El PSOE andaluz reivindica a Chaves y Griñán pese a su condena en firme por los ERE
En el momento más bajo, el golpe más duro. Con el PSOE andaluz en su mínimo electoral histórico, con sólo 30 escaños frente a los 58 de la mayoría absoluta del PP, el partido que ahora lidera Juan Espadas recibió este martes un nuevo mazazo, que liga en firme su nombre al de la corrupción y ratifica la culpabilidad de dos de sus mayores iconos. Esta vez, el palo es judicial. Pero con graves implicaciones políticas. El PSOE andaluz, con Espadas al frente, tomó este martes una decisión de profundo calado para encarar la situación: mantener la defensa de la "honorabilidad" de Manuel Chaves y José Antonio Griñán pese a su condena firme en un caso de corrupción.
El Tribunal Supremo anunció –con división interna– la ratificación de 16 de las 19 condenas de la sentencia de la Audiencia de Sevilla del caso de los ERE, entre ellas las de dos expresidentes de la Junta, exministros y expresidentes del PSOE, que suman 23 años al frente del Gobierno andaluz: Chaves (1990-2009), por prevaricación, que no tendrá que entrar en prisión; y Griñán (2009-2013), por prevaricación y malversación, que ve confirmada su sentencia de 6 años y se ve abocado a ingresar en la cárcel, a no ser que su defensa sea capaz de evitarlo con una difícil maniobra de última hora.
José María Calero, abogado de Griñán, explica a infoLibre que hay dos posibles vías para evitar que Griñán, de 76 años, entre en prisión: 1) La petición de un indulto; 2) La solicitud de la suspensión de la ejecución de la pena por parte del Tribunal Constitucional mientras resuelve un recurso por posible vulneración de derechos fundamentales. Calero aclara que la decisión de la vía a adoptar no está tomada. Podría ser una, la otra o las dos.
Además de Griñán, hasta otros ocho ex altos cargos más –entre ellos, cuatro exconsejeros– podrían entrar en prisión, al seguir condenados por malversación. Ello supondría una imagen de una dureza inusitada para el partido que gobernó Andalucía durante cerca de 37 años, logrando una identificación casi plena entre sus siglas y la propia autonomía del sur.
Da idea de la gravedad del caso la celebración de una rueda de prensa extraordinaria por parte de Espadas. Serio y triste, con "profundo dolor", Espadas defendió en nombre de la dirección del PSOE andaluz la "honorabilidad" de Chaves, Griñán y el resto de personas que "han dedicado toda su vida al servicio público". "Se habrán producido errores, sin duda, pero nadie puede afirmar que se hayan llevado a su bolsillo ni un solo euro", afirmó, mostrando "toda nuestra solidaridad" con quienes "se han dejado la piel" por Andalucía. Espadas recalcó que el PSOE no se ha financiado de forma ilegal.
El secretario general del PSOE afirmó que "acata" el fallo, pero mostró su disconformidad con el mismo y con la "indefensión" que genera conocerlo antes de la argumentación jurídica de la sentencia. El líder socialista recalcó que dos magistradas de los cinco preparan votos particulares en los que se oponen a la condena a Griñán por malversación, luego hay "controversia jurídica" sobre lo ocurrido.
De modo que esos son los dos elementos a los que se aferra Espadas: que Chaves y Griñán no robaron; que no hay unanimidad jurídica en la condena de prisión a Griñán. Además, afirmó que el procedimiento para solucionar crisis industriales que dio lugar al caso era "mejorable", pero que quienes se beneficiaron indebidamente de ello fueron "individuos" con "conductas reprobables", no el PSOE, ni el Gobierno andaluz. Espadas recordó que el sistema "permitió salvar una buena parte del tejido productivo" afectado por crisis industriales y proteger a "6.000 personas" con un sistema de prejubilaciones, "como bien saben en la Cuenca Minera". Recalcó que el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno sigue pagando esas prejubilaciones. Y afirmó incluso que la Junta usó el "mismo marco normativo" que otras comunidades, donde, "si se hubiera mirado con la misma lupa, se hubieran apreciado errores o deficiencias parecidas".
Espadas reconoció que el caso de los ERE ha sido un "calvario" para el PSOE durante "diez años" y se mostró convencido de que el PP querrá hablar del tema "por los siglos de los siglos". "También nosotros hablaremos de sus tres condenas por financiación ilegal", avisó Espadas, que no tuvo relación con el caso pero al que Moreno recuerda que fue consejero de Vivienda entre 2008 y 2010, con Chaves y Griñán como presidentes. Es la forma de Moreno de poner bajo sospecha a Espadas, que incluso con el PSOE ya en la oposición ve cómo el caso continúa castigando al socialismo andaluz.
La malversación de Griñán
La posible salvación de Griñán del delito de malversación era la principal incógnita que pesaba sobre la sentencia del Supremo. Ha habido diversos enfoques de la cuestión. Griñán confiaba en que se impusiera la tesis de que no puede haber malversación sin enriquecimiento. El propio magistrado del Supremo Jorge Barreiro, que instruyó el caso durante una etapa en la que Griñán fue aforado, descartó la malversación en 2015. En cambio, el tribunal de la Sala II del Supremo –compuesto por los magistrados Juan Ramón Berdugo como Presidente, Ana Ferrer, Susana Polo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres como ponente– anunció este martes que mantiene esa condena. Otra vez, llegó una decisión judicial en un día políticamente grande para Andalucía, con la toma de posesión del nuevo Gobierno, en este caso del PP. Ironías del destino, toma posesión como consejero de Presidencia Antonio Sanz, uno de los estrategas de la ofensiva política y judicial del PP en este caso.
El tribunal hizo público este martes tórrido que ya ha deliberado sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia de noviembre de 2019 de la conocida como pieza política del caso de los ERE. Como hace con los casos de gran "relevancia pública", anunció el contenido de su fallo antes de la sentencia, que queda pendiente de publicación y a la que se opondrá el voto discrepante de Ana Ferrer y Susana Polo, que consideran que deberían haber sido estimados parcialmente cinco recursos, entre ellos el de Griñán, y que todos ellos deberían haber sido absueltos de malversación.
El fallo, resuelto así por tres votos a favor contra dos, estima totalmente tres recursos y parcialmente uno, desestimando los demás, por lo que cambian sólo estos elementos: se absuelve a tres exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo del delito de prevaricación, el único por el que habían sido condenados; se concede la atenuante por reparación de daño a un exdirector general de Trabajo, condenado por malversación y prevaricación, con lo que rebaja su pena de prisión a siete a tres años. Las demás condenas no se tocan. Quedan ratificadas 16 penas, justificadas por unos hechos descritos en una sentencia de la Audiencia de 1.821 páginas, con Juan Antonio Calle como ponente, que unen una década de poder socialista a la corrupción.
Una sentencia demoledora
El problema para el PSOE no es sólo la condena de Griñán y Chaves y el resto. Es el relato de hechos. La sentencia de la Audiencia que establecía las penas era demoledora para el PSOE. El fallo describía como verdad judicial un sistema de corrupción estable en el tiempo de reparto de ayudas sin control que llegó a la cúspide de la Junta. Se daba por probada la creación de un fraude conocido, mantenido, engordado y ocultado por la cúpula del poder socialista, con complicidades que abarcaban no sólo las consejerías de Empleo y Economía y Hacienda, sino al propio Consejo de Gobierno. Era la peor hipótesis para el PSOE, porque el fraude, según el fallo, no fue cosa de unos pocos aprovechados que se colaron por las rendijas de un sistema defectuoso, como defendían los socialistas, sino una compleja orquestación delictiva. Quedaba así avalada la instrucción iniciada por la jueza Mercedes Alaya y concluida por Álvaro Martín, así como la posición de la Fiscalía Anticorrupción.
La sentencia vio probado que en 2000 la Junta creó un sistema ilegal de ayudas para el reparto de ayudas sociolaborales. El tribunal considera que se generaron las condiciones idóneas para el reparto opaco de fondos, al evitar la fiscalización de su entrega. Se buscaba, establecía el fallo, mantener la "paz social" mediante un sistema irregular, una afirmación de una enorme gravedad que daba cobertura a la acusación del PSOE de haberse mantenido en el poder gracias una red clientelar.
El sistema permitió ocultar el flujo de dinero a la Intervención, siempre según la sentencia. La operativa contable irregular, según el fallo, duró un hasta 2009 y permitió un reparto indebido de los fondos a empresas y trabajadores –los conocidos como "intrusos"– que no cumplían los requisitos. El tribunal cuantificaba en 680 millones los fondos entregados mediante el procedimiento irregular. Esto no significa que 680 millones sea dinero malversado. Lo que esta sentencia consideraba ilegal era el sistema de reparto, lo cual no obsta para se le diera dinero a quien tenía derecho al mismo.
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El fallo señalaba a la Consejería de Economía y Hacienda como responsable de la indebida presupuestación de las transferencias de financiación. Ahí radica la importancia del papel atribuido a Griñán, que fue consejero de Economía y Hacienda de 2004 a 2009. Su condena era más grave que la Chaves no por su etapa como presidente, sino por su etapa como consejero desde 2005 a 2009, por facilitar incrementos presupuestarios de las partidas irregulares siendo consciente –según la sentencia– de la ilegalidad. Ahí se apoyó la condena de seis años por malversación a Griñán.
El fallo era más benévolo con Chaves, culpable en la medida en que fue parte –y cabeza principal– de gobiernos que aprobaron las ayudas. Su condena fue por prevaricación. A Chaves le tocaron nueve años de inhabilitación especial.
En total, hubo 19 condenados –diez por prevaricación y malversación y nueve sólo por prevaricación– y sólo dos absueltos. Entre los penados, había seis exconsejeros, dos por prevaricación –Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez– y cuatro por prevaricación y malversación –José Antonio Viera, Antonio Fernández, .Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo–. Todos ellos siguen condenados. La sentencia condenaba también a Francisco Javier Guerrero, que fue director general de Trabajo de (1999 a 2008) a siete años y 11 meses de cárcel por malversación y 19 años y medio de inhabilitación por prevaricación. Era la condena más dura. Guerrero murió en 2020.
