El proyecto estrella de Ayuso en materia fiscal se tambalea y pone a Vox en una encrucijada
La Ley de Defensa de la Autonomía Fiscal, uno de los proyectos estrella del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid en su pugna permanente con Moncloa, se tambalea en la Asamblea de Madrid. El texto, con el que en teoría se busca blindar a la región ante una posible armonización fiscal impulsada desde el Gobierno central, se ha encontrado de frente en la Cámara regional con sendas enmiendas a la totalidad. Entre ellas, la de Vox. Una iniciativa que la oposición se abre a apoyar para hacer caer el proyecto salido de la Puerta del Sol. "Como no va acompañado de texto alternativo, votando su enmienda lo único que hacemos es conseguir que el proyecto se devuelva al Gobierno", señalan desde las filas socialistas. De suceder esto, sería la primera derrota parlamentaria de Ayuso desde los comicios del 4M.
El Gobierno madrileño siempre ha dado a esta norma una relevancia mayúscula. Tanto, que se vendió como uno de los grandes anuncios de Ayuso durante su investidura. "Para evitar la inseguridad jurídica, les anuncio que traeremos a esta Cámara una ley de defensa de nuestra autonomía financiera. Pero voy más allá: cada vez que alguien nos hable de dumping fiscal, de efecto capitalidad, de efecto aspiradora o ataque de alguna manera a los intereses de los madrileños, le recordaremos que somos la región más solidaria con el resto del país y que, si nos va mal a nosotros, le va mal a toda España", se encargó de resaltar, entre aplausos, la presidenta regional durante su discurso.
Solo tres meses después, el Ejecutivo autonómico abría a consulta pública la iniciativa. Y el pasado enero, anunciaba a bombo y platillo la aprobación del proyecto. El texto en sí no es excesivamente extenso. Apenas cuenta con diecisiete artículos con los que el Gobierno regional pretende blindar a la región con los impuestos más bajos frente a un Ejecutivo central que estudia una reforma que avance hacia una armonización fiscal tan reclamada desde algunos territorios. "Cualquier ley, disposición normativa y acto del Estado con fuerza de ley que infrinja la autonomía financiera (...) será objeto de recurso de inconstitucionalidad", recoge el proyecto.
La norma se encuentra ahora mismo en la Asamblea de Madrid a la espera de que sea activada su tramitación parlamentaria. Algo que, por el momento, no ha sucedido. El texto se ha encontrado con enmiendas a la totalidad de todos los grupos parlamentarios. También de Vox. La ultraderecha registró la suya en un contexto muy concreto. Lo hizo tras el choque con Ayuso por el señalamiento a los menores extranjeros no acompañados. Y apenas unas horas después de las elecciones en Castilla y León, de las que el PP salió sin la deseada mayoría absoluta y barajando abiertamente la posibilidad de buscar un Gobierno del que la extrema derecha no formara parte.
La formación ultra rechaza el texto al considerar que hace una "encencida y marcada defensa del modelo autonómico". "La iniciativa del Ejecutivo regional entiende que la autonomía está por encima del principio de unidad al pretender que ninguna norma estatal pueda afectarla, predetermina el contenido político de la actuación de cualquier futuro Gobierno nacional y convierte un conflicto político con Pedro Sánchez en un conflicto institucional con el Estado", resaltó el partido en un duro comunicado, en el que insistió en que el proyecto "agrava las diferencias e injusticias entre españoles" y pretende "petrificar el modelo fiscal autonómico" y "enfrentar a las regiones y las autonomías con el Estado".
La izquierda se mueve
Pero de esa valoración no hay ni rastro en la enmienda a la totalidad. Al fin y al cabo, no es más que un párrafo genérico sin valoración política de ningún tipo. De ahí, que el bloque de izquierdas haya decidido abrir la puerta a utilizar este rechazo de los ultras para hacer caer la iniciativa de Ayuso. Desde Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos no se ve con malos ojos dejar de lado sus textos y votar a favor de la enmienda de la formación liderada por Rocío Monasterio, lo que permitiría que el proyecto normativo fuera devuelto directamente al Ejecutivo madrileño –el PP tiene 68 diputados, frente a los 71 que suman el resto de grupos parlamentarios–.
"El objetivo es que no salga adelante. Y, en este caso, no hay contexto alternativo", reconocen fuentes de Más Madrid. Una línea en la que abundan desde las filas socialistas. "Si la enmienda fuera con texto alternativo, tendríamos que analizar qué es lo que estaríamos votando. Sin embargo, en este caso a lo que estaríamos dando nuestro apoyo sería a una enmienda a la totalidad exactamente igual a la nuestra. Por tanto, votando a favor de la iniciativa de Vox lo que hacemos es, simplemente, devolver el texto al Gobierno", explica alguien de peso del grupo parlamentario. "Nosotros no tendríamos, por tanto, que explicar nada, eso sería un problema para Vox", coinciden desde las filas moradas.
El abrazo planteado desde la izquierda parlamentaria pone en una posición complicada a la formación ultra, que sabe que pesca en el mismo caladero de votos que los conservadores y, al mismo tiempo, que esos electores no comprenderían que ambos grupos no se entendieran en la Cámara autonómica. Si Vox decide no moverse, provocará la primera derrota política de Ayuso desde los comicios autonómicos del 4-M. Y si apuesta por dar un giro de timón y retirar la enmienda, estaría aceptando un proyecto que "defiende el modelo autonómico vigente", algo que, según dicen, es "incompatible" con esa Agenda España que ellos mismos pusieron sobre la mesa y que "defiende la unidad y la igualdad entre todos los españoles".
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De todos modos, desde la oposición no descartan absolutamente nada. Ni, mucho menos, dan por hecho el éxito de su movimiento. Siempre puede haber, por ejemplo, un acuerdo entre ambos grupos para desbloquear el trámite a cambio de llegar a acuerdos en el marco de las enmiendas parciales. "Viendo cómo ha funcionado Vox en lo que llevamos de legislatura, no nos extrañaría nada que al final se moviesen para permitir la tramitación del proyecto de ley y no molestar al PP", conceden desde la oposición.
Al fin y al cabo, abundan, la formación conservadora lleva toda la legislatura utilizando a la ultraderecha como su "felpudo". Con más escaños que toda la izquierda parlamentaria junta, a los de Ayuso les vale para sacar adelante sus iniciativas con cuatro abstenciones de Vox, que la única alternativa que tiene para bloquearlas es votar junto a las fuerzas progresistas. Y los de Monasterio, en lo que va de legislatura, no han hecho otra cosa que seguidismo. Así, por ejemplo, ayudaron a bloquear la reapertura de la comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias durante la pandemia. O permitieron, poniéndose de perfil, que se tumbase hace solo unos meses a la dirección de Telemadrid.
Ahora, con la ley estrella en materia fiscal en la cuerda floja, el Ejecutivo madrileño ha decidido redoblar la presión sobre sus socios parlamentarios. Este miércoles, el portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, ha querido remarcar que "es incongruente" el hecho de que la ultraderecha exija una reducción impositiva al tiempo que trata de impedir que la región goce de una "autonomía financiera" que el Ejecutivo central pretende "restringir". Hasta ahora, ambas formaciones han aprobado de la mano la rebaja de medio punto del tramo autonómico del IRPF y la eliminación de los impuestos propios.
