Lo público protege a Europa del frío: los gobiernos ya han comprometido medio billón de euros en ayudas

Este fin de semana se cumplieron siete meses desde que comenzó la guerra en Ucrania, un shock que ha transformado Europa y ha dado la vuelta a las agendas de los gobiernos nacionales y Bruselas. Este conflicto ha derribado muros políticos y ha provocado que los 27 países trabajen más unidos que nunca, aunque también ha abierto brechas entre quienes apostaban por actuar rápido y a gran escala y quienes preferían no derribar dogmas y proponían ser más cautos. 

Sin embargo, a las puertas de octubre ya existe un consenso en la Unión Europea de que es indispensable intervenir el mercado eléctrico, redistribuir los beneficios empresariales y desviar ingentes cantidades de dinero público para proteger a los hogares. "El mercado ya no funciona (…). En estos tiempos, los beneficios deben repartirse y canalizarse hacia quienes más lo necesitan". Así lo resumió la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante su discurso del Estado de la Unión hace poco más de una semana. 

Desde Alemania hasta Países Bajos, pasando incluso por Reino Unido, todos los líderes han apostado este año por tratar de minimizar el impacto de la subida de precios en las familias, ya sea a través de cheques a ciudadanos vulnerables, rebajas de impuestos o ayudas a empresas.  

En total, los gobiernos de la Unión Europea han invertido 314.000 millones para suavizar la crisis energética, una cifra que roza los 500.000 millones si se incluye a Reino Unido. Estas cifras no son oficiales, sino que son un cálculo publicado la semana pasada por los economistas de Bruegel, un reputado centro de estudios belga. 

Para contextualizar, el plan de recuperación europeo del coronavirus (Next Generation EU) está dotado con 750.000 millones que se ejecutarán a lo largo de la década, mientras que las cifras de más arriba se han ejecutado y gastado en menos de un año. 

"La crisis energética, desde luego, ha sido un desafío político enorme porque nunca antes había existido un riesgo sobre el abastecimiento de gas y eso ha supuesto un cambio de paradigma en Europa", expone Diego Rodríguez, investigador de Fedea, un centro español de estudios económicos. 

El analista reconoce que la cifra calculada por Bruegel es muy sorprendente, aunque cree que podría estar algo abultada, ya que por ejemplo cifran el gasto público de España en 35.500 millones de euros, por lo que algunas partidas están mal calculadas. Por ejemplo, introducen como gasto público el mecanismo de tope del gas, que en realidad se financia con el extra que pagan los consumidores en la factura de la luz y en menor manera con la venta de electricidad a Francia. 

En todo caso, ese medio billón de euros sirve para aproximarse al coste que ha supuesto este shock en apenas medio año y es una muestra de cómo en situaciones de emergencia la cobertura pública se expande en el Viejo Continente, incluso entre los líderes conservadores. 

"Cuando hay que responder a una crisis rápidamente y a gran escala, muchas ideas que no se tenían en cuenta en el pasado pasan a cobrar sentido. A los economistas no nos suelen gustar las intervenciones de precios o la nacionalización de empresas, pero en una situación como esta no queda más remedio", opina Rodríguez. 

La medida más extendida en el continente ha sido la reducción del IVA energético, una rebaja directa en la factura que a priori supone reducir la recaudación en impuestos, aunque al ser más caro el recibo final de los hogares, este descuento se compensa.

España ha sido uno de los 23 países europeos que ha introducido esta medida y el IVA de la luz ha bajado este año del 10% al 5%. Además, el tributo especial eléctrico se ha recortado del 5,11% al 0,5% y han reducido el impuesto de generación, los cargos y los peajes de la factura.

José Carlos Romero coordina la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia, y ha estudiado en profundidad las consecuencias de las ayudas públicas en el ahorro de la luz. El experto afirma que rebajar el IVA es una medida conveniente en este momento, ya que todos los consumidores están sufriendo un encarecimiento brutal de sus facturas, aunque subraya que lo más efectivo es trabajar sobre los hogares con menos renta.  

"Es mucho más eficiente realizar transferencias directas a los hogares vulnerables que aplicar rebajas o reducción de impuestos generalizadas", explica el investigador, que celebra que se haya extendido en España el alcance del bono social eléctrico. Esta ayuda permite ahorrarse entre un 60% y un 70% en la factura a quienes tengan pocos ingresos o a familias numerosas. 

La polémica subvención de la gasolina 

Otra de las medidas con mayor acogida en el continente ha sido la ayuda a la compra de gasolina, el famoso descuento de unos céntimos por litro que ha sido muy contestado en las últimas semanas por el FMI, la OCDE o el Banco Central Europeo. Estos organismos repiten el argumento de José Carlos Romero con la bajada del IVA eléctrico, y consideran que es importante discriminar a los consumidores que pueden pagarse el combustible. 

"Siempre que sea posible, los gobiernos deben subvencionar directamente a las personas vulnerables mediante ayudas específicas, en lugar de subvencionar la energía en general", asegura Philip Gass, analista energético del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible. 

En el caso español, se bonifica con 20 céntimos a todo aquel que visitaba una gasolinera hasta final de año y el economista Josep Mestres, analista de CaixaBank Research, ha constatado que una de las consecuencias es que quien más gasolina compraba antes de la crisis, más combustible está comprando desde que entró en vigor el descuento. "Es decir, o son conductores que no pueden prescindir de ese gasto o tienen mayor capacidad adquisitiva para poder pagarlo". 

Además de las ayudas al pago de luz, gas y gasolina, los gobiernos europeos han introducido una lista interminable de ayudas. Cada país ha redactado medidas adaptadas a su mercado energético, como Francia y Reino Unido, que han legislado un tope al precio de la electricidad en las facturas para que estas no se disparen, y la diferencia la compensa el Estado. Mantener esta medida solo seis meses le va a costar a las arcas británicas casi 70.000 millones de euros, más que el rescate bancario español de 2012.

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En su cómputo astronómico de medio billón de euros, los economistas belgas detallan que en sus cálculos no se han incluido el coste de rescatar empresas energéticas que no han podido soportar en sus costes los nuevos precios del gas. Y al menos seis países de la Unión han tenido que prestar dinero o directamente comprar las compañías para evitar un colapso que deje sin energía a los hogares. El caso más sonado ha sido el de Alemania, que nacionalizó esta semana el gigante energético Uniper por 17.000 millones de euros. También Francia ha inyectado 10.000 millones a EDF, la eléctrica semipública.

Para pagar todo esto y lo que está por venir, los gobiernos europeos han recaudado estos meses más impuestos que nunca a través del IVA gracias a la inflación. La Hacienda española ha ingresado en los seis primeros meses del año 16.534 millones más que en 2021, pero con un gasto público de esta magnitud, la Comisión Europea quiere introducir nuevos tributos o figuras similares para extraer de las grandes empresas parte de sus beneficios e ingresos extraordinarios. 

Los ministros de Energía de los 27 países se reúnen el próximo viernes para negociar esta cuestión e introducir un mecanismo temporal para el conjunto de la Unión. Aun así, los analistas de Bruegel han contabilizado hasta nueve países en toda Europa que ya han introducido leyes o están a punto de hacerlo encaminadas a aumentar la recaudación de las grandes energéticas, como es el caso de España.