La crisis energética amenaza a cinco millones de personas que no pueden calentar bien su casa en España
La guerra en Ucrania amenaza con agravar aún más la crisis energética. La prima de riesgo ya dispara los mercados a futuro del gas natural y del petróleo. A corto plazo, los precios están volviendo de nuevo al récord. Todo está envuelto en incertidumbre y en una volatilidad que puede estallar en cualquier momento: las petroleras salen de Rusia y la amenaza de un corte de suministro por parte de Gazprom sigue en el aire, así como un endurecimiento de las sanciones al vector energético del país, que supone casi el 40% de los ingresos del Estado ruso y su maquinaria bélica. El presidente del Gobierno y la ministra para la Transición Ecológica advierten: "Vienen tiempos duros", dijo Pedro Sánchez este domingo ante el Comité Federal del PSOE. La respuesta de la UE ante el régimen de Putin exigirá sacrificios. La mala noticia es que los sacrificios son siempre asumidos por los mismos.
Cinco millones de personas en España tuvieron dificultades para alcanzar una buena temperatura en su hogar durante el invierno, calcula Transición Ecológica en su último informe sobre indicadores de pobreza energética. El dato es de 2020, evidentemente influido por la pandemia de covid-19 y el primer confinamiento, donde los ciudadanos fueron obligados a quedarse en sus casas y donde muchos puestos de trabajo se esfumaron durante meses o para siempre, complicando llegar a final de mes.
El indicador "se sitúa aún en niveles inferiores a los observados en los años 2017 y 2018. Esto, de algún modo, podría apuntar a la eficacia de las medidas del escudo social puestas en marcha por el Gobierno durante buena parte del año 2020 sin las cuales, con toda probabilidad, este indicador hubiera arrojado un valor sustancialmente distinto al finalmente observado", asegura el Ministerio. Ese "escudo social" se ha mantenido, parcialmente, durante 2021 y 2022, años en los que el impacto de la pandemia ha remitido pero el precio de la luz y de la calefacción ha ascendido a máximos históricos, por lo que es difícil estimar si las medidas siguen siendo suficientes.
El Gobierno ha tomado medidas contra esta dolorosa carestía. El bono social eléctrico incluye la concesión del bono térmico, por lo que se pueden conseguir rebajas de hasta el 40% en ambas facturas, dependiendo del grado de vulnerabilidad. Posteriormente, el Gobierno aprobó el llamado "suministro mínimo vital", que impide cortes de suministro a los beneficiarios. Pero hay carencias. Otro dato, también preocupante, no es recogido por el estudio de Transición Ecológica sino por la iniciativa contra la pobreza energética Ni un hogar sin Energía, de Ecodes, que calcula que el número de personas que podría beneficiarse del bono social y no lo hace en España ha ascendido del 50% al 67% en el último año. El término "suministro mínimo vital" induce a engaño, consideran los activistas: la concesión no es automática y quien más sufre para abonar los recibos no suele tener tiempo ni ganas de pelearse con la burocracia.
Los esfuerzos de los activistas se han centrado en los últimos años, y ahora más que nunca, en la concesión automática de la ayuda: para Ecologistas en Acción, en un reciente informe, se trata de pasar de un bono social a una tarifa social. "El concepto de bono social es una medida asistencialista y estigmatizante, se aplica según unos mínimos niveles de renta y sobre una factura cuyos conceptos, opacos en un sin fin de regulación, ni siquiera están optimizados; no es ni será una solución, sino solo eso, un mecanismo que sirve de justificación a la administración pública para acreditar que se está actuando frente al problema, pero con graves carencias que se irán parcheando de manera puntual", señalan.
"Una de las mayores deficiencias que encontramos al mecanismo del bono social es precisamente su dificultad de acceso; no es una herramienta que pueda ser aplicada de forma automática sino que ha de ser solicitado por los propios afectados, precisamente aquellos que tienen mayores dificultades a la hora de realizar trámites burocráticos y/o administrativos y a quienes la información llega también con más dificultad", asegura la organización. Los ecologistas proponen una modalidad para las rentas más bajas, en base a sus ingresos y la composición del núcleo familiar, con IVA superreducido, descuentos de noviembre a marzo en la luz si la calefacción es eléctrica y en el gas si se tira de caldera; y otra serie de ventajas, como la supresión de los gastos de alta de contrato.
Los investigadores sobre el asunto también han fijado la automatización como la principal prioridad. Es el caso de la Cátedra de Energía y Pobreza de La Universidad Pontificia Comillas, que en junio de 2021 publicaron un decálogo sobre cómo mejorar el bono social. No hace falta que sea concesión automática: la simplificación de los trámites ya podría mejorar la vida de miles de familias. La información contenida en los expedientes tiene que ir de las comercializadoras a las administraciones y viceversa; con datos personales de especial protección; se requieren varios documentos que acrediten la situación de vulnerabilidad, que hay que pedir en varias ventanillas; y un pequeño fallo, como la falta de coincidencia entre la dirección del padrón y la del contrato, lo puede echar todo al traste.
"Lo anterior provoca que los tiempos de respuesta no sean lo breves que sería deseable y que la información que llega al ciudadano sobre los motivos de rechazo de la solicitud sea escasa, lo que acaba provocando reclamaciones por parte de los ciudadanos por incomprensión sobre el funcionamiento del proceso", explican los investigadores. Proponen que solo una administración y no varias, como el Ayuntamiento, sea la encargada de todos los trámites, aumentando los recursos humanos para ello; que el formulario sea más sencillo; y que, como una solución de fondo, se avance en la digitalización de lo público, pero a la vez manteniendo puntos de atención en persona para todos los que no se manejen con la tecnología.
El bono social sigue sin ser automático a pesar de las promesas: el 50% de los que cumplen sus requisitos no lo perciben
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El Ministerio para la Transición Ecológica, en su estrategia 2019-2024, ya reconoce las carencias en la automatización, aunque asegura no poder resolverlas a corto plazo. "Es necesario adoptar medidas procedimentales relativas al bono social que mejoren la automaticidad del sistema, evitando que el proceso de solicitud resulte tan complejo, en línea con los procedimientos que han sido puestos en marcha en países de nuestro entorno como Portugal o Francia, en los que la comprobación del cumplimiento de los requisitos para poder recibir las ayudas prestacionales se realiza sin necesidad de que medie la solicitud del consumidor".
Las "mejoras procedimentales" no han llegado, y puede que no haya mejor momento que este para que lleguen. La Comisión Europea lleva meses insistiendo en que las medidas para paliar el ascenso imparable de los costes energéticos tienen que ir dirigidas a los consumidores vulnerables; y es previsible que en su próxima comunicación, prevista para este mes, siga insistiendo en ello. Para el Ejecutivo comunitario, lo único que tiene perfecto encaje en el ordenamiento europeo es que la tarifa regulada no se ofrezca a todo el que la quiera, sino a solo este segmento en concreto. El modelo español actual, consideran fuentes cercanas a la comisaria Kadri Simson, es una distorsión.
Transición Ecológica lleva meses estudiando la reforma de la factura regulada, el modelo conocido como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Hizo una primera propuesta que fracasó ante su intento de despertar el consenso de todos los actores. Siguen trabajando en ello, sin que por ahora hayan trascendido certezas sobre si se va a eliminar su volatilidad, su alto precio –al estar indexada a un mercado diario disparado– y si va a poder solucionar las dificultades de esos cinco millones de personas en España con dificultades para calentarse en su propio hogar. Las próximas semanas serán testigo de cambios en el mercado energético europeo que, en circunstancias normales, tardarían años: está por ver si los que más sufren estarán en el centro.
