Acusados del nuevo macrojuicio de 'Gürtel' cumplen el guion, confiesan los hechos y cercan al PP ante una posible condena

Francisco Correa, Pablo Crespo, Alfonso Bosch, José Luis Ulibarri, Isabel Jordán, Arturo González Panero, Alfonso García Pozuelo… Así hasta quince de los principales acusados en el nuevo macrojuicio del caso Gürtel han ido cumpliendo el guion y han ido confirmando el reconocimiento de los hechos que ya habían ido adelantando al tribunal de la Audiencia Nacional que les ha comenzado a juzgar este martes. Sus confesiones dejan al PP, acusado como partícipe a título lucrativo de las actividades delictivas de la trama corrupta, en una posición muy delicada, pues podrían traducirse en una nueva condena, la tercera, para el partido conservador.

Uno por uno, diecisiete de los veinticinco acusados por los negocios de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, la llamada Época II, han ido confirmando en la vista oral lo que en los últimos meses habían venido manifestando por escrito: que los hechos que relata el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción son ciertos y se muestran dispuestos a llegar a un acuerdo de conformidad.

Se trata de los líderes del grupo criminal, así como empresarios y excargos del PP que habrían participado en las actividades corruptas que buscan reducciones de condena de prisión y se comprometen también a pagar multas millonarias si este reconocimiento sirve al Ministerio Público para acreditar su acusación ante el tribunal.

Según el auto de procesamiento de esta pieza del caso Gürtel, la trama habría actuado de "forma ininterrumpida" en Boadilla del Monte al menos entre 2001 y 2009 enriqueciéndose de dos maneras: repartiendo 'a dedo' los contratos municipales entre las empresas de la trama "a cambio de la correspondiente comisión" y mediante "el apoderamiento directo de fondos de las entidades públicas" de la localidad madrileña. Hasta el punto de que el entramado empresarial creado por Francisco Correa, que habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio, habría dirigido en la práctica toda la contratación pública en Boadilla del Monte.

El magistrado observó en esta maquinaria presuntos delitos de fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, asociación ilícita, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho y, para asegurar las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse a cada acusado, exigió fianzas de más de 150 millones de euros.

Beneficiado con 204.198 euros

Los componentes de la trama se repartieron las mordidas, pero también destinaron parte del dinero a financiar actos de campaña del PP, según las propias confesiones de acusados. Por eso, Anticorrupción considera que el PP resultó "beneficiado" con la actuación de la trama corrupta en "una cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas cometidas” entre 2001 y 2009. Los acusados aseguran que ese dinero acabó en las cuentas en b del PP nacional para financiar campañas electorales.

Los acusados que han confesado son, entre otros, los números uno y dos de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, respectivamente; José Luis Izquierdo, el contable de la trama; el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, alias el Albondiguilla; el exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) César Tomás Martín Morales; los empresarios José Luis Ulibarri, Alfonso García-Pozuelo, Jacobo Gordon; el exdiputado del PP Alfonso Bosch; Javier del Valle, exasesor fiscal del exalcalde; el arquitecto Antonio de Miguel Reyes; los asesores del Grupo Correa José Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel; o la administradora de las empresas de la trama Isabel Jordán.

La cascada de confesiones, la mayoría ya sabidas y otras conocidas en la primera jornada del juicio en la Audiencia Nacional, ha hecho que los abogados no hayan planteado al tribunal ninguna cuestión previa y que hayan manifestado su renuncia a la práctica de la prueba que habían pedido en sus respectivos escritos de defensa tras el auto de procesamiento, antes de que reconocieran los hechos.

El resto de acusados, los que no han confesado, han comunicado al tribunal su intención de defenderse de las acusaciones y, por tanto, seguir adelante con la vista oral.

Sin cambios en las penas máximas

La explicación de por qué confiesan unos y otros no está en muchos de los casos en que hay acusados en este juicio, como Francisco Correa o Pablo Crespo, que ya acumulan otras condenas, pero su tiempo de cumplimiento efectivo de las penas ya está fijado.

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Así, por ejemplo, la Audiencia Nacional estableció el límite de cumplimiento para el líder de la Gürtel en dieciocho años –aunque está condenado a más de 90 años– y aunque sume más condenas, ese será el tiempo máximo que pase en prisión, ya que el cumplimiento efectivo se fija, según el Código Penal, en el triple de la pena máxima; en su caso, seis años por malversación de caudales públicos.

El abogado del PP, Jesús Santos, ha sido el último en intervenir en la primera sesión del juicio, pero no ha planteado ninguna cuestión previa y sólo ha pedido permiso a los tres magistrados para poder seguir las sesiones del juicio de forma telemática.

El calendario inicial preveía jornadas de martes a jueves hasta el próximo mes de febrero –salvo las semanas de Navidad–, pero el reconocimiento de los hechos por parte de diecisiete acusados podría reducir considerablemente la duración del procedimiento.