obligatorio para las fuerzas de seguridad. Son algunas de las propuestas contenidas en el catálogo de medidas urgentes que aprobará este martes el Consejo de Ministros y al que infoLibre ha tenido acceso. Se trata de una de las principales apuestas del Ministerio de Igualdad en la lucha contra la violencia machista, un problema estructural que hizo saltar todas las alertas del ministerio desde que el pasado mes de mayo se produjera un repunte de los crímenes mortales.

Este martes saldrá adelante el catálogo, confeccionado a partir de propuestas del Ministerio de Igualdad, Interior, Sanidad, Derechos Sociales y Justicia. El documento, cuya previsión económica estará condicionada a la "disponibilidad presupuestaria" del momento, resalta que desde el pasado mes de mayo, con el final de las restricciones a la movilidad asociadas a la crisis sanitaria, las víctimas de la violencia machista lanzaron un mensaje de auxilio que activó todas las alertas. Los feminicidios comenzaron a crecer progresivamente y la autocrítica aterrizó en las instituciones: Irene Montero reconoció la necesidad de acometer una necesaria revisión de los mecanismos contra la violencia. Entonces anunció un plan de mejora y modernización contra la violencia de género. El catálogo de medidas que llega el martes al Consejo de Ministros será el encargado de vertebrar el proyecto.

Implicación del entorno

Las acciones previstas se estructuran en seis ejes de actuación. Una de las esferas más importantes es la prevención, dirigida especialmente a las propias víctimas y a la concienciación del entorno, este último aspecto se reveló crucial durante los meses de confinamiento. El objetivo es que “cualquier ciudadano o ciudadana se convierta en agente de cambio”. En este escenario se desarrollarán dos medidas: la difusión de campañas a lo largo de todo el año y la consolidación de acuerdos colaborativos con “las grandes proveedoras de servicios en línea” contra los perfiles que “fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres”. En cuanto a la primera, se incluirán campañas centradas en la violencia sexual, con el propósito de poner en valor “los buenos tratos”. Respecto a la actuación online, el Ministerio de Igualdad viene avanzando ya en este sentido, con acuerdos vigentes con plataformas como Twitter.

El segundo eje está centrado en la detección temprana. Dos medidas serán clave: la implantación de un instrumento en la atención primaria y la formación específica de los profesionales. Así, la sanidad pública contará, en su nivel más próximo a la ciudadanía, con un “instrumento validado estandarizado para facilitar la detección de la violencia de género”, una herramienta que será objeto de una “implantación progresiva en todo el territorio”. La detección en los servicios públicos de proximidad se articula como elemento clave en la lucha contra la violencia, pero continúa siendo una asignatura piendiente en la práctica. Como complemento necesario a este mecanismo, se impulsará formación que incluirá el “manejo de indicadores de sospecha, valoración del riesgo y desarrollo de destrezas para la entrevista”, dirigida a los profesionales sanitarios en atención primaria y hospitalaria, pero también entre el personal de Servicios Sociales, Inspección de Trabajo, la Administración Educativa y los servicios consulares españoles en el extranjero.

Romper con la violencia

El fomento de la autonomía económica de las mujeres será central en la estrategia, con el propósito de facilitar la ruptura con la violencia. Según los estudios oficiales, las víctimas tardan de media ocho años y ocho meses en salir de la violencia. Para acelerar el proceso, se implantará una ventanilla única de violencia de género en la red de Servicios Sociales, un mecanismo que tratará de centralizar la intervención y el acompañamiento a las víctimas a la hora de acceder a recursos económicos y prestaciones laborales.

Por primera vez, el Gobierno de Pedro Sánchez creará un plan de actuación y desarrollo de los derechos de la infancia en situaciones de violencia de género. Esta medida queda enmarcada en el cuarto eje, relativo a la violencia vicaria y la protección de niños y niñas. Los hijos menores de las víctimas de violencia machista son entendidos, a su vez, como víctimas directas desde hace más de un lustro. El nuevo plan irá dirigido a ámbitos como el judicial, familiar y a los Servicios Sociales u otros servicios especializados.

En el eslabón de protección y seguridad llega otra de las medidas más destacables del catálogo: la formación reglada y obligatoria para los agentes de policía. Será una “acción formativa conjunta” entre los ministerios de Igualdad y del Interior, “masiva y multidisciplinar”, concebida como un “curso reglado, certificado, obligatorio, dirigido a todos los agentes de los cuerpos policiales” en contacto con víctimas. Además, el sistema VioGén –la herramienta encargada del seguimiento integral de los casos– estará nutrida por la información que proporcionen los Servicios Sociales y los Servicios de Atención Especializada, autonómicos y municipales.

Asimismo, se elaborará una Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad para difundir el llamado Protocolo Cero, un mecanismo dirigido a valorar los testimonios de la familia y el entorno de las víctimas. El objetivo no es otro que mejorar la protección de las mujeres, sin necesidad de denuncia previa. En esta línea, también se llevará a cabo un proceso de mejora en Atenpro –el servicio de atención telefónica–, ampliando la posibilidad de alta sin denuncia. La actuación contundente de las instituciones, al margen de la existencia de denuncia previa, es una apuesta firme del Ejecutivo. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha insistido en reiteradas ocasiones en que la denuncia es "una puerta demasiado estrecha" para las víctimas. Según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, sólo el 21,7% de las víctimas denuncia a su agresor.

Mejora de la coordinación

Se potenciará, además, el papel de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, encargadas de la difusión de campañas, la elaboración de estadísticas y el seguimiento de casos, entre otras funciones. El Ejecutivo difundirá una circular y acciones de formación e intercambio entre ellas.

Finalmente, en lo relativo a la coordinación interinstitucional, hay previstas dos medidas. Por un lado, se establecerá una guía para la actualización y mejora de los protocolos, cuyo contenido estará centrado esencialmente en las directrices del Convenio de Estambul. También se abordará un refuerzo de la formación especializada para la prevención, detección, actuación y sensibilización para aquellos profesionales en contacto con las víctimas. A finales de mayo, Victoria Rosell ya advertía de que algunas comunidades cuentan con protocolos "muy desactualizados": al menos cinco llevan sin renovarlos más de diez años y Madrid ni siquiera cuenta con uno, como ya publicó infoLibre.

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Formación y rehabilitación para los agresores

De otra banda, el Ministerio de Justicia incorpora también una serie de medidas específicas. El departamento de Pilar Llop se volcará en la formación de su personal, en todas las jurisdiccionas, especialmente en juzgados de familia. Asimismo, abordará la "comunicación automatizada" en todos los sistemas que gestionan las órdenes de protección y otras resoluciones judiciales. 

Por último, la cartera apuesta firmemente por cambiar el foco y mirar hacia el agresor, mediante la promoción de programas de formación y rehabilitación de agresores condenados.