Sánchez cambiará el delito de sedición por uno de “desórdenes públicos agravados” con penas menores

Un paso adelante. El PSOE y Unidas Podemos presentarán este viernes la reforma del delito de sedición, que supondrá una rebaja de las penas y que pasará a denominarse delito por “desórdenes públicos agravados”. De esta manera, Pedro Sánchez cumple con la promesa que hizo durante su discurso de investidura y que ha sido la excusa del PP para no renovar el Consejo General del Poder Judicial.

El presidente del Gobierno anunció la presentación de esta reforma durante una entrevista con Antonio García Ferreras en laSexta. Su idea es homologar este delito a tipos similares en países del entorno europeo como Francia, Alemania y Suiza. Lo que no precisó es cuántos años tendrán esas penas.

Actualmente en el Código Penal español la sedición está penada con hasta quince años para cargos públicos en España, con el planteamiento ahora del Gobierno de reducirla y rondar sobre los seis años. En cambio, en otros países europeos ronda los seis años.

Lo que dejó claro Sánchez es que esta reforma no supone una amnistía como ha pedido durante estos años el independentismo, sino que es un “paso adelante” para la homologación con Europa. El delito de sedición en España, como recordó Sánchez, data de 1822, cuando en el país había alzamientos militares. “Hoy pertenecemos a un espacio de libertad, de derechos civiles”, sostuvo el jefe del Ejecutivo, subrayando que en Alemania, por ejemplo, se eliminó este tipo penal en 1970.

No afecta a Puigdemont

Además, el presidente negó que esta reforma pueda afectar a los líderes independentistas que huyeron de España. Carles Puigdemont “tendrá que rendir cuentas”, aseveró. En defensa de esta reforma, ahondó: “¿Preferimos la Cataluña de 2017 o la de 2022? “Para mí es de cajón”. “La principal tarea que tiene un gobernante es construir convivencia, y estamos construyendo convivencia”, apostilló el jefe del Ejecutivo, invitando a todos a darse ahora un paseo por Cataluña para ver cómo está hoy.

Este problema, describió Sánchez, lo heredó de su antecesor en La Moncloa, Mariano Rajoy, recordando que él apoyó la aplicación del artículo 155 en Cataluña, a pesar del desgarro que supuso dentro del PSOE en esos momentos. Además, opinó, sin reproches, que él cree que se debería haber hecho efectivo en el momento en el que el Parlament aprobó las leyes de desconexión en septiembre de 2017.

El presidente del Gobierno insistió en que, en cambio, ahora se cumple la legalidad democrática en Cataluña y que el 52% de los catalanes está a favor de permanecer en España, según el último estudio del CEO. Además, si en 2017 la independencia de Cataluña era el segundo problema para los españoles, ahora ocupa el puesto 41, según los datos del CIS.

El PP salta duramente

Tras conocerse la noticia, el PP ha cargado de manera muy dura contra Sánchez: "El presidente del Gobierno ha confirmado hoy que el Código Penal de nuestro país es la moneda de cambio con el independentismo para facilitar su permanencia en el Palacio de la Moncloa un año más".

"Las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC por la conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la Constitución ni el Estado de Derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político, y menos a las de aquellos que se levantaron contra nuestra nación. En ningún país europeo se tocaría el delito de sedición de la mano de los sediciosos", sostuvieron fuentes de Génova 13.

Para la dirección del PP, algún día "habrá entendimiento entre las dos grandes fuerzas de España. Pero será con este PP y otro PSOE. Uno en el que no esté un Pedro Sánchez que hoy ha humillado a una nación que merece un Gobierno más digno del que hoy padece, y un nuevo proyecto que garantice mayor calidad democrática". Y proclamó: "El centro político y la moderación ya no tienen espacio en el Gobierno de España, y nuestra nación merece un Gobierno centrado y a la altura de un gran país. Y hoy no lo tiene".

ERC: "Un paso indispensable"

En cambio, Esquerra Republicana recibió la noticia como un "paso indispensable", según lo definió el president del Govern, Pere Aragonés. En un mensaje en Twitter añadió que continuarán trabajando para acabar "completamente con la represión y poder votar en un referéndum" para resolver "el conflicto politico". Fuentes del partido republicano completaron: "La eliminación de la sedición es un gran paso adelante [,,,] No hubiera sido posible sin la negociación política entre ambos gobiernos, y no hubiera sido posible sin la apuesta de Esquerra Republicana por la vía negociada para acabar con la represión".

Los socios de la coalición también mostraron su apoyo a la medida. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirmó: "Este Gobierno cumple lo que dice y lo va a hacer con la modernización del Código Penal y la reforma del delito de sedición. Nuestro país avanzará en la dirección de otras democracias europeas. Es bueno para España y para Cataluña". Por parte de los comunes, Jaume Asens valoró: "Por fin se presenta la derogación del delito de sedición. Lo hemos peleado desde el inicio de mandato. Gana el derecho a protesta, los colectivos sociales y la desjudicialización del conflicto territorial. Gana la democracia".

El tablero diferente en Cataluña

El anuncio de Sánchez llega en un momento en el que el independentismo ha consumado su fractura con la salida de Junts del Govern de coalición, dejando a una ERC en solitario en el Palau de la Generalitat. Esta ruptura ha supuesto, como han reconocido muchos independentistas, el entierro del procés una década después.

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Los republicanos, capitaneados por Pere Aragonès, han hecho una apuesta por la vía del diálogo, abandonando la unilateralidad (que todavía defiende la parte dominante de Junts). El tablero político ha cambiado por completo, con ERC abriéndose ahora a pactar los presupuestos con el PSC, algo impensable hace unos meses.

Además, el PSC se ha convertido en la primera fuerza en Cataluña, a pesar de no gobernar, gracias al efecto Illa y a calar su mensaje de tender puentes. De hecho, las encuestas auguran que crecerían en apoyos si hoy hubiera elecciones autonómicas, además de que los socialistas serían la primera fuerza en las generales del año que viene. Esta comunidad se está convirtiendo en el gran granero de votos para Sánchez de cara al nuevo ciclo en las urnas.

Esta reforma del delito también se produce en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado, en la que el Gobierno necesita a los republicanos para sacar adelante la ley con la que se blinda hasta el final de la legislatura. Este escenario sí abre dudas entre algunas federaciones socialistas a seis meses de que haya comicios autonómicos y locales.