El Gobierno aumenta los inspectores y exige el fin de las sujeciones en el último borrador sobre residencias

La negociación sobre el nuevo modelo de residencias de mayores y personas con discapacidad, brutalmente golpeado por la pandemia, se acerca a su recta final. Este viernes, el Ministerio de Derechos Sociales ha puesto una nueva propuesta, la cuarta, sobre la mesa de diálogo social que comparte con patronal y sindicatos. Como principales mejoras, el número de inspectores pasa a uno por cada 25 centros, en vez de por cada 30, se aumenta la ratio de trabajadores en relación a los residentes e incorpora varios párrafos sobre el fin de las sujeciones, práctica denigrante que, si el texto sale adelante, solo podrá aplicarse cuando quede acreditado el fracaso de las alternativas.

No se trata del texto final, ni tampoco recoge las reclamaciones de las familias, que piden más participación en los centros, un inspector por cada 15 instalaciones y lamentan que el máximo de residentes por cada residencia haya aumentado desde el primer borrador de 50 a 90. Se mantiene, eso sí, la exigencia de que los centros ya construidos se adapten a ese máximo, subdividiendo sus instalaciones: tienen un plazo de siete años para hacerlo tras la aprobación del documento. El Ejecutivo pretende sacarlo adelante junto a las autonomías antes de que termine febrero, pero no hay certezas sobre si podrá cumplir el calendario.

El ratio de personal de atención directa (psicólogos, médicos, enfermeros o fisioterapeutas) se aumenta a 0,43 por cada residente, a alcanzar en enero de 2023, frente al 0,41 del anterior borrador; de la misma manera, la relación pasa de 0,46 a 0,50 en el caso de los usuarios con discapacidad. También debe haber 0,35 gerocultores por residente el año que viene, eliminándose con respecto a la anterior propuesta el objetivo a 2024, manteniendo el ratio de 2025 y añadiendo uno nuevo en 2027. Sin embargo, la proporción empeora en cuanto a los usuarios con discapacidad: lo que antes debía alcanzarse dentro de tres años se pospone para dentro de un lustro.

Las organizaciones de familias rechazaron la anterior propuesta, entre otros motivos, al entender que el Ejecutivo reducía de facto los ratios al permitir que solo se contara con el 80% de residentes al hacer la división, pero el Gobierno les aseguró posteriormente que esa reducción solo se aplica en el caso de que el total de plazas no esté ocupado, por lo que no tiene por qué conllevar necesariamente una pérdida en la calidad asistencial.

Con respecto al fin de las sujeciones, el texto añade varios párrafos que aumentan considerablemente la ambición. "Los centros de atención residencial y centros de día deben tener un compromiso formal" respecto a la atención libre de estas prácticas, "que se acreditará mediante la existencia de un plan (...) siendo únicamente posible su utilización de manera excepcional en la forma en que contempla el presente acuerdo".

Esta vía "excepcional" consiste en la acreditación de "un peligro inminente que ponga en riesgo la seguridad física de la persona usuaria, de las personas cuidadoras o de terceras personas". Debe recogerse el fracaso de otras alternativas, aplicarse de manera temporal y con la menor intensidad posible y comunicar la actuación al Ministerio Fiscal.

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Se mantienen otras fortalezas del texto, a juicio de las organizaciones de familias y de afectados por la pandemia en las residencias, como la obligación de que dos de cada tres habitaciones sean individuales y la organización en base a unidades de convivencia de máximo 15 personas, que sean un hogar y no meros espacios despersonalizados donde la tónica general es la soledad. Sin embargo, se sigue sin establecer la participación de las familias en el día a día de los centros y en las decisiones que afecten a sus seres queridos: solo se indica que las residencias podrán decidir si participan en las asambleas que se deben celebrar con los usuarios, "si estas lo estiman oportuno".

"En el caso de personas con grandes necesidades de apoyo a nivel cognitivo y/o de comunicación para la participación y la toma de decisiones, se hará la mejor interpretación posible de su voluntad o preferencias contando para ello con la participación de aquellas personas que mejor la conocen", añade el nuevo borrador con respecto al anterior documento.

Las familias y las organizaciones de los afectados por la pandemia en residencias, que se llevó la vida de más de 30.000 usuarios con protocolos que impedían su atención médica en Madrid y Cataluña, tendrán una nueva oportunidad en la próxima reunión de la mesa de diálogo civil para defender sus demandas. El consenso entre las asociaciones y la patronal de las residencias, que quieren seguir haciendo negocio con la asistencia de los más vulnerables, sigue siendo difícil.