“Los gobiernos siempre han sido de coalición entre Economía y Trabajo”: 20 años a la gresca por la reforma laboral

“Los gobiernos siempre han sido de coalición… entre Economía y Trabajo”, bromea el ex secretario de Acción Sindical de CCOO Ramón Górriz, que ha participado en todas las mesas de diálogo social abiertas en España desde 2008, cuando se le pregunta por la disputa entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño para dirigir la negociación que debe derogar la reforma laboral. Toni Ferrer, ex número dos de UGT que le acompañó en muchas de esas reuniones con la patronal y el Gobierno, recuerda hasta quién se sentaba en las que dieron como resultado la reforma de 2006: “Además del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y del secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, que luego fue ministro, estaban el secretario de Estado de Economía, David Vegara, o en su lugar el secretario general del ministerio, también el director de la Oficina Económica de Presidencia, Javier Vallés, y su director de Política Económica, José Ignacio Conde-Ruiz”.

Esa reforma limitó el encadenamiento de contratos temporales y amplió el número de años en que las empresas podían percibir bonificaciones para contratar empleados indefinidos. Pero al mismo tiempo permitió el uso del contrato de fomento del empleo, con 33 días de indemnización por despido, en lugar de los 45 días del indefinido ordinario, para la conversión de temporales en fijos.

Después llegó la de 2010, también negociada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que abarató aún más el despido al generalizar la indemnización de 33 días por año trabajado y permitir los despidos colectivos con indemnizaciones de 20 días sólo con que las empresas previeran pérdidas. Al tiempo, elevó el coste de la finalización de los contratos temporales de ocho a 12 días y limitó el uso del contrato por obra y servicio a un máximo de cuatro años. Además, el Gobierno cargó al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el pago de ocho días de la indemnización de los trabajadores indefinidos despedidos para que no tuvieran que hacerlo las empresas.

Ramón Górriz asegura que en este tipo de negociaciones nada se aprueba si no tiene el visto bueno de Economía. También dice que Trabajo “siempre se plegaba” a lo que dictara el responsable del departamento económico del Gobierno. Lo mismo vale para las negociaciones sobre pensiones, que hasta ahora también entraban en el área de competencia del Ministerio de Trabajo. Górriz termina recordando que la reforma laboral de 2010 fue el motivo de la huelga general del 29 de septiembre de ese año. La burbuja inmobiliaria había pinchado hacía dos años y la tasa de paro superaba el 20%.

Pero peor fue en 2012, al menos desde la perspectiva de los sindicatos. En esa ocasión ni siquiera hubo diálogo social. “CCOO, UGT y CEOE firmaron un acuerdo sobre negociación colectiva en enero de 2012 que el Gobierno de [Mariano] Rajoy metió en un cajón y del que nunca más se supo”, protesta el ex número dos de CCOO. Pocas semanas después, el 3 de febrero, se publicaba el real decreto que incluía la penúltima reforma laboral. Por entonces, las relaciones entre los ministerios de Empleo y Economía tampoco eran muy cordiales. Luis de Guindos no militaba en el PP –Nadia Calviño tampoco en el PSOE– y sus choques eran frecuentes con Cristóbal Montoro, con quien se alineaba la titular de Empleo, Fátima Báñez. Fue Guindos quien quiso contentar a sus colegas de Bruselas prometiéndoles una reforma “extremadamente agresiva”, tal y como le delató un micrófono indiscreto. Una reforma “con mucha flexibilidad en la negociación colectiva y que reducirá la indemnización por despido”, le detalló al comisario de Asuntos Económicos, Ollie Rehn.

Los errores de Díaz y Calviño

Toni Ferrer cree que ahí reside precisamente la diferencia sustancial entre la reforma actual y las anteriores: “Es una condición para recibir los fondos de la Unión Europea, con la que firmamos un contrato”. A su juicio, no obstante, el compromiso con Bruselas “da juego” para conseguir el acuerdo tanto con los sindicatos como con la patronal. Ferrer atribuye a la falta de comunicación entre Economía y Trabajo la disputa que se ha revelado estos últimos días. La negociación, dice, es “colegiada”. “Ahí Yolanda Díaz se equivoca: siempre ha habido otros ministros involucrados”, apunta. Y si la CEOE ha estado “poco proactiva” en las últimas reuniones –no ha presentado ninguna propuesta alternativa a las colocadas sobre la mesa por los sindicatos–, el ex secretario general de UGT, hoy senador del PSOE, advierte de que debe ser Trabajo quien busque “cómo integrar” a la patronal en el acuerdo.

Eso sí, también considera que Nadia Calviño se equivoca si pretende mantener la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, tal y como quedó consagrada en la reforma del PP. “Eso no existe en ningún otro país de Europa”, protesta Ferrer, quien además recuerda que en España las tres cuartas partes de los convenios colectivos son de empresa. Lo mismo advierte para la ultraactividad, la prórroga automática de los convenios cuando caducan y mientras se negocia su renovación, que fue eliminada en 2012. “Es un tema que debería estar ya resuelto con las sentencias del Tribunal Supremo que la avalan”, añade, “además de que el 60% de los convenios colectivos ya tienen pactada la ultraactividad”.

Tampoco entiende que para reducir la temporalidad se pueda plantear un nuevo abaratamiento del despido. “Desde 1997 no se ha hecho otra cosa y no hemos resuelto el problema”, protesta. Toni Ferrer cree que Economía cometería un nuevo error si se mueve sólo para “contentar a la patronal”.

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Cuando Economía no gana

Ramón Górriz sostiene que las resistencias a la derogación de la reforma laboral van más allá de Nadia Calviño y se extienden a ciertos sectores del PSOE que “están jugando con fuego”. “Hay que volver a equilibrar las relaciones laborales, lo demás es puro bluff”, apremia. Y advierte de que habrá movilizaciones si los compromisos adquiridos por el Gobierno no se cumplen. “Sobre todo teniendo en cuenta que llevamos diciendo lo mismo desde 2012”. Los sindicatos, de hecho, repiten que los aspectos “lesivos” de la reforma que se quieren cambiar –subcontratación, negociación colectiva, tipos de contratos– llevan negociándose desde antes de la pandemia y están casi cerrados.

A diferencia de Ramón Górriz, Toni Ferrer precisa que no siempre es Economía el ministerio ganador. Por ejemplo, menciona que en la reforma de 2010 se intentó colar la mochila austriacamochila austriaca –aportaciones de empresa y trabajador a una especie de fondo individual que se puede hacer efectivo en caso de despido o acumular hasta la jubilación, un sistema que sólo existe en Austria–, pero nunca se ha puesto en marcha. En 2006, tanto Economía como la Oficina Económica de Presidencia lucharon por abaratar los costes de despido “y al final no se tocaron”. “Pero el mayor fracaso de Economía”, resalta, “fue en 2002, cuando [Rodrigo] Rato quiso reformar unilateralmente la negociación colectiva, y no pudo hacer lo que sólo consiguió Rajoy 10 años después”.