Carmen Díaz, la médica que aprobó la muerte digna que Javier sigue esperando: "Nos estamos saltando la ley en Madrid"

"Nos estamos saltando la ley. No tenemos derecho a que un paciente sufra". La que habla es Carmen Díaz-Pedroche, médica adjunta del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario 12 de Octubre. Es, también, la médica "consultora" que certificó que Javier tiene derecho a acogerse a la ley de eutanasia, aprobada el pasado 18 de marzo. Su caso fue desvelado este martes por la Cadena Ser. Con 58 años, sufre una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) diagnosticada el 22 de diciembre de 2020, cuando la normativa todavía era objeto de debate en el Congreso de los Diputados. En ese momento ya lo tuvo claro. "No tuve ninguna duda, sabía que no me quería quedar en una cama tumbado, mirando al techo e intentando comunicarme con los ojos", explica a la Ser. Su enfermedad le ha postrado en una silla de ruedas, le impide mover las manos y le ha robado el sueño por el dolor. "Están alargando mi sufrimiento. Tengo mucho dolor, contaba con estar muerto hace dos meses", dice. Carmen lo certificó el pasado 10 de septiembre. "Vi que cumplía todos los requisitos que se exigen para poder acogerse a la eutanasia", afirma. Pero sigue esperando. Y todo porque, confirma, la Comunidad de Madrid no ha creado la Comisión de Garantía y Evaluación. Tenía que estar lista, según la ley, hace más de tres meses. 

Después de mucha lucha por parte de familiares y pacientes, el Congreso de los Diputados aprobó, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, la tan ansiada ley que ampara la muerte digna. Era 18 de marzo, aunque la normativa no entraba en vigor hasta el 25 de junio. Para entonces, todas las comunidades tenían que tener listas todas las garantías de evaluación, cuya composición y aprobación dependendía, según establece la ley, de las autonomías. Pero pasó el tiempo y muchas no habían cumplido. Entre ellas Madrid, que aseguró a infoLibre el pasado 9 de junio que la crearía "a través de un Decreto" que ya entonces estaba "en fase de tramitación". Han pasado más de tres meses y todavía no está listo. Y por eso Javier no puede acogerse a su derecho. No es una suposición que tenga Díaz, sino un hecho certificado por un correo electrónico de un futuro miembro de la Comisión de Garantías que, claro, todavía no ha sido ratificado por la Consejería de Sanidad madrileña. A preguntas de este diario sobre los motivos de este retraso, el departamento del conservador Enrique Ruiz Escudero asegura que la Comisión está creada, pero sin el decreto aprobado. En la práctica, por tanto, todavía no existe ese órgano obligatorio. El viernes, fue el propio Ruiz Escudero el que señaló que sería en la semana del 4 de octubre cuando esté listo ese decreto. "Se han seguido todos los trámites administrativos y hay que ser muy escrupulosos con una ley que ha generado tanta sensibilidad a nivel social", señaló el consejero. "Los plazos que nos dio el Ministerio fueron muy cortos. El decreto contempla y regula la objeción de conciencia y el comité que va a evaluar los casos", agregó.

La cuestión es que este hecho ha provocado la indignación de Javier y de Carmen, que está "prácticamente segura" de que la Comisión aprobaría, casi sin ninguna duda, la eutanasia para este paciente. "Cumple todos los requisitos, ha estado en cuidados paliativos, entiende la diferencia que tienen con la eutanasia, sabe que en el momento en el que se le administre la medicación su pronóstico es que fallecería en entre cinco minutos y una hora. No tiene ningún tipo de presión, ni económica, ni familiar, ni ideológica, ni religiosa. Nada. Sabía que lo quería hacer desde que le diagnosticaron", relata. Lo sabe bien porque ella es lo que en la ley de eutanasia se denomina "médico consultor", definido como "facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo del médico responsable". 

Su función es clave en el proceso de eutanasia. Tal y como establece la ley, el paciente que quiere acogerse a este derecho debe comunicarlo a su médico, que abrirá un proceso deliberativo con él para asegurarse de que conoce lo que está solicitando. Una vez acabado entra en juego el otro médico, en este caso Carmen. De un equipo diferente, deberá de acreditar por segunda vez que la normativa se está cumpliendo. Así lo hizo el 10 de septiembre, con Javier delante. Tres días después se envía toda la documentación necesaria a la Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad de Madrid sin saber que no estaba funcionando y, por tanto, impidiendo que otros caso como el de Javier se lleven a término. "Fue una sorpresa", declara Carmen. De haber estado lista, en unos diez días naturales la decisión ya habría estado tomada. Es decir, Javier ya habría podido ejercer su derecho o habría tenido que seguir intentándolo.

"Hasta que ese órgano no esté creado no podemos actuar", lamenta Carmen, que se muestra preocupada porque, como Javier, habrá muchos más. Y no solo en Madrid. Según publicó Newtral el pasado 7 de septiembre, entonces había dos comunidades, además de Madrid, que no habían hecho los deberes: Andalucía y Extremadura. 

El pasado 23 de julio, como publicó El País, se llevó a cabo la primera eutanasia en España. Fue a Eskarne, una mujer de 86 años que hacía una década que había dejado por escrito que cuando avanzaran sus dolencias quería acogerse al derecho a una muerte digna. Lo hizo rodeada de sus familiares y en casa, lo mismo que desea hacer Javier. Pero cuando se lo permitan.