¿Pueden las cámaras corporales de la policía cambiar a agentes y ciudadanos?
El afroamericano George Floyd repitió más de dos docenas de veces aquella tarde de mayo de 2020 que le faltaba el aire, que no podía respirar. Pero el agente Derek Chauvin hizo caso omiso a las advertencias de aquel hombre de mediana edad al que tenía tendido boca abajo sobre el asfalto. "Entonces deja de hablar, deja de gritar, se necesita muchísimo oxígeno para hablar", le espetaba mientras seguía presionando con su rodilla el cuello del detenido. Así se mantuvo durante nueve minutos, mientras Floyd se moría poco a poco. Todo quedó perfectamente registrado en las cámaras corporales de los agentes de la Policía de Minneapolis que intervinieron en aquel arresto. El uso de estos dispositivos no frenó a los policías a la hora de usar la fuerza contra el ciudadano estadounidense. Pero los vídeos tuvieron un papel clave en el juicio que acabó con una condena de cárcel para Chauvin.
Dos años después de que Floyd se convirtiera en una víctima –otra más– de la brutalidad policial contra la población afroamericana, el Ministerio del Interior ha decidido dotar a parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de estos pequeños dispositivos de grabación que van colocados sobre el uniforme. A partir de este lunes, los efectivos de la Policía Nacional en misiones de seguridad ciudadana podrán hacer uso de estas cámaras corporales Modelo AB3 cuando se encuentren de servicio. Una decisión que se ha aplaudido con fuerza desde los sindicatos policiales. "Esperemos que se dote de todas esas cámaras a todos para garantizar esa seguridad, esa transparencia, y demostrar la profesionalidad de todos nuestros compañeros en cada una de sus intervenciones", ha señalado el portavoz de Jupol, Pablo Pérez.
El uso de este tipo de aparatos por parte de las Fuerzas de Seguridad se ha ido extendiendo con el paso de los años. Entre otras cosas, bajo el argumento de que un registro audiovisual de todas las actuaciones puede contribuir a frenar los excesos tanto por parte de los agentes como por parte de los ciudadanos. Sin embargo, lo cierto es que no hay una evidencia clara de que eso sea así. "Aunque los oficiales y los ciudadanos generalmente apoyan el uso de BWC –Body-worn cameras–, las BWC no han tenido efectos estadísticamente significativos o consistentes en la mayoría de las medidas del comportamiento de los oficiales y ciudadanos o en las opiniones de los ciudadanos sobre la policía", apuntaron en el verano de 2019 cuatro investigadores de la Universidad George Mason en "Research on body-worn cameras. What we know, what we need to know".
El artículo fue publicado en Criminology & Public Policy, una revista académica que aborda cuestiones vinculadas a la criminología y sus implicaciones para las políticas públicas. En él, los investigadores Cynthia Lum, Megan Stoltz, Christopher S. Koper y J. Amber hacen un análisis de setenta estudios publicados en los últimos años en los que se aborda el impacto de las cámaras en el comportamiento y las percepciones de los agentes y los ciudadanos.
Sobre los segundos, diferentes experiencias aportan conclusiones distintas en cuanto, por ejemplo, al número de quejas relacionadas con actuaciones policiales cuando están presentes las cámaras corporales. Así, por ejemplo, mientras que en Las Vegas o en Phoenix se apreció una reducción estadística significativa de las denuncias, en otras evaluaciones llevadas a cabo en Rialto (California), Washington o en varios departamentos de Policía de Reino Unidos y Estados Unidos no se apreciaron cambios destacados en este sentido.
Tendencia a la baja para comportamientos incívicos
En relación con los comportamientos incívicos, la tendencia habitual suele ser a la baja. Así, por ejemplo, los cuatro investigadores señalan que algunos estudios realizados en Reino Unido han puesto de manifiesto "pequeñas disminuciones en el crimen y los desórdenes" tras la puesta en marcha de estas cámaras, si bien es cierto que en otras experiencias no se han apreciado diferencias notables. Además, los investigadores resaltan que no hay certeza de que estas disminuciones se deban, concretamente, al uso de dichos dispositivos. Quizá, dicen, es la simple presencia policial la que provoca esos efectos. "Tampoco está claro si o por qué las BWC crearían efectos disuasorios adicionales más allá de los de la presencia de agentes", apuntan.
Lo mismo sucede con el uso de la fuerza policial. Los resultados, en este sentido, también son mixtos. "Los hallazgos de este estudio no revelan una conclusión definitiva", apuntan los investigadores. Algunas investigaciones publicadas hasta la fecha han llegado a poner de manifiesto que en las unidades a cuyos miembros se les ha incorporado una cámara de estas características los casos de violencia policial han llegado a ser casi la mitad que en aquellas que en el mismo periodo desarrollaron sus funciones sin estos dispositivos. Sin embargo, en otros estudios la disminución no ha sido significativa. Y en algunos casos, incluso, se ha llegado a registrar un incremento importante a nivel estadístico en el uso de la fuerza. Es lo que sucedió al analizar, por ejemplo, el programa que se puso en marcha en Phoenix.
En este sentido, algunos expertos sospechan que estas diferencias pueden tener que ver con la discrecionalidad a la hora de poner a funcionar sus cámaras. Así, creen que a mayor discreción para encender el aparato, mayor tendencia a exhibir fuerza. Pero eso es, por ahora, solo una hipótesis, porque ninguno de los estudios examinados rastreaba la activación de los dispositivos.
Una activación que, en el caso español, será manual y corresponderá a los propios agentes dedicados a la seguridad ciudadana. Siempre y cuando, claro, la cámara corporal no esté asociada a otros dispositivos de dotación policial, como por ejemplo una pistola Taser. En ese caso, se empezará a grabar automáticamente en cuanto se desenfunde el arma.
Los agentes de Policía comienzan a llevar cámara en sus intervenciones
Ver más
La Policía Nacional ya ha elaborado un protocolo para el uso de los aparatos. El documento, adelantado por El Independiente, supedita la grabación a la existencia de un "peligro o evento concreto", debe contar con autorización de Delegación o Subdelegación del Gobierno y no podrá utilizarse en el interior de las viviendas como regla general.
Además, salvo que lo impida "la inmediatez de la situación de peligro o la concurrencia de circunstancias extraordinarias", tiene que informarse previamente a la persona que se pueda ver afectada. Y las imágenes, que siempre se descargarán al final del turno bajo la supervisión de un jefe, deberán destruirse en el plazo de tres meses a no ser que formen parte de las pruebas de una investigación.
Porque, más allá de que puedan o no influir en el comportamiento de ciudadanos o policías, el hecho de que se tomen imágenes sí que puede resultar clave a la hora de probar determinadas conductas por parte de agentes o ciudadanos. De hecho, un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Stockton, la Universidad Americana y la Universidad Estatal de Georgia, publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, pone de manifiesto que el uso de estos dispositivos por parte de la Policía de Chicago llevaron a una disminución de la desestimación de investigaciones por "evidencia insuficiente" y a un aumento significativo de las acciones disciplinarias contra oficiales de policía.
