'Guerra covid' en los buques hospital del ISM: la justicia anula despidos y sanciones a tres médicos y un capitán

El Instituto Social de la Marina (ISM) es el encargado de velar por la salud de los trabajadores del Régimen Especial del Mar, unos 66.000 marineros, cuando se encuentran embarcados o en algún puerto extranjero, además de gestionar sus cotizaciones y prestaciones. Creado en 1930, es un pequeño organismo con una larga tradición, que depende del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Tiene 1.300 empleados y dos buques hospital, el Esperanza del Mar y el Juan de la Cosa, que atienden en alta mar a marineros y pescadores, españoles y extranjeros, en caso de enfermedad o accidente.

El ISM presume de prestar con ambos barcos hospital un servicio único en el mundo, como corresponde a la mayor flota pesquera de Europa, pero parece tener un problema con los médicos a bordo. O al menos lo ha tenido a raíz del coronavirus. Despidió a dos de ellos y expedientó a un tercero, la misma suerte que corrió el capitán del Esperanza del Mar nada más estallar la pandemia. Todos ellos recurrieron ante los jueces, que han dado la razón a los cuatro, anulando tanto sanciones como despidos. Aunque el capitán, Carlos García Rodríguez, también ha sido degradado a oficial de puente y se encuentra pendiente de que otro juez resuelva la demanda que ha presentado contra esa decisión.

Además, se da la circunstancia de que tanto el capitán como dos de los tres médicos son o han sido representantes sindicales en sus barcos. El capitán lo fue de UGT, y los otros dos médicos de la gallega CIG y del sindicato de funcionarios CSIF. Los afectados –tres de los ocho facultativos con que cuentan ambos barcos– relacionan las medidas disciplinarias adoptadas contra ellos con su actividad sindical, algo que el ISM, a preguntas de infoLibre, niega y atribuye únicamente a los incumplimientos de los protocolos de prevención de riesgos laborales. La sentencia que revoca la sanción a un médico del Esperanza del Mar, Jaime Medel, no sólo señala que ésta es “desproporcionada” y “arbitraria”, sino que además subraya que la falta de motivación y de adecuada gradación del castigo “dejan en evidencia” no sólo al instructor del expediente, sino también a “quien finalmente confirma e impone la sanción”, en referencia a la entonces directora general del ISM, Elena Martínez Carqués. El organismo no ha recurrido ninguna de estas cuatro sentencias, que por tanto son firmes.

Covid a bordo en alta mar

La discordia brotó cuando aún no había pasado ni un mes desde la declaración del estado de alarma. El 10 de abril de 2020 el Ribel Tercero, un palangrero de A Guarda (Pontevedra) que faenaba en aguas próximas a las Azores, pidió a Salvamento Marítimo la evacuación de uno de sus tripulantes, que tenía todos los síntomas de la infección por coronavirus. El marinero llevaba al menos desde hacía una semana con fiebre y sufría dificultades para respirar, según había comunicado el patrón al Juan de la Cosa el 3 de abril. Como el Esperanza del Mar se encontraba más cerca, acudió en su rescate y evacuó a toda máquina al enfermo, que fue internado en el hospital Povisa de Vigo. Allí se le diagnosticó una neumonía bilateral. El resto de la tripulación, nueve personas que habían convivido más de 15 días con el enfermo, llegaron también al puerto de Vigo a bordo de su propio pesquero un día más tarde.

En esa misma fecha, el director provincial del ISM en Las Palmas, donde tiene su base el Esperanza del Mar, apercibió al capitán de que podía abrírsele un expediente disciplinario por incumplir el protocolo covid, al haber llevado a bordo al marinero enfermo en lugar de dejarlo en su camarote y permitir que el pesquero lo condujera de vuelta a puerto. El barco hospital cuenta con dos camas UCI y oxígeno con el que asistir a un paciente con la saturación baja. “Para eso estamos en la mar”, explica a este periódico Jaime Medel, el médico que fue después sancionado. “No tiene sentido que un buque hospital no atienda a un tripulante que precisa asistencia médica”, recalca el capitán García Rodríguez.

Pero de momento no ocurrió nada. Hasta que el 25 de abril, de nuevo el barco hospital en alta mar, Medel, que había asistido al tripulante con covid del pesquero, tiene fiebre. El médico es paciente cardiaco y teme ser más vulnerable al virus. Manda un correo a una dirección que encuentra en la página web de la autoridad portuaria de Azores, para preguntar por la posibilidad de una evacuación. Una práctica habitual, explica el médico, cuando el barco necesita asistencia en algún puerto extranjero. Nadie le contestó. Ese otoño, el ISM le sancionó con dos meses de suspensión de empleo y sueldo por una falta disciplinaria grave de desobediencia a sus superiores. El organismo le acusaba de haberse puesto en contacto “sin autorización” con las “autoridades sanitarias portuguesas interesándose por cuestiones personales en relación con su situación de caso sospechoso de covid”. Para el capitán la sanción ascendió a nueve meses de suspensión de empleo y sueldo por dos faltas muy graves “por notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo”: cuestionar reiteradamente las órdenes del director provincial sobre las medidas que debía adoptar ante el posible contagio del médico y permitir que éste enviara ese correo a Azores “sin adoptar ninguna medida disciplinaria” contra él.

En este último caso, el juez afea al ISM la “absoluta inconcreción” del expediente sobre “cuáles son las conductas tan graves que se imputan al capitán”. Critica su tramitación –“no puede ser calificada de ejemplar”–, niega que el capitán cuestionara instrucciones de sus superiores –sólo expresó sus “dudas acerca de la forma de proceder en una situación tan sensible” y en sus correos con el director del ISM en Las Palmas “se aprecia un evidente respeto y educación al plantearlas”, dice el juez– y, finalmente, considera inaudito que se castigue al capitán por un hecho –el envío del correo a Azores– que otro juez ya ha considerado no sancionable.

Nadie en el muelle de Vigo

El armador del Ribel Tercero envió un correo agradeciendo la asistencia prestada por el Esperanza del Mar. Pero con el ISM no quedó tan satisfecho. Cuando el palangrero amarró en Vigo, nadie esperaba a sus tripulantes en el puerto. Confiaban en que se les realizarían tests antes de volver a sus casas para averiguar si estaban contagiados. “No sabíamos qué hacer, creíamos que alguien nos lo diría, pero no había un protocolo claro, la administración estaba más perdida que un pulpo en un garaje”, lamenta Juana Parada, gerente de la asociación que agrupa a los palangreros de A Guarda (Orpagu). En aquellos momentos iniciales de la pandemia, todo era caos: “Se pasaban la pelota unas administraciones a otras, el Sergas (Servicio Galego de Saúde) al ISM y el ISM a Sanidad Exterior… Hubo una gran descoordinación”. Así que el armador pagó los taxis que llevaron a los tripulantes a sus casas “a contagiar a sus familias”, protesta Parada. Finalmente, hubo seis marineros infectados, de los que dos o tres, más graves, fueron internados en Povisa con neumonía.

El Ministerio de Seguridad Social indica a infoLibre que la competencia de elaborar los protocolos de actuación en el caso del covid-19 le corresponde al Ministerio de Sanidad, “al tratarse de un problema de salud pública”. Son los protocolos por los que se rige el ISM, responsable de la asistencia sanitaria a bordo. Pero en tierra, añade el ministerio, la competencia es de Sanidad Exterior.

En aquellas semanas, Orpagu compró tests de antígenos para sus barcos, encontró clínicas privadas para hacer las pruebas de detección después de mucho buscar y tuvo que echar mano de seguros privados para costear en el extranjero la asistencia sanitaria de sus marineros. “Las vacunas también las peleamos mucho”, destaca Juan Parada. Finalmente consiguieron que se les suministraran dosis únicas a tripulantes de una flota de altura que pueden llegar a permanecer hasta cuatro meses embarcados.

Casi un año después de la evacuación del Ribel Tercero, en enero de 2021, el brote de coronavirus lo sufrió el propio Esperanza del Mar. Quince de sus 28 tripulantes dieron positivo y el barco quedó atracado en el puerto de Vigo, donde pasó la obligada cuarentena. Poco después, el ISM despidió a uno de los médicos por “negarse a realizar tests de antígenos a tripulantes con síntomas, poniendo en riesgo la salud de la tripulación”, según indica ahora el ministerio a este periódico, pese a que el juez anuló el despido por vulneración de los derechos fundamentales del facultativo. infoLibre ha intentado reiteradamente ponerse en contacto con el despedido, pero éste ha declinado hacer ningún comentario.

La confidencialidad del resultado de una PCR

El Juan de la Cosa también sufrió su propio brote de covid, el pasado mes de mayo, con una decena de contagiados leves. Pero el despido de uno de sus médicos no tuvo relación con ese estallido tardío de coronavirus, sino con las PCR preventivas. Alberto González fue despedido en octubre de 2021 por causas disciplinarias tras cometer una falta muy grave. El médico, que también ha sido representante sindical y delegado de prevención de riesgos laborales, denegó su consentimiento para que un laboratorio privado informara a los administrativos y médicos del ISM del resultado de la PCR que se le había practicado antes de embarcar. En el correo donde explicaba esa negativa, comunicó también que sería él mismo quien transmitiría el resultado al ISM de Cantabria. El puerto base del Juan de la Cosa se encuentra en Santander.

“Los datos médicos son unos de los más sensibles de la intimidad de una persona”, razonaba el médico en ese correo al laboratorio. “Esta petición estricta que hago sobre mis datos médicos está motivada por los procedimientos previos y habituales del ISM de Cantabria”, precisaba, porque “nunca antes han informado a los tripulantes del buque Juan de la Cosa de sus derechos sobre la información y documentación clínica ni de los resultados de las analíticas a los propios pacientes, incluido yo mismo”. Según mantiene González, los resultados no se comunicaban a los médicos del ISM, sino a los administrativos. Y no informaban de ellos a los propios tripulantes.

El ISM consideró entonces que el médico estaba poniendo en riesgo la salud del resto de los tripulantes. Primero anuló su embarque, después le abrió expediente y finalmente lo despidió.

Sin embargo, los jueces, tanto el de lo Social como después el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, precisan que, en realidad, el ISM anuló el enrolamiento del médico el mismo día en que éste se hizo la PCR, “por lo que era materialmente imposible que hubiera incumplido su obligación de comunicar el resultado de la prueba que se había realizado el mismo día”. También dictaminan los jueces que no autorizar al ISM a acceder al resultado de la PCR no constituye ningún incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Además, como habían anulado su embarque, el médico no pudo acceder a su resultado en la web del laboratorio, que había quedado bloqueado, y tampoco comunicarlo al ISM.

Alberto González atribuye el despido a una represalia por haber denunciado ante la Inspección de Trabajo y conseguido para la mayoría de los tripulantes del Juan de la Cosa –contratados como eventuales durante años– la condición de indefinidos no fijos. Un motivo que el ISM niega. Por el contrario, sostiene que han sido los “reiterados incumplimientos de los protocolos e instrucciones” por parte del médico la causa de la apertura de otros expedientes sancionadores anteriores contra él.

Revelación de secretos anulada por el Supremo

Porque ya en junio de 2017 el ISM abrió un expediente disciplinario al médico, entonces también delegado de CSIF en el Juan de la Cosa, que remitió a la Fiscalía por un posible delito de revelación de secretos. El Juzgado de lo Penal le condenó a 13 meses de multa por ese motivo, en una sentencia que confirmó la Audiencia Provincial de Cantabria, pero anuló el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo.

En diciembre de 2016, Alberto González había grabado la reunión que celebró el tribunal encargado de seleccionar trabajadores para el barco hospital. Como queda dicho más arriba, más de la mitad de la tripulación de ambas naves es personal eventual, con contratos que, además, se renuevan mes a mes. Muchos de ellos rotan durante años en el mismo puesto. Las acusaciones de enchufismo y de contratos a dedo son una constante. La grabación se hizo sin que lo supieran el resto de los participantes. Después, González hizo una transcripción e informó de las deliberaciones y del resultado a los trabajadores a los que representaba. También la colgó en el tablón de anuncios del barco.

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El Tribunal Supremo anuló la sanción tras determinar que no había delito de revelación de secretos, porque, aunque Alberto González “incumplió su deber de debida discreción”, ni la información transmitida era “no divulgable ni estaba sometida a específicos deberes de confidencialidad”. Tampoco consideran los jueces que su divulgación afectara “de una manera mínimamente significativa al proceso de selección y a los fines a los que debía servir”. Además, sobre el médico y delegado sindical “no pesaba una específica prohibición” de no divulgar la información a los trabajadores a los que representaba.

Por el contrario, el Supremo asegura que, en general, la “íntegra documentación y de lo deliberado y acordado constituye una garantía significativa del principio constitucional de transparencia […] y de un más eficaz control de que se han respetado los principios de mérito y capacidad” en la selección del personal.

Pero esta sentencia no significa que hayan terminado los procedimientos disciplinarios contra el médico del Juan de la Cosa. El ISM acaba de reanudar la tramitación del expediente disciplinario abierto contra Alberto González por revelar esa reunión, que quedó suspendido al abrirse la vía penal. Si el instructor dictamina finalmente que el médico cometió una falta disciplinaria muy grave, la sanción puede ser, de nuevo, el despido.